La violenta persecución digital

Redacción/Sol Yucatán

Desde marzo, Ericka Contreras, quien en los últimos meses ha visibilizado públicamente un caso relacionado con presunta violencia vicaria y sustracción de menores en Yucatán ha señalado ser víctima de una campaña de acoso y difamación que continúa replicándose a través de redes sociales y grupos digitales. Su caso ha sido retomado por diversos medios nacionales y colectivos vinculados a la defensa de mujeres, infancias y víctimas de violencias.

Entre las conductas denunciadas públicamente y ante la Fiscalía General del Estado se encuentran publicaciones donde distintas personas afirman haberla visto en lugares donde asegura no haber estado, la difusión de imágenes de terceras personas haciéndolas pasar por ella y la circulación de fotografías tomadas en reuniones privadas para construir narrativas falsas alrededor de su vida personal y profesional.

Especialistas en violencia digital y derechos humanos han advertido que este tipo de dinámicas constituyen mecanismos sistemáticos de desgaste emocional y persecución orientados a intimidar, desacreditar o aislar públicamente a determinadas personas. La sensación de vigilancia constante termina modificando hábitos cotidianos, limitando espacios de convivencia y generando temor sobre qué conversación, fotografía o encuentro podría ser utilizado posteriormente para alimentar nuevas campañas de desprestigio.

“No es solo internet”, ha reiterado Contreras en diversas publicaciones recientes, donde describe la preocupación que le provoca sentir que cualquier espacio puede convertirse en material para atacarla o exhibirla digitalmente.

Diversas organizaciones han documentado además la solicitud de medidas de protección presentada ante lo que describen como una “violenta campaña de odio” en contra de Ericka Contreras.

Lo expuesto por ella, y por otras víctimas, principalmente mujeres que han denunciado dinámicas similares han reavivado la discusión sobre los límites entre la libertad de expresión, el hostigamiento digital y la violencia sistemática en entornos virtuales.

La violencia digital contemporánea rara vez opera de manera aislada. Con frecuencia se articula mediante redes de interacción donde capturas de pantalla, mensajes reenviados, cuentas anónimas, publicaciones ambiguas y comentarios aparentemente inofensivos terminan construyendo ambientes permanentes de hostilidad, desgaste emocional y persecución.

En este contexto, también han crecido los cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades frente a este tipo de denuncias. Aunque la legislación mexicana tiene leyes vigentes relacionadas con violencia digital, ciberacoso, hostigamiento y protección de datos personales, colectivos y defensoras han señalado que la aplicación efectiva de estas normas continúa siendo limitada, lenta o insuficiente frente a la velocidad con la que se expanden las campañas de odio en plataformas digitales.

En medio del crecimiento de campañas de odio y hostigamiento en redes sociales, crece también la exigencia para que las autoridades apliquen de manera efectiva las leyes existentes y actúen con mayor rapidez ante dinámicas de persecución digital que muestran patrones organizados y sistemáticos contra víctimas y activistas.