CEEAV saquea a víctimas

• Mientras el gobierno de Yucatán presume sensibilidad social, la institución encargada de atender a las víctimas opera sin resultados públicos claros, arrastra observaciones por su mal desempeño y mantiene en la opacidad el registro que por ley debe actualizar.

Redacción /Sol Yucatán

Al gobierno de la 4T de Yucatán poco parece importarle la suerte de la sociedad vulnerable, esa gente de a pie que queda atrapada entre abusos de autoridades y agravios de particulares y que, en teoría, debería encontrar respaldo en las instituciones del Estado.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), creada precisamente para acompañar, asesorar y reparar a quienes han sufrido un delito o una violación a derechos humanos, se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de la distancia entre el discurso oficial y la realidad institucional. A pesar de su desempeño cuestionado y de la falta de resultados verificables, el gobierno del estado no sólo ha mantenido intacta a esta comisión, sino que la ha premiado con un aumento presupuestal superior al millón y medio de pesos.

La CEEAV de Yucatán está dirigida por Celia María Octubre Maldonado Llanes, funcionaria designada directamente desde el Poder Ejecutivo y responsable de una de las tareas más sensibles del aparato estatal: garantizar que las víctimas no queden solas frente a la maquinaria de la justicia.

Bajo su conducción, la Comisión administra recursos públicos, coordina asesorías jurídicas, canaliza apoyos y, sobre todo, tiene la obligación legal de integrar y actualizar el Registro Estatal de Atención a Víctimas, una herramienta clave para que las personas puedan acceder a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral.

Sin embargo, a la fecha no existe información pública que permita saber con claridad cuándo fue la última actualización de ese registro ni cuántas personas están efectivamente inscritas y recibiendo atención.

La ausencia de datos no es un detalle menor. El registro estatal no es un trámite burocrático sino la puerta de entrada para que una persona sea reconocida formalmente como víctima y pueda ejercer derechos previstos en la ley. Mantenerlo desactualizado o invisible implica, en los hechos, cerrar el acceso a la justicia a quienes más la necesitan. Aun así, la CEEAV no ha puesto a disposición de la ciudadanía un informe actualizado que dé cuenta de su operación, de sus tiempos de respuesta o del universo real de personas atendidas durante 2025.

Esta opacidad contrasta con el flujo de recursos públicos que recibe la institución. Durante 2025, la Comisión ejerció un presupuesto de 26 millones 384 mil 914 pesos. Lejos de existir un castigo administrativo o una revisión profunda de su desempeño, para 2026 el presupuesto aprobado asciende a 27 millones 890 mil 14 pesos. La diferencia es clara: un incremento de 1 millón 505 mil 100 pesos. En otras palabras, aun sin mostrar resultados tangibles ni corregir fallas señaladas por organismos de control y derechos humanos, la CEEAV recibirá más dinero público.

El aumento presupuestal se vuelve todavía más polémico cuando se revisa el historial reciente de la Comisión. En 2024, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán emitió una recomendación formal en contra de la CEEAV por deficiencias graves en la asesoría jurídica brindada a una víctima.

El organismo concluyó que no se actuó con la debida diligencia ni con la profesionalización exigida por la ley, afectando el acceso a la justicia de la persona agraviada. Aunque la recomendación fue presentada como un episodio aislado, su impacto reputacional persiste, pues revela fallas estructurales en la función más básica de la Comisión: acompañar legalmente a quienes han sufrido un daño.

A este antecedente se suman las observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán. En la revisión de la Cuenta Pública 2024, cuyos efectos se materializan en 2025, la ASEY identificó irregularidades administrativas en la CEEAV, entre ellas procesos de contratación que no acreditaron adecuadamente investigaciones de mercado en adjudicaciones directas.

Algunas de estas observaciones no fueron solventadas, lo que coloca a la Comisión en una posición incómoda frente a la obligación de rendir cuentas sobre el uso del dinero público que administra.

Pese a estos señalamientos, la narrativa oficial ha sido de continuidad y respaldo. No hubo cambios en la dirección, no se anunciaron planes de reestructuración ni se presentó una evaluación pública del desempeño institucional.

Por el contrario, el incremento presupuestal para 2026 envía un mensaje político claro: el gobierno del estado considera suficiente —o al menos aceptable— la manera en que la CEEAV ha operado hasta ahora. Ese mensaje resulta difícil de conciliar con la experiencia de muchas víctimas que siguen denunciando lentitud, falta de acompañamiento efectivo y asesorías deficientes.

La situación se agrava al considerar que la Comisión tampoco ha cumplido con una política activa de transparencia. Más allá de la información mínima obligatoria, no hay reportes periódicos que permitan conocer cuántas personas fueron atendidas en 2025, cuántas recibieron asesoría jurídica, cuántas accedieron al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y

Reparación Integral ni qué montos fueron otorgados. Sin estos datos, evaluar la eficacia del gasto público resulta prácticamente imposible. La Comisión existe, el presupuesto se ejerce, pero los resultados permanecen en la penumbra.

En este contexto, la responsabilidad política no se limita a la titular de la Comisión. La CEEAV depende presupuestalmente del gobierno del estado y su directora es designada por el gobernador.

El aumento de recursos aprobado para 2026 no es una decisión técnica aislada, sino un acto político que refleja prioridades. Al optar por fortalecer financieramente a una institución cuestionada, el Ejecutivo asume implícitamente la defensa de su desempeño y normaliza la falta de resultados verificables.

La contradicción es evidente: mientras se habla de justicia para las víctimas y de un gobierno cercano a los sectores más vulnerables, la instancia encargada de materializar esos principios opera sin indicadores claros, con observaciones no resueltas y con un registro estatal cuya actualización sigue siendo una incógnita. La brecha entre el discurso y la práctica se amplía cuando se constata que, lejos de exigir correcciones, el premio ha sido más presupuesto.

Para las víctimas, esta realidad tiene consecuencias concretas. Cada día sin un registro actualizado es un día más sin reconocimiento formal. Cada asesoría deficiente es una oportunidad perdida para acceder a justicia.

Cada peso ejercido sin resultados claros es un recurso que no se traduce en reparación ni en acompañamiento real. La CEEAV no es una oficina administrativa más: es la instancia que debería estar del lado de quienes han sido vulnerados. Cuando falla, el impacto no es abstracto, sino profundamente humano.

La pregunta de fondo no es sólo por qué la Comisión recibe más dinero, sino qué ha hecho para merecerlo. Hasta ahora, la información pública no ofrece una respuesta convincente. Sin informes claros, sin cifras actualizadas y sin una rendición de cuentas robusta, el incremento presupuestal parece más un gesto político que una decisión basada en resultados. En ese escenario, la narrativa de un gobierno comprometido con las víctimas se debilita y deja ver una realidad menos cómoda: instituciones que sobreviven y crecen presupuestalmente aun cuando su desempeño es cuestionado.

Así, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Yucatán se ha convertido en un símbolo incómodo. No del acompañamiento eficaz ni de la reparación integral, sino de una forma de gobernar donde la falta de resultados no impide el acceso a más recursos.

Mientras no se transparenten cifras, no se actualice el Registro Estatal de Atención a Víctimas y no se corrijan las fallas señaladas por organismos de derechos humanos y auditoría, el aumento presupuestal de 2026 quedará marcado como una decisión que prioriza la inercia institucional por encima de la justicia para quienes más la necesitan.