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La captura del poder estatal
- La seguridad pública dejó de ser un sistema con pesos y contrapesos para convertirse en una estructura vertical, donde investigar, perseguir y decidir responde a una sola lógica de poder.
Daniel Lee /Corresponsal Nacional
Si el control municipal fue el primer paso, la toma del ámbito estatal consolidó el modelo. En Yucatán, la seguridad pública dejó de ser un sistema con pesos y contrapesos para convertirse en una estructura vertical, donde investigar, perseguir y decidir responde a una sola lógica de poder.
En el centro de esa estructura vuelve a aparecer el mismo nombre: Luis Felipe Saidén Ojeda.
La Policía Estatal de Investigación: el corazón del control
La Policía Estatal de Investigación (PEI) es una de las piezas más sensibles del engranaje de seguridad. No patrulla: investiga. Decide qué casos avanzan, cuáles se congelan y hacia dónde se dirige la información criminal.
Desde hace años, la PEI está encabezada por Carlos Flores Moo, un mando identificado como hombre de absoluta confianza de Saidén Ojeda. Bajo su conducción, la corporación ha operado con altos niveles de opacidad, sin controles externos ni evaluaciones públicas de desempeño.
Fuentes internas describen un esquema donde:
- Las investigaciones estratégicas no se mueven sin autorización superior
- La información fluye hacia la Secretaría de Seguridad Pública, no hacia la fiscalía
- Los mandos medios responden a lealtades personales, no institucionales
- En los hechos, la PEI dejó de ser un órgano técnico para convertirse en un instrumento político-operativo.
- Fiscalía General del Estado: autonomía en el papel
La Constitución establece que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe ser un órgano autónomo. En la práctica, esa autonomía es frágil y condicionada.
Dentro de la FGE, el nombre clave es el del comandante Arturo Cambranis Herrera, actual vicefiscal, otro perfil con trayectoria ligada a la estructura de seguridad estatal. Su presencia garantiza que la coordinación con la SSP no sea horizontal, sino subordinada.
Especialistas en justicia advierten que cuando la fiscalía comparte mandos, operadores y líneas de mando informales con la policía, se rompe el principio básico de control cruzado: Quien investiga no puede ser el mismo que se vigila a sí mismo.
¿Quién decide qué se investiga?
El problema central no es solo la presencia de perfiles afines, sino la concentración de decisiones clave:
- Qué delitos se priorizan
- Qué carpetas avanzan
- Qué actores quedan fuera del radar
Casos sensibles relacionados con corrupción, economías ilegales, crimen organizado o delitos ambientales rara vez prosperan sin el aval de la estructura central.
El mensaje hacia dentro es claro: hay líneas que no se cruzan.
Silencio, disciplina y miedo institucional
Dentro de la fiscalía y de la PEI, el ambiente es de disciplina absoluta. Funcionarios que intentaron documentar irregularidades o impulsar investigaciones incómodas fueron marginados, reubicados o simplemente silenciados.
No hay denuncias públicas porque no existen canales seguros para denunciar. El sistema se cierra sobre sí mismo.
Así, la seguridad estatal funciona como un bloque compacto, impermeable a la crítica y ajeno a la rendición de cuentas.
El falso argumento de la eficiencia
Defensores del modelo argumentan que esta concentración garantiza resultados y estabilidad. Sin embargo, expertos en seguridad advierten que la eficiencia sin controles es el camino más corto a la impunidad.
Un sistema que depende de una sola figura:
- No corrige errores
- No detecta abusos internos
- No sobrevive a una crisis de legitimidad
Cuando todo pasa por un solo filtro, la verdad también se filtra.
Del estado al siguiente nivel
Con el control del ámbito estatal asegurado —policía de investigación y fiscalía incluidas— el siguiente paso era lógico: extender la influencia al ámbito federal.
La llegada de Alejandro Ríos Covián a la delegación de la Fiscalía General de la República no es un hecho aislado, sino la culminación de una estrategia progresiva de concentración del poder.
