Nuevo mapa del poder notarial

• La entrega de nuevas notarías por parte del gobernador no solo modifica el equilibrio interno del notariado estatal, también abre paso a una nueva configuración de poder donde los intereses inmobiliarios y el control jurídico del territorio empiezan a caminar de la mano.

• Carlos Leopoldo Canto Castro, recién beneficiado con una patente notarial, ha construido durante más de dos décadas una red de empresas dedicadas a urbanización, fraccionamientos y desarrollo inmobiliario en Mérida y otras zonas del estado.

• La investigación identifica sociedades mercantiles enfocadas en construcción, comercialización de terrenos, fideicomisos y proyectos habitacionales, así como un entramado empresarial con capacidad económica que podría superar los 77 millones de pesos.

Redacción/Sol Yucatán

Carlos Leopoldo Canto Castro emerge como uno de los nuevos operadores del poder territorial y notarial en Yucatán, justo en el momento en que el gobierno de Joaquín Díaz Mena reconfigura el mapa del notariado estatal mediante la entrega de nuevas patentes a perfiles ligados al ámbito jurídico, empresarial e inmobiliario.

Su llegada al notariado no ocurre desde el anonimato ni desde una trayectoria exclusivamente jurídica. Detrás del nuevo fedatario existe una extensa red de empresas relacionadas con urbanización, construcción, comercialización de terrenos y desarrollo de fraccionamientos en Mérida y otras zonas del estado. Documentos del Registro Público de Comercio muestran que su participación empresarial en el sector inmobiliario se remonta por lo menos al año 2001, cuando todavía aparecía como estudiante dentro de una estructura mercantil familiar.

Ese año fue constituida la empresa AUTOLAB ASESORES S.A. de C.V., donde aparecen como accionistas José María Canto Chac, José Leopoldo Canto Castro y Carlos Leopoldo Canto Castro. Aunque el objeto social de la compañía era amplio, desde entonces ya incluía actividades relacionadas con construcción, conjuntos inmobiliarios, adquisición de inmuebles y fraccionamientos.

Con el paso de los años, la participación de Canto Castro dentro del sector inmobiliario dejó de ser secundaria. Entre 2007 y 2008 comenzó a consolidarse una red empresarial especializada específicamente en urbanización y desarrollo territorial.

En junio de 2007 fue creada Asesoría en Desarrollos Inmobiliarios S. de R.L. de C.V., una sociedad enfocada directamente en el negocio de complejos habitacionales, fraccionamientos, condominios, fideicomisos inmobiliarios y comercialización de bienes inmuebles. Los socios fueron José de la Cruz Centeno Ávila y Carlos Leopoldo Canto Castro, quien además quedó como gerente y representante legal de la empresa.

Ese mismo año apareció una segunda empresa prácticamente con el mismo modelo de negocios: Proyectos de Urbanización Integrales S. de R.L. de C.V. Nuevamente se repiten los nombres de José de la Cruz Centeno Ávila y Carlos Leopoldo Canto Castro como socios principales.

La compañía fue creada para desarrollar fraccionamientos, construir complejos inmobiliarios, administrar terrenos y participar en operaciones de financiamiento relacionadas con urbanización.

La coincidencia de socios, objetos sociales y facultades administrativas revela un patrón constante: empresas estructuradas específicamente para operar en el mercado inmobiliario yucateco. En ambos casos, Canto Castro quedó al frente de la administración y representación legal, con facultades para manejar bienes, abrir cuentas bancarias, otorgar poderes y representar jurídicamente a las sociedades.

Meses después apareció una tercera pieza del entramado: CS Asesoría Inmobiliaria S. de R.L., constituida en diciembre de 2007. La sociedad fue creada para compra y venta de terrenos, urbanización, construcción de desarrollos habitacionales y fideicomisos inmobiliarios. En esta ocasión, el socio de Canto Castro fue Enrique Lorenzo Salazar Durán, aunque nuevamente el nuevo fedatario quedó como parte del consejo de gerentes y representante legal de la compañía.

