¿Pedófilo en la Federal 4?

¡Sí hubo protección!

Por: Susana Gamboa Salazar

Segunda Parte.

En la nota anterior se estableció que el presunto pedófilo y pederasta G.J.S.L. fue recientemente reincorporado como maestro, para este año escolar, en la escuela secundaria federal No. 4 “José Vasconcelos”, pese a que hace aproximadamente tres años fue separado de su cargo por presuntos delitos y abusos sexuales cometidos en contra de alumnos de ese plantel y a que desde el 23 de enero de 2024 posee tres sendas denuncias abiertas por dichos hechos: la 002139/2024, que se encuentra en la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Niñas, Niños y Adolescentes; la misma 002139/2024 que, además, se derivó a la diversa Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Sexuales; y la 2253/2024, que también se encuentra en esta última unidad, todas de la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, lo más grave es que tanto el Subsecretario de Educación Básica, Jaime Vázquez Barceló, como la Coordinadora Emily Barahona Pereira, conocían perfectamente bien los hechos que dieron origen a la separación del cargo de G.J..S.L., porque el primero era Supervisor de Zona y la segunda directora de ese plantel, pero al ascender ambos de puestos esto cambió radicalmente y “olvidaron” ese pequeño detalle, regresándolo al mismo lugar donde probablemente delinquió, poniendo en peligro la integridad de los alumnos de ese plantel.

Según informaciones que dieron a Sol Yucatán, la Segey de Juan Balam Várguez es una mafia que trata de esconder todos sus sucios enjuagues, por decir lo menos, pero en ocasiones les revientan en plena cara, como en este caso.

Nadie en esa Secretaría está preocupado por el bienestar de los alumnos; muy por el contrario, protegen delincuentes y rebosan corrupción y, por eso, son penal y directamente corresponsables de lo que pueda ocurrirle a cualquier alumno de la escuela secundaria federal No. 4 o de otras escuelas a donde, según nos informan, con todo cinismo han reincorporado a otros presuntos pedófilos y pederastas.

Desde el secretario de Educación hasta el director jurídico, pasando sobre todo por el profesor Jaime Vázquez Barceló, hoy flamante Subsecretario de Educación Básica, y por la maestra Emily Barahona Pereira, hoy, casualmente, coordinadora de esa subsecretaría, todos estaban bien informados de lo que había sucedido en esa secundaria, pues cuando se sucedieron los presuntos delitos, Vázquez Barceló era ni más ni menos que el supervisor de esa zona y Emily Barahona Pereira era la directora del plantel, razón por la cual, siendo su superior jerárquico, forzosamente tuvo que hacerlo de su conocimiento, máxime que ella activó el “Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación en Casos de Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar y Maltrato”, separando de su cargo a G.J.S.L.

En opinión de nuestros informantes, existe responsabilidad penal conjunta porque el oficio de reincorporación de G.J.S.L. obligadamente pasó por la Subsecretaría de Vázquez Barceló para su firma y, siendo que Emily Barahona labora en el mismo lugar, entonces ambos estaban conscientes de que dicho docente había sido separado de su cargo por presuntos delitos graves en contra de los alumnos y que, además, había sido denunciado y que tiene tres carpetas de investigación abiertas.

Entonces, ¿cómo es posible tanta corrupción, irresponsabilidad y protección para que haya sido reintegrado, aun sabiéndolo y poniendo en riesgo al estudiantado? ¿Por qué no se inició un procedimiento administrativo para cesarlo o inhabilitarlo y, muy por el contrario, lo tuvieron trabajando como personal administrativo en la Segey? No solo antes con Liborio Vidal Aguilar, sino con este actual régimen, cuando todos sabían que es un presunto delincuente de delitos graves. ¡Es lo que tiene a los padres de familia muy molestos!

Pero, además, y por si fuera poco, también se encuentra involucrado el Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Moisés Radamés Ceballos Espinosa, porque para reincorporar a G.J.S.L. tuvo forzosamente que haber firmado la autorización y emitido un dictamen de procedencia legal, avalando que el docente ya no contaba con impedimento jurídico para volver a un aula.

Sin embargo, al estar abiertas las carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado, es indicatorio que dejó de cumplir con la normatividad legal que estipula que, para la reincorporación de un maestro cuando haya sido separado de su cargo por presuntos delitos graves, se requiere necesariamente de resoluciones legales definitivas y de estrictas validaciones, siendo indispensable que se determine la inocencia del presunto o el no ejercicio de la acción penal. Es el jurídico quien tiene la facultad y la responsabilidad de revisar que exista una sentencia absolutoria y, según informaciones que le dieron a Sol Yucatán, esto no ha ocurrido.

Pero, pese a todo, los padres de familia esperan que la actual directora de la secundaria, la profesora Angélica Molas Ayora, quien ya ha sido debidamente informada, tome cartas en el asunto y vuelva a activar el protocolo para poner a salvo a los alumnos o, de lo contrario, los padres convocarán a una manifestación para protestar por el regreso de este presunto delincuente a las aulas.

Que, por esta imperdonable reincorporación, les resulta una irónica burla que el 8 de septiembre se lleve a cabo, en los planteles de educación básica, la Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil en todo México, siendo que en la Secretaría de Educación de Yucatán no solo protegen a los presuntos delincuentes sin cesarlos ni inhabilitarlos, sino que, además, los regresan a las aulas a seguir depredando menores, sabedores de que no tendrán castigo alguno. ¡Así las cosas en este nefasto régimen!