Millonario con tierras ejidales

• Fernando Barbachano y familia se han apoderado de tierras con valor arqueológico en los municipios de Santa Elena, Tinum y más de 35 predios distribuidos en puntos clave de la franja costera

Redacción/Sol Yucatán

El nombre de Fernando Eugenio Barbachano Herrero, descendiente de una de las familias más influyentes del turismo peninsular, se ha encontrado envuelto en señalamientos, tras acumular un verdadero imperio inmobiliario.

Barbachano y familia se han apoderado de tierras con un alto valor económico y arqueológico en municipios como Tinum y Santa Elena.

Durante el gobierno de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco, la familia Barbachano obtuvo un doble beneficio con la venta de los terrenos donde se ubica la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Durante el gobierno de la expriísta, Hans Jürgen Thies Barbachano le vendió al gobierno 80 hectáreas de tierras por un monto de 220 millones de pesos.

Es decir, cada hectárea se pagó en 2 millones 750 mil pesos, la venta de las tierras se realizó antes de que el Gobierno Federal expropiara la propiedad al considerarla propiedad de la nación y les pagara un precio muy inferior.

Sin embargo, el propio gobierno del estado le habría “donado” parte de las tierras que recién le habían comprado a la familia Barbachano, es decir, le regresaron parte de la propiedad que le habían comprado.

Además, los privilegios hacia la familia Barbachano no terminan ahí, pues el gobierno Ivonnista le dejó a la familia Barbachano, con la venta de los terrenos, la exclusividad a la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Se trata del hotel Mayaland Chichen Itzá Resort, el cual continúa bajo litigio judicial.

Ivonne Ortega Pacheco le concedió a Fernando Barbachano la exclusividad vitalicia para que los huéspedes del hotel Mayaland puedan acceder a la zona arqueológica de manera directa sin pagar ningún centavo.

Esto convierte al hotel en un lugar único en el mundo, pues es el único hotel con acceso directo a una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno, debido a que los terrenos de ambas propiedades son colindantes.

En el contrato quedó estipulado que los huéspedes del hotel accederían a la zona arqueológica sin pagar cuota de recuperación, la cual asciende a poco más de 600 pesos por persona.

Además, no tienen que hacer filas y pueden acceder las veces que quieran durante el tiempo que se hospeden.

El acceso directo a la zona arqueológica es un plus que el hotel da a sus visitantes.

Depredador de tierras

Fernando Eugenio Barbachano Herrero y familia se han apoderado de tierras con valor arqueológico en los municipios yucatecos de Santa Elena y Tinum.

No hablamos de uno o dos lotes estratégicos, sino de más de 35 predios distribuidos en puntos clave de la franja costera, los alrededores arqueológicos de Uxmal en Santa Elena y la zona de Tinum, en las inmediaciones de Chichén Itzá.

Lo que inició en los años 80 y 90 con compras silenciosas de tierras “rústicas” se ha convertido hoy en un mapa de desarrollos en marcha.

En Tinum, donde se asienta Pisté, Barbachano controla predios urbanos que conectan con el corredor turístico de Chichén Itzá.

El modelo Barbachano no tiene misterio, pero sí eficacia. Mediante la adquisición masiva de tierras en ejidos, playas y alrededores arqueológicos, muchas veces a precios de ganga. Para ello, incurrió en el congelamiento patrimonial, con el fin de mantener improductivas las tierras durante años, mientras aumenta el valor de la plusvalía, haciendo de lado otras actividades productivas.

Luego viene el despliegue de la maquinaria de corrupción para obtener permisos municipales, amparos judiciales y licencias ambientales laxas, para garantizar la venta especulativa mediante la impune comercialización bajo el sello de “sustentable” o “ecológico”, dirigida al mercado extranjero y de alto poder adquisitivo.

En Santa Elena, a la sombra de Uxmal, los predios amarrados desde hace más de una década han comenzado a lotificarse, con riesgo de alterar el entorno patrimonial protegido por la UNESCO.

En Tinum, donde se asienta Pisté, Barbachano controla predios urbanos que conectan con el corredor turístico de Chichén Itzá, listos para proyectos hoteleros y comerciales.

Las publicidades hablan de desarrollos “sustentables” y “verdes”, pero en la práctica los predios son abiertos con maquinaria pesada: carreteras improvisadas, desmontes de selva, rellenos de humedales. Ambientalistas locales han documentado la pérdida de flora y fauna, pero las autoridades estatales y federales suelen guardar silencio o, en el mejor de los casos, emitir sanciones menores que no detienen la obra.

La narrativa empresarial habla de inversión y empleo; la realidad es otra: comunidades desplazadas, ejidatarios vendidos a precios ridículos y un alza brutal en el valor de la tierra, que margina a los pobladores de siempre.

