MAGISTRADOS Y JUECES DELINCUENTES

JUECES, MAGISTRADOS Y CONSEJEROS PUEDEN SER DESTITUIDOS

*El Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura estatal están violando flagrantemente la ley orgánica de Yucatán y desacatando la orden de un juez federal, al imponer a jueces de primera instancia, aun cuando no lo pueden hacer debido a que hay una suspensión para ello.
*Esto abre la puerta para que las resoluciones que han tomado sean echadas para abajo, ya que los jueces nunca han rendido protesta constitucional para ejercer la función de juzgadores. Los delincuentes podrían recuperar su libertad y los presuntos delitos que cometieron queden impunes.
*El Tribunal determinó el interinato de jueces ante las ausencias de los jueces titulares, sin embargo, esta figura de interino no existe y la ley marca que el que debe de ocupar sus funciones son sus otros compañeros del mismo cargo, o bien el secretario de acuerdos.

El Tribunal Superior de Justicia de Yucatán y el Consejo de la Judicatura Estatal estarían violando flagrantemente la ley orgánica de Yucatán y desacatando la orden de un juez federal, al imponer a jueces de primera instancia, aun cuando no lo pueden hacer debido a que hay una suspensión para ello.
Desde que se dictaminó la suspensión del Juez Federal, cinco jueces de primera instancia han sido nombrados de manera ilegal por el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura.
Esta situación podría abrir la puerta para que las resoluciones que han tomado sean echadas para abajo, con el sólido argumento legal, de que los jueces nunca han rendido protesta constitucional para ejercer la función de juzgadores, como claramente establece el artículo 85 de la Ley Orgánica de Yucatán, por lo cual están ejerciendo funciones de manera ilegal, lo que abriría la puerta para que presuntos delincuentes con una buena defensa recuperen su libertad y los presuntos delitos que cometieron queden impunes.
Sin olvidar que los integrantes del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia, ambos organismos encabezados por la magistrada presidenta María Carolina Silvestre Canto Valdés, pudiera ser destituida por violar la ley de Yucatán y desacatar un mandato judicial.
Es decir, tanto la magistrada presidente como los jueces actuaron dentro del marco de la ilegalidad, debido a que todos tenían conocimiento de la resolución de la Juez Federal, sin embargo, a pesar de ello actuaron con dolo o bien con total desconocimiento de la ley.
De acuerdo con investigaciones del gabinete de investigación periodística de Sol Yucatán, el 8 de febrero del 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, emitió la convocatoria para ocupar una vacante de Juez de primera instancia para el sistema penal, acusatorio y oral.
A la convocatoria se inscribieron 15 abogados empleados del Poder Judicial de Yucatán, doce mujeres y tres hombres, quienes cumplieron con los requisitos e iniciaron con el proceso de selección.
Sin embargo, el 2 de marzo del 2023, es decir, poco más de un año de que inició el proceso de selección, uno de los postulantes interpuso un recurso de amparo bajo el numeral 461 en el Juzgado Quinto de Distrito, al considerar que se violaron sus garantías en el proceso de selección por parte del Poder Judicial.
El 20 de abril del 2023, es decir, mes y medio luego de que se interpuso el amparo, la Juez Federal Grisel Rodríguez Febles, con base en los datos de prueba presentados por la denunciante, dictaminó procedente la protección de la justicia federal y determinó la suspensión definitiva del concurso, es decir, dejó sin efecto el proceso de selección en tanto no se dé una resolución definitiva.
El alcance legal es tal que el Poder Judicial no podría designar a los jueces de primera instancia, hasta que no se resuelva de manera definitiva el recurso interpuesto por la parte demandante.
Sin embargo, el Poder Judicial y el Consejo de Judicatura de Yucatán, pasaron por alto el dictamen de la Juez Federal y, de manera mañosa, han designado a cinco jueces de control de primera instancia para el sistema penal oral y acusatorio, aun cuando por ley no podían hacerlo.
El Tribunal determinó el interinato de jueces ante las ausencias de los jueces titulares, sin embargo, la figura del Juez interino no existe y la ley marca que, ante la ausencia de un Juez, el que debe de ocupar sus funciones son sus otros compañeros del mismo cargo o bien el secretario de acuerdos, pero en este caso no ocurrió de esta manera.
Es decir, los propios magistrados, consejeros y jueces, están violando la ley orgánica de Yucatán y de la Justicia Federal, debido a que todas las partes involucradas estaban notificadas de la suspensión por parte de la Juez de Distrito y que el proceso estaba suspendido.
Es decir, los propios jueces, magistrados y consejeros, que son las máximas figuras de impartición de justicia en Yucatán, estaban incurriendo en un grave delito, que incluso se les podría destituir, por su parte los jueces estarían ante la usurpación de funciones.
Uno de los casos es del Juez de Control, Rodrigo Dajdaj Germón, quien fue nombrado Juez de ejecución, en octubre del año pasado, como consta en un comunicado emitido por el Poder Judicial de Yucatán.
El Juez, en abril pasado, llevó la audiencia del primer acusado por el delito de violencia vicaria en Yucatán, el juzgador lo imputó y luego vinculó a proceso judicial.
A lo largo de los seis meses que ha estado en funciones, ha presidido más de 50 audiencias, las cuales no tendrían validez, dado que el Poder Judicial hasta el día de hoy, legalmente no puede nombrar o designar a jueces hasta que no se resuelve el recurso de amparo que se ventila en el Juzgado Quinto de Distrito donde hay la suspensión del proceso.
Esta situación es grave debido a que podría abrir la puerta para que la defensa de los inculpados argumente la falta de validez en el nombramiento del Juez y con ello dejen sin efectos las medidas impuestas por el juzgador donde presidió las audiencias de índole penal.
Otros jueces que están en la misma situación y que los alcances legales son similares, son los jueces, Silvia Pamela Bautista y Suemy del Rosario Lizama Sánchez, quienes, de acuerdo al Poder Judicial de Yucatán, recibieron su nombramiento en octubre pasado junto con el Juez Dajdaj Germón, por lo cual sus resoluciones podrían estar en riesgo de ser revertidas por la situación antes planteada, por la ilegalidad de funciones.
Se le preguntó al Poder Judicial, sobre esta situación y sobre la ilegalidad en el nombramiento de jueces, sin embargo, hasta el cierre de la edición, no dieron una respuesta a los cuestionamientos.
No hay que olvidar que los magistrados en funciones, fueron colocados a modo por el Gobierno del Estado, para tener un control total del sistema de justicia de Yucatán, incluso más del 70 por ciento de los actuales magistrados carecen de experiencia en el ámbito de la jurisprudencia, lo que podría estar ocurriendo en la designación de los jueces de primera instancia.