MITZA defrauda 39 MDP al SAT

Un presunto esquema de ventas sin factura, millonario manejo de efectivo, cuentas satélite y registros en un software interno ajeno al sistema formal. Hasta 100 millones de pesos anuales en efectivo con registros paralelos.

Los recursos en efectivo habrían sido utilizados para adquirir terrenos, combustible, yates y otros bienes, sin que esas operaciones fueran necesariamente facturadas.

El Servicio de Administración Tributaria comenzó a requerir información a Mitza correspondiente al periodo comprendido desde 2021 hasta la fecha.

Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán

Detrás de la imagen de empresa socialmente responsable que durante años ha proyectado Mitza, ex trabajadores describen un funcionamiento interno muy distinto: ventas de materiales sin factura, cobros millonarios en efectivo, registros mediante un software interno ajeno al sistema contable formal y presuntas cuentas utilizadas para mover recursos que no quedarían reflejados de manera transparente ante las autoridades fiscales.

Los señalamientos no hablan de pequeñas cantidades.

De acuerdo con testimonios recabados por Sol Yucatán, uno de los testimonios asegura que llegó a manejar hasta 100 millones de pesos al año en efectivo, mientras otros vendedores realizaban movimientos similares.

El testimonio sostiene que el problema se concentraba particularmente en las ventas de productos como cal y otros materiales para tiendas del ramo de la construcción, donde determinados clientes realizaban pagos periódicos en efectivo y posteriormente esos recursos eran entregados en las oficinas de la empresa sin que, según la versión aportada, existiera un recibo que acreditara la recepción del dinero.

La información proporcionada también apunta a la existencia de un sistema interno de registro, independiente del software formal utilizado por la compañía, donde se anotaban nombres de clientes y cantidades entregadas semanalmente.

En la información entregada a este medio se describen además presuntas cuentas bancarias satélite utilizadas para depositar parte del dinero en efectivo.

La acusación adquiere otra dimensión porque, de acuerdo con el material recabado, el dinero no necesariamente habría permanecido dentro del circuito de ventas. La información señala que recursos en efectivo habrían sido utilizados para adquirir terrenos, combustible, yates y otros bienes, sin que esas operaciones fueran necesariamente facturadas.

Registros y anotaciones forman parte de la documentación que, según el denunciante, demostraría un manejo paralelo de determinadas ventas.
La mecánica descrita resulta sencilla, pero de comprobarse tendría implicaciones importantes.

Los vendedores acudían con clientes, recibían el dinero y posteriormente lo llevaban a las oficinas de la empresa. En algunos casos, los compradores firmaban de recibido; en otros, no existía documento alguno que acreditara formalmente la entrega.

Extrabajadores habrían terminado en conflicto posteriormente con la compañía.

Según la información recabada, colaboradores habrían sido acusados ante la Fiscalía por un supuesto faltante millonario, con tal de amedrentarlos y “tapar” los esquemas mencionados.

El documento señala que en la planta conocida como La Calera se utilizarían notas manuales para registrar operaciones.
EL SAT VA TRAS MITZA

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó a requerir información a Mitza correspondiente al periodo comprendido desde 2021 hasta la fecha.

El dato resulta relevante porque, según la información proporcionada a Sol Yucatán, el requerimiento estaría relacionado principalmente con las operaciones de venta, particularmente aquellas que no tendrían la misma trazabilidad que las compras realizadas por la empresa.

Actualmente, existiría una diferencia cercana a 15 millones de pesos que no estaría cuadrando con determinadas operaciones de venta.

Sin embargo, esa cifra podría ser apenas una parte de un problema mucho mayor.

La razón: uno de los testimonios afirma que solamente él llegó a manejar alrededor de 100 millones de pesos anuales en flujo de efectivo y que otros vendedores realizaban operaciones semejantes.

Habrían existido cuentas bancarias utilizadas para mover recursos fuera de los registros formales de la empresa; corresponderá al SAT determinar si estas operaciones existieron y cuál fue su alcance.

Por esos cien millones de pesos ingresados debería pagar 39 millones 650 mil pesos al SAT de impuestos, ISR e IVA.

Si esas cantidades fueran corroboradas por la autoridad fiscal, el asunto dejaría de ser un problema aislado para convertirse en una investigación de dimensiones considerablemente mayores.

Uno de los elementos centrales de la denuncia es un programa informático interno.

Según el material entregado a este medio, la empresa utilizaría un software distinto de su sistema formal para registrar determinados movimientos relacionados con las ventas.