Poder económico y político

Barbachano no es un empresario aislado. Su apellido está asociado al grupo que desde mediados del siglo XX dominó el turismo en Yucatán con los hoteles Mayaland, construidos literalmente dentro de la zona arqueológica de Chichén Itzá. Ese poder se heredó y se actualizó: conexiones con autoridades estatales, relaciones con notarios y acceso privilegiado a permisos ambientales y municipales.

Hoy, ese capital político se traduce en algo más tangible: control territorial. Cuando se poseen decenas de predios en puntos estratégicos, se decide qué se construye, quién accede y quién queda fuera. Y en Yucatán, donde el suelo es la moneda de cambio más preciada, ese control equivale a gobernar en silencio.

Consecuencias invisibles, negocios visibles.

Santa Elena–Uxmal: Riesgo de afectar un entorno arqueológico único, convertido en plusvalía inmobiliaria.

Tinum–Chichén Itzá: Comercialización del patrimonio histórico como atractivo turístico de lujo.

Las comunidades ven cómo sus tierras se encarecen, pero no acceden a beneficios reales. Los empleos son temporales, los recursos ambientales se agotan y la especulación beneficia siempre a los mismos apellidos.

Barbachano Herrero se presenta como un empresario visionario, pero el costo de esa visión es alto: territorios alterados, comunidades desplazadas y un futuro hipotecado para el ecosistema costero y arqueológico del estado.

Barbachano detrás de estafas

La exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco le heredó un fructífero y millonario negocio a la familia Barbachano, quienes obtuvieron un doble beneficio con los terrenos de Chichén Itzá.

El Gobierno del Estado, en el 2010, le pagó 220 millones de pesos a la familia Barbachano, por 80 hectáreas de tierras, donde se asentaba la zona arqueológica.

Sin embargo, el gobierno estatal, además de pagar un sobreprecio por los terrenos, le heredó un millonario negocio que le da 45 millones de pesos al año a la familia Barbachano y que han administrado en los últimos 15 años, es decir, han obtenido poco más de 600 millones de pesos durante los tres lustros.

Esto a través de la habilitación de un estacionamiento que opera de manera contigua a la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Es un terreno propiedad de la familia, que se habilitó como estacionamiento.

El propio Gobierno del Estado le habría “donado” parte de las tierras que recién le habían comprado a la familia Barbachano, es decir, le regresaron parte de la propiedad que le habían comprado.

Las tierras están ubicadas a poca distancia de la entrada donde montaron un estacionamiento, en el que prácticamente “obligan” a los turistas a estacionarse y cuyo precio por hora es de 70 pesos.

Ni el patronato Cultur ni el INAH han querido ampliar el estacionamiento, el cual resultó insuficiente para la cantidad de visitantes que llegan todos los días a la zona arqueológica considerada como una de las siete maravillas del mundo moderno.

De acuerdo con cifras del Patronato, durante el año pasado acudieron a Chichén Itzá cerca de 3 millones de personas.

Es decir, el promedio diario fue de 8 mil 220 visitantes al día, 246 mil 600 por mes; sin embargo, el estacionamiento solo tiene capacidad para 100 vehículos, es decir, si los vehículos duran una hora máximo al día, podrían ingresar al estacionamiento 800 automotores, entre vehículos particulares y autobuses.

De acuerdo con fuentes de Cultur, a la zona llegan en promedio 2 mil 600 vehículos al día, por lo cual 1 mil 800 automotores son redirigidos a estacionamientos alternos, es decir, al de los Barbachano.

Lo anterior representa un negocio diario de 126 mil pesos o, lo que es lo mismo, 3 millones 780 mil al mes y 45 millones 360 mil pesos al año, con una inversión muy baja en una propiedad que le correspondería a los yucatecos, al haber sido pagada con dinero público.

Es decir, de acuerdo con las fuentes, Ivonne Ortega les habría heredado a los Barbachano un negocio que les deja más de 45 millones de pesos al año.

Si multiplicamos esa cantidad por 13 años, tomando en cuenta que cerraron dos años por el covid, los Barbachano ya le quitaron a los yucatecos poco más de 600 millones de pesos.

Por lo cual, es un negocio redondo para la familia Barbachano, quienes siguen obteniendo beneficios económicos con terrenos que ya le habían vendido al Gobierno del Estado y que serían un patrimonio para los yucatecos, como anunció en su momento el Patronato Cultur, en ese entonces encabezado por Jorge Esma Bazán.

Lo más grave del asunto es que hay quejas de un grupo de operadores del estacionamiento propiedad de los Barbachano, que comete estafas al turismo nacional y extranjero.

Sin palabra

Como dice el dicho “el pez por la boca muere”, y fue precisamente lo que está ocurriendo en el litigio por la propiedad del hotel Mayaland.

Y es que lo que tanto presumía el empresario Fernando Barbachano, miembro de una de las familias más respetadas de Yucatán, ahora lo incumple.

El empresario en todos y cada uno de sus encuentros con la prensa ha dicho que su palabra es ley y se respeta, sin embargo, en este caso incumplió su palabra y su promesa de la venta del inmueble que ha albergado a políticos y artistas de talla internacional.

Barbachano Herrero, en plena pandemia por el Coronavirus, decidió vender en 12 millones de dólares el hotel, es decir, unos 240 millones de pesos, es decir, 20 millones de pesos más de los que el gobierno de Ivonne Ortega le pagó a la familia por la compra de los terrenos donde se asienta la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Sin embargo, al final de cuentas se arrepintió y no quiso aceptar el pago de 1.5 millones de dólares.

Lo que es un hecho es que Barbachano Herrero recibió 4.5 millones de dólares, unos 90 MDP, como pago inicial de la operación.

Se desconoce si el dinero se encuentra depositado o si bien Barbachano Herrero se quedó con el dinero.

Es decir, Barbachano Herrero no solo incumplió su palabra, que para él era ley, sino que también se quedó con los 4.5 millones de dólares del pago inicial.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato, la transacción por la venta del hotel se pactó en 12 millones de dólares, de los cuales se pagó 4.5 MDD, 1.5 MDP no quiso recibir Barbachano Herrero.

Los otros 6 MDD se pagarían a un plazo de 24 meses, incluida una garantía de arras de 500 mil dólares.

Golpe federal

En días recientes, Barbachano Herrero perdió nuevamente el control de los hoteles Mayaland y The Lodge, ubicados junto a la zona arqueológica de Chichén Itzá, luego de que autoridades federales ejecutaran una diligencia para retirarle la posesión de los inmuebles y restituir su aseguramiento.

La acción se realizó el jueves 5 de marzo de 2026, en cumplimiento de una suspensión definitiva concedida por el Juzgado Cuarto de Distrito en Yucatán a favor de la empresa Inmobiliaria R4, resolución que dejó sin efecto la entrega de los hoteles que en junio de 2025 había sido otorgada a Barbachano.

El fallo federal también anuló la determinación de una jueza de Quintana Roo que había ordenado levantar el aseguramiento de los inmuebles y devolverlos al empresario, pese a que no tenía competencia para resolver el caso, ya que previamente un Tribunal Colegiado había establecido que la jurisdicción corresponde al estado de Yucatán.

El conflicto legal se originó en 2020, cuando Inmobiliaria R4 firmó con Barbachano un contrato de promesa de compraventa por los hoteles y recibió la posesión de los inmuebles como parte del acuerdo.

Como adelanto de la operación, el empresario recibió alrededor de 4.5 millones de dólares, pero posteriormente se retractó de concretar la venta, lo que desató un prolongado litigio.

De acuerdo con el expediente del caso, Barbachano habría modificado la cuenta bancaria donde debían realizarse los depósitos, lo que impidió que el comprador pudiera completar el pago en tiempo y forma. Posteriormente, el empresario argumentó un supuesto incumplimiento para negarse a continuar con la operación, sin devolver el dinero recibido.

De esta manera, Barbachano Herrero habría incumplido el contrato y, de manera dolosa, intentó alegar que su comprador no tenía el capital suficiente para finiquitar el pago, con la intención de quedarse tanto con el adelanto millonario como con el inmueble.

El conflicto también ha trascendido el ámbito judicial. De acuerdo con información que ha trascendido durante el proceso, el empresario y su equipo legal han llevado el litigio del hotel Mayaland al terreno mediático, difundiendo versiones parciales del caso con el objetivo de influir en la opinión pública.

Según las versiones del propio litigio, la estrategia habría buscado quedarse tanto con el dinero de garantía como con la propiedad, lo que incrementó la controversia en torno a uno de los hoteles más emblemáticos de la región.

Diversos elementos del caso apuntan a que Fernando Barbachano se habría arrepentido de concretar la venta, en gran medida por el valor turístico del complejo.

A todas luces, el caso refleja que el empresario se habría arrepentido de vender el inmueble ante el potencial turístico y económico que representa su histórica ubicación.

Con la diligencia realizada este jueves, se restituye el aseguramiento de los inmuebles mientras continúa el proceso judicial, por lo que el futuro definitivo de los hoteles Mayaland y The Lodge aún deberá resolverse en tribunales.

El caso se mantiene como uno de los litigios más relevantes en torno a propiedades turísticas en Yucatán, debido al valor histórico, económico y estratégico de los hoteles situados a las puertas de la antigua ciudad maya de Chichén Itzá.