PARA LA PRENSA, YUCATÁN NO ES COMO LO DIBUJAN

Las agresiones a periodistas para el primer semestre del año pasado alcanzaron para situar a Yucatán en el segundo lugar nacional, solamente debajo de la Ciudad de México y empatado con Michoacán.

En México, la libertad de prensa ha estado bajo amenaza durante mucho tiempo, en la década de 1960 el gobierno mexicano implementó una política de control y represión a los comunicadores para mantener su poder
Por Santiago Alamilla Bazán

México ha sido históricamente un país peligroso para el ejercicio de la profesión. Según la organización Reporteros Sin Fronteras, nuestro país es uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con un nivel de peligro similar al de países con economías mucho más pequeñas como Siria, Afganistán y Yemen. México para 2022 mejoró su ranking en esta organización al pasar del lugar 143 al 127 entre 180 países, sin embargo aún se consideran insuficientes las acciones desde la esfera gubernamental para detener esta violencia contra los hombres y mujeres de la prensa. De acuerdo con la organización Article 19, desde el año 2000 se han registrado 157 casos de periodistas asesinados, 145 de ellos hombres y 12 mujeres.

Los asesinatos son la expresión más violenta y visible de las agresiones a periodistas, pero estos casos que resultan en efectos fatales, no son los únicos; además de éstos también se registran centenares de ataques de diferentes tipos que van, desde las amenaza, hasta las agresiones físicas, pasando por los secuestros exprés, y que de acuerdo con su informe para el primer semestre de 2020 y 2021, Article 19 documenta 680 casos de violencia contra los profesionales de la información.

En México, la libertad de prensa ha estado bajo amenaza durante mucho tiempo, en la década de 1960 el gobierno mexicano implementó una política de control y represión a los comunicadores para mantener su poder. Para década de los 70, la situación empeoró cuando el gobierno se hizo dueño de los medios de comunicación para controlar su contenido. Durante la década de 1980, el gobierno se aperturó nuevamente a permitir la propiedad privada de medios de comunicación, pero aún siguió ejerciendo un control indirecto sobre ellos, incluso al grado de no vender papel para impedir la impresión de algunos periódicos que le resultaban incómodos.

En los años de 1990 a 2000, el gobierno mexicano comenzó a implementar políticas más integrales de apertura y democratización, lo que resultó en la eliminación de algunas restricciones a la libertad de prensa. Sin embargo, estas políticas no tuvieron un impacto significativo ya que la situación siguió siendo difícil para los periodistas debido a la impunidad en los casos de violencia contra ellos y la falta de medidas efectivas para proteger su seguridad.

De acuerdo con informes de organizaciones no gubernamentales, los periodistas enfrentan una gran cantidad de peligros y amenazas en su trabajo diario. La violencia contra ellos ha aumentado drásticamente en los últimos años, y la mayoría de estos ataques en su contra no son investigados y menos aún resueltos, lo que ha generado una sensación de impunidad.

Esto ha llevado a que muchos periodistas se autocensuren por temor a ser atacados o asesinados, y lo peor, que sus familias queden en el desamparo o sujetas a suerte similar. Como resultado, la libertad de prensa y el derecho a la información están siendo gravemente vulnerados en México, ya no tanto por las restricciones y la censura de años anteriores, sino por toda la problemática adjetiva a la que están expuestos.

Las causas de estos ataques a periodistas son complejas y variadas. En algunos casos son perpetrados por grupos criminales que buscan silenciar la cobertura de temas delicados como el narcotráfico y la corrupción. En otros casos, los ataques son llevados a cabo por funcionarios públicos que buscan evitar la cobertura de temas incómodos para el gobierno. De acuerdo con el reporte del primer semestre de 2022 emitido por Article 19, el 3.31 por ciento de los ataques provinieron del crimen organizado, y el 52.48% fueron perpetrados por personas ligadas a los diferentes entes de gobierno y partidos políticos.

Las causas que provocan este efecto, el de la agresión y la intimidación; están relacionadas con la violencia generalizada en el país, la corrupción y la impunidad. Los grupos criminales se coordinan con las autoridades locales y estatales, debido a que a menudo trabajan juntos para la comisión de delitos, situación que pudo documentarse ampliamente quedando expuesta con la filtración de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, conocida como “Guacamaya Leaks”.

Esta unión entre grupos delictivos y quienes son los encargados de contenerlos hace que sea difícil para los periodistas investigar y denunciar los casos de corrupción que documentan durante su ejercicio profesional, y por los que eventualmente son blanco de violaciones contra su integridad física.

Además, un gran número de periodistas que han sido víctimas de ataques y amenazas, no confían en las autoridades para denunciar estos actos debido a la falta de resultados en la investigación y enjuiciamiento de los responsables. En muchos casos, los agresores no son identificados ni procesados, lo que fortalece la percepción de impunidad y envía un mensaje a la población de que los ataques a periodistas son tolerados y aceptados.

Según datos de Artícle 19, el 98% de los casos de agresiones a periodistas en el país no son resueltos por las autoridades, esto significa que los responsables de estos ataques no son identificados ni castigados, lo que perpetúa la impunidad y fomenta la repetición de estos delitos.

Seguramente nos costará trabajo creerlo, pero en nuestro estado, aunque a veces quieren compararlo con una especie de país de las maravillas, las agresiones a periodistas para el primer semestre del año pasado alcanzaron para situar a Yucatán en el segundo lugar nacional, solamente debajo de la Ciudad de México, y empatado con Michoacán. No somos el oasis de paz que nos quieren hacer creer, solamente nos pretenden esconder la realidad, silenciando a la prensa libre.