La repetición del mismo esquema empresarial en apenas un par de años muestra que no se trataba de inversiones aisladas, sino de una estructura corporativa organizada alrededor del negocio territorial y urbano.

La expansión continuó durante la siguiente década. En 2015, una de las empresas vinculadas al grupo otorgó poderes amplísimos para actos de dominio, administración, manejo bancario y representación legal a José Manuel Nieva Sánchez. Ese tipo de poderes suele utilizarse en operaciones inmobiliarias que requieren movilidad corporativa y administración territorial de proyectos o activos.

Pero la estructura empresarial dio un nuevo salto en 2020 con la creación de Inmobiliaria Petz Balam S.A. de C.V., probablemente la sociedad más robusta detectada hasta ahora dentro del círculo empresarial de Canto Castro.

La empresa fue constituida para participar en urbanización, construcción de desarrollos habitacionales, fraccionamientos, condominios, vialidades, infraestructura y proyectos inmobiliarios integrales. Entre sus accionistas aparecen Marcel Alphonse Ruiz, José Omar Novelo Baeza, María Teresa Medina Rivero, Laura Angélica Godínez Guevara y el propio Carlos Leopoldo Canto Castro, quien quedó como tesorero de la compañía.

El alcance de las facultades corporativas de Petz Balam resulta especialmente significativo porque permite a la sociedad participar en licitaciones públicas y privadas, administrar fideicomisos, desarrollar vialidades y ejecutar proyectos integrales de urbanización.

La revisión de las distintas sociedades revela un patrón que se repite a lo largo de más de veinte años: empresas creadas específicamente para operar en el negocio de la tierra, la urbanización y los desarrollos habitacionales. Aunque públicamente no aparece un solo fraccionamiento identificado con el nombre de estas razones sociales, los objetos mercantiles muestran con claridad que las compañías fueron diseñadas para construir y comercializar proyectos inmobiliarios en Yucatán.

La dimensión económica del entramado tampoco es menor. Considerando estructuras corporativas, activos inmobiliarios potenciales, operaciones de urbanización y reservas territoriales asociadas a las empresas revisadas, el círculo empresarial ligado al nuevo notario podría superar los 77 millones de pesos en valor inmobiliario y patrimonial.

Todo esto ocurre justo cuando el gobernador Joaquín Díaz Mena redefine el mapa político del notariado yucateco. En Yucatán, las notarías son concesiones otorgadas directamente por el Poder Ejecutivo estatal y representan uno de los instrumentos jurídicos y económicos más importantes dentro del aparato gubernamental.

Los notarios no solo validan operaciones legales: también tienen participación estratégica en compraventas, fideicomisos, desarrollos urbanos, movimientos patrimoniales y constitución de empresas.

Por ello, la llegada de perfiles con fuerte presencia en el negocio inmobiliario comienza a llamar la atención dentro de los círculos políticos y empresariales del estado.

Hasta ahora no existe acusación judicial alguna contra Carlos Leopoldo Canto Castro ni procedimientos públicos relacionados con las empresas detectadas. Sin embargo, los documentos oficiales sí muestran una relación directa y prolongada entre el nuevo fedatario y un entramado empresarial construido alrededor del desarrollo territorial y la urbanización en Yucatán. La historia también refleja cómo el crecimiento urbano de Mérida y otras zonas del estado ha ido acompañado por una generación de empresarios que hoy comienza a ocupar posiciones estratégicas dentro del aparato jurídico y notarial. La entrega de nuevas notarías por parte del gobierno de Joaquín Díaz Mena no solo modifica el equilibrio interno del notariado estatal, sino que también abre paso a una nueva configuración de poder donde los intereses inmobiliarios y el control jurídico del territorio empiezan a caminar de la mano.