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La bodega donde muere la Reforma Agraria
- Trasladan su oficina en Yucatán a una antigua bodega de fertilizantes, en Conkal. Sin agua ni corriente, sin aire acondicionado y con instalaciones precarias
Por Francisco J. Pérez y Pérez
Un recorte del 59.1 % al presupuesto destinado al arrendamiento de inmuebles obligó a la Procuraduría Agraria a trasladar su oficina en Yucatán a una antigua bodega de fertilizantes, en Conkal. Sin agua corriente, sin aire acondicionado y con instalaciones precarias, la dependencia encargada de proteger los derechos de ejidatarios y comuneros opera hoy en condiciones que, según sus críticos, favorecen el abandono institucional y facilitan el despojo de tierras.
DEL CENTRO DE MÉRIDA A UNA BODEGA EN CONKAL
Desde enero de 2026, los ejidatarios y comuneros que buscan resolver un conflicto relacionado con la propiedad social de la tierra deben trasladarse a una antigua bodega de fertilizantes de la Universidad Autónoma Chapingo, ubicada sobre la carretera Tixcuytún–Temozón Norte, en el municipio de Conkal.
Ahí opera actualmente la Procuraduría Agraria (PA), en un inmueble sin agua corriente en los sanitarios, sin aire acondicionado y con deficientes condiciones de seguridad e higiene, además de estar rodeado de fauna nociva.
El traslado no respondió a una necesidad de crecimiento institucional ni a un proyecto de modernización. Fue consecuencia directa del recorte del 59.1 % al presupuesto federal para arrendamiento de inmuebles, aplicado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) dentro de su Informe de Austeridad Republicana 2025.
El resultado, documentado por una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), es una institución responsable de brindar certeza jurídica sobre la propiedad social que hoy trabaja en condiciones que sus propios empleados califican como indignas.
EL LENTO DESMANTELAMIENTO DE LA BUROCRACIA AGRARIA
La historia de las oficinas agrarias en Mérida refleja el lugar que el Estado mexicano ha otorgado al campo durante las últimas décadas.
Tras la reforma constitucional de 1992 al artículo 27, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional contaban con sedes dignas y estratégicamente ubicadas: la PA en la calle 72 de García Ginerés; la entonces Secretaría de la Reforma Agraria en el Centro Histórico; y el RAN cerca del barrio de Santiago.
Incluso la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, considerada la dependencia más alejada de aquella estructura, permanecía dentro de la ciudad y con acceso al transporte público.
El primer deterioro importante ocurrió durante la administración del presidente Vicente Fox, cuando las restricciones presupuestales obligaron al personal a llevar papelería desde sus propios hogares para mantener la operación cotidiana. Aun así, las oficinas conservaron instalaciones funcionales y accesibles.
Años después, la Procuraduría Agraria se trasladó a un edificio ubicado en la calle 66, en Santiago. Aunque el inmueble mostraba un evidente deterioro, todavía permitía que cualquier campesino proveniente del