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Patrocinados por el narco
- Células de la delincuencia organizada se infiltraron en los municipios a través del financiamiento de campañas electorales en Kanasín, Progreso, Chemax y Tekax, centros medulares de sus operaciones. Las campañas políticas más costosas de la historia.
- Detectados 15 municipios que habrían recibido financiamiento por parte de células dedicadas al tráfico de drogas, comercio sexual y huachicol. Seis municipios gobernados por el PAN y nueve por Morena. Se gastaron más de 2 mil millones de pesos
- De acuerdo a los datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en Yucatán habría más de 2 mil narcotienditas, distribuidas a lo largo de los 106 municipios.
Redacción/Sol Yucatán
Durante años, Yucatán fue presentado como una de las entidades más seguras del país, al grado de ser considerado como un oasis en medio de un país envuelto en su inseguridad.
Ahora la situación es diferente, debido a la infiltración del crimen organizado en la policía y en las campañas municipales y estatales y el aumento de estructuras dedicadas al narcomenudeo.
De acuerdo a los datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la entidad habría más de 2 mil narcotienditas, distribuidas a lo largo de los 106 municipios de Yucatán, es decir, desde Mérida, que es la capital de Yucatán con más de 1 millón de habitantes, hasta Quintana Roo, con apenas mil habitantes.
Operan esta red de distribución, que trabaja con la protección de las propias autoridades.
En la elección del 2024, el narco se infiltró en las campañas políticas de Yucatán.
Células de la delincuencia organizada fueron patrocinadoras de campañas, por lo cual de manera histórica la entidad registró las campañas políticas más costosas de la historia y no solo de organización.
Se estima que durante la elección de ese año se gastaron más de 2 mil millones de pesos entre las diferentes fuerzas políticas que contendieron por puestos de elección popular, desde alcaldías, diputaciones locales, diputaciones federales, senadores, gobernador y presidente de la república.
Parte de esos recursos habría sido inyectada por células de la delincuencia organizada.
Se detectaron 15 municipios donde se presume que hubo financiamiento por parte de células de la delincuencia organizada.
De acuerdo con las investigaciones de Sol Yucatán, los municipios donde se registraron las narco-campañas municipales fueron Kanasín, Progreso, Conkal, Umán, Chemax, Temax, Ticul, Panabá, Buctzotz, Seyé, Tekax, Dzilam Bravo, Celestún, Telchac Puerto y Hunucmá.
Seis municipios gobernados por el Partido Acción Nacional y nueve por Morena, aunque los de mayor población están gobernados por el PAN.
Los candidatos habrían recibido dinero para el financiamiento de su campaña.
Especialistas en seguridad y antecedentes nacionales muestran que los grupos criminales suelen buscar influencia en gobiernos municipales para garantizar protección, expansión territorial y control de economías ilegales.
Esta situación coincide con el aumento de operaciones de grupos criminales en la entidad, donde, según la propia Sedena, tiene identificadas a siete células operando: Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco, Caborca, Cártel del Golfo, Cártel Independiente de Acapulco, Cártel Milenio y Cártel de la Costa.
Asimismo, se registra un sospechoso incremento en delitos de narcomenudeo.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que Yucatán registró cifras históricas de denuncias por narcomenudeo, registrando un aumento del 70%.
El crecimiento del narcomenudeo suele ser uno de los primeros síntomas de expansión criminal en estados considerados “tranquilos”, como ocurrió en Colima y Guanajuato, que gozaban de tranquilidad y hoy atraviesan un clima de inseguridad.
Aunque Yucatán todavía no vive los niveles de violencia de entidades como Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas o Quintana Roo, el incremento del narcomenudeo y la aparición de más células generan preocupación y se ve reflejada en la percepción de inseguridad que, de acuerdo al INEGI, es del 39%.
La principal amenaza para Yucatán no sería únicamente el aumento de la violencia visible, sino la normalización gradual de estructuras criminales dentro de la vida política y económica municipal.
El modelo observado en otros estados suele comenzar con expansión del narcomenudeo.
Infiltración de policías municipales, financiamiento ilegal de campañas, protección política, control territorial, incremento de homicidios y extorsiones.
Municipios como Kanasín, Celestún, Panabá, Buctzotz, Progreso y Mérida registran alta actividad delincuencial, ligada a las células de la delincuencia organizada.
Se vincula al comandante Emilio Zacarías Laines como una de las piezas claves en la protección municipal de las operaciones, debido a que es la persona que controla todo el aparato de seguridad a través de la policía peninsular.
El alcalde de Kanasín, Edwin Bojórquez Ramírez, cobra gran relevancia, debido a que gobierna el segundo municipio con mayor población de Yucatán y es donde se han asentado diversas células y desde donde realizan el trasiego de drogas a Quintana Roo y al extranjero.
Se le vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Además de tener el control de su municipio, es el presidente de la asociación de alcaldes panistas de Yucatán, lo que le da mayor influencia.
En el 2027, será diputado por el PAN y su esposa será quien se postule y lo más seguro es que gane la alcaldía de ese municipio.
De acuerdo con una investigación del orden federal, filtrada a Sol Yucatán, el edil panista habría recibido fuertes cantidades de dinero por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El dinero habría sido entregado en efectivo entre los meses de enero a mayo del 2024, que corresponden a la última etapa de la campaña.
La alcaldesa de Conkal, Linda Pérez Quijano, municipio conurbado con Mérida, que registra los más altos niveles de dinamismo poblacional, es otra de las ediles que habría recibido dinero del narco para financiar su campaña.
La edil, panista, había sido señalada por los vínculos con Fernando R. C., alias “jefe o patrón”, un importante distribuidor de drogas ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, detenido el año pasado en Xcuyun, comisaría de Conkal.
Se señala al “Patrón” como la persona que inyectó dinero a la campaña de la ahora edil y a cambio recibía protección por parte de la Policía Municipal y se le daban las facilidades para la distribución de droga en el municipio.
Umán, gobernado por Kenia Waldina Sauri Maradiaga, es otra de las ediles que se encuentran en la lista de haber recibido financiamiento, sin embargo, este habría sido por parte de grupos huachicoleros.
El municipio junto con Seyé es conocido como uno de los puntos donde los huachicoleros operan bodegas para el almacenamiento y posterior distribución de combustible robado.
Progreso, considerado como municipio clave para las operaciones ilícitas, también aparece en la lista de municipios que habrían recibido recursos de procedencia ilícita.
Aparecen los nombres del actual alcalde panista Erik Rihani González y del candidato morenista Raúl Alvarado Naal, ambos habrían recibido recursos presuntamente ligados a células de la delincuencia.
De acuerdo con las propias autoridades, el puerto de Progreso es la puerta de salida de drogas hacia el extranjero, además de que en el municipio tienen presencia cuatro de las siete organizaciones que operan en el estado.
Chemax es uno de los municipios claves, no solo para el trasiego de drogas, sino también para el comercio sexual controlado por estos grupos.
El actual alcalde Ricardo Balam Chi habría sido apoyado financieramente por células ligadas al Cártel de Sinaloa, agrupación que mantiene el control de la zona oriente de Yucatán.
Hunucmá y Celestún son claves para estos grupos por su crecimiento inmobiliario y turístico de Yucatán.
Por su parte, Tekax es de gran importancia, debido a que es el nuevo corredor de drogas de Yucatán hacia Quintana Roo.
