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Moche de 10 MDP en salud
- La Secretaría de Salud estaría ante un nuevo escándalo de presunta corrupción, debido a que se cobrarían cuotas de 10 millones de pesos para ingresar a la lista selecta de proveedores.
Redacción/Sol Yucatán
La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), encabezada por Miguel Alberto Alcocer Gamboa, estaría involucrada en un nuevo escándalo de presunta corrupción, luego de que empresarios denunciaran la supuesta exigencia de una cuota de 10 millones de pesos para tener acceso a contratos millonarios con la dependencia estatal.
De acuerdo con investigaciones de Sol Yucatán y testimonios de personas que aseguran haberse visto afectadas, las empresas interesadas en participar en las operaciones comerciales de la dependencia tendrían que cubrir un pago de 10 millones de pesos, bajo el concepto de cuota, moche o incluso una especie de fianza que, según los señalamientos, tendría carácter de no reembolsable.
Las acusaciones apuntan directamente al titular de Salud, Miguel Alberto Alcocer Gamboa, con quien presuntamente se realizarían las negociaciones. El dinero, según las versiones recabadas, sería entregado en efectivo, fuera de los mecanismos institucionales de contratación.
Sin embargo, detrás de esta presunta estructura de cobros estaría Mario Millet Encalada, a quien los señalamientos identifican como uno de los personajes que controlaría la operación interna de la Secretaría de Salud y que tendría influencia sobre las decisiones relacionadas con las contrataciones.
En otras palabras, los 10 millones de pesos representarían la supuesta cuota de entrada para incorporarse al círculo de proveedores favorecidos por esta estructura.
Algunos empresarios que aseguran haber cumplido con el pago exigido, pero que hasta ahora no habrían recibido los contratos prometidos.
En otros casos, los montos de contratación habrían resultado considerablemente inferiores a los que supuestamente se acordaron durante las negociaciones.
Esta situación habría provocado reclamos y tensiones entre los empresarios y quienes presuntamente intervienen en las operaciones, pues después de desembolsar cantidades millonarias no existiría correspondencia entre el dinero entregado y los beneficios comerciales ofrecidos.
Los señalamientos contra la Secretaría de Salud no serían un caso aislado dentro de las presuntas prácticas de cobro a bares, restaurantes y establecimientos vinculados con el llamado giro negro, así como negocios dedicados a la venta de alimentos.
Donde se les pide cuotas de entre los 10 mil y los 50 mil pesos mensuales, dependiendo del establecimiento y de su actividad comercial.