El documento contiene referencias a pantallas de ese software interno, en las cuales aparecerían nombres de clientes y cantidades.

El testimonio señala que cada cliente podía representar operaciones semanales de aproximadamente 130 mil o 150 mil pesos, dependiendo del volumen de compra.

La acusación sostiene que esos movimientos podían realizarse en efectivo y posteriormente ser entregados en las oficinas correspondientes.

La denuncia también señala presuntas operaciones en efectivo destinadas a la adquisición de bienes y otros gastos que no contarían con factura.
El documento también refiere que, particularmente en la planta conocida como La Calera, ubicada en el kilómetro 17 de la carretera a Progreso, se utilizarían notas manuales y que una parte de esas operaciones presuntamente no sería reportada al SAT.

Es precisamente aquí donde aparece una de las principales interrogantes del caso: si existe un registro interno de las operaciones, pero esas mismas operaciones no aparecen de la misma manera en los sistemas fiscales, ¿cuál es el destino final del dinero y bajo qué esquema se contabiliza?

La respuesta corresponde a la empresa y, en su caso, a las autoridades fiscales.

CUENTAS SATÉLITE

El documento proporcionado a Sol Yucatán identifica además a varias personas que, de acuerdo con la información recabada, habrían participado en el manejo de los flujos de dinero.

En orden ascendente aparecen los nombres de Stephanie C. N., Roger P. N., Miguel P. N. y Arturo R. N.

El mismo material señala que Roger P. habría sido el contador general de la empresa y que falleció en marzo de 2023. También refiere que Miguel P., señalado como hermano de Roger, sería actualmente quien recibe parte del dinero y posteriormente lo entrega a Arturo R., identificado como apoderado legal y subdirector.

Se trata de señalamientos delicados que deberán ser corroborados por las autoridades correspondientes.

Otro de los elementos aportados apunta a presuntas cuentas utilizadas para realizar operaciones financieras.

El SAT habría identificado información relacionada con cuentas que considera «fantasma», incluyendo datos fiscales y domicilios que no corresponderían con establecimientos donde realmente se desarrollaran las actividades comerciales atribuidas.

La existencia real, titularidad, movimientos y finalidad de esas cuentas deberá ser determinada por la autoridad competente.

Pero si el SAT encuentra que determinadas operaciones fueron ocultadas, subdeclaradas o registradas mediante mecanismos distintos a los reportados fiscalmente, las consecuencias podrían alcanzar no solamente a quienes realizaron las operaciones, sino también a quienes hayan intervenido en su autorización, registro o administración.

La responsabilidad de determinar si existieron ventas no facturadas, evasión fiscal, operaciones simuladas o cualquier otra irregularidad corresponde al SAT y, en caso de existir elementos de carácter penal, a las autoridades ministeriales y judiciales.

Detrás de la imagen de empresa socialmente responsable que durante años ha proyectado Mitza, ex trabajadores describen un funcionamiento interno muy distinto.
EL FONDO DEL ASUNTO

El verdadero fondo está en determinar cómo se registra, cómo se cobra y cómo se reporta el dinero generado por las ventas.

Si las operaciones comerciales están debidamente documentadas, facturadas y declaradas, las acusaciones deberán quedar desvirtuadas con documentos.

Pero si las autoridades encuentran que existió un circuito paralelo de efectivo, registros internos ajenos a la contabilidad fiscal, cuentas utilizadas para ocultar recursos y operaciones no facturadas, el problema tendría otra dimensión.

El documento aportado a Sol Yucatán sostiene que existen pantallas del software interno, información de clientes, datos de cuentas y documentación relacionada con el movimiento de efectivo.

La respuesta tendrá que estar en los registros bancarios, las facturas, las declaraciones fiscales, los sistemas internos y el destino final de los millones de pesos que, según los testimonios, circularon durante años en efectivo.

Mientras tanto, el SAT ya habría solicitado información correspondiente a un periodo de cinco años.

La autoridad fiscal tendrá que determinar si los 15 millones de pesos señalados como diferencia constituyen solamente una inconsistencia administrativa o son la primera evidencia visible de un movimiento financiero mucho mayor.

Y sí, como afirma uno de los denunciantes, solamente su operación anual podía alcanzar los 100 millones de pesos, la investigación podría estar apenas comenzando.

¿Cuánto dinero pasó realmente por Mitza y cuánto de ese dinero quedó fuera de los registros fiscales?

Esa ya no es una cuestión que puedan resolver los extrabajadores. Es una respuesta que corresponde al SAT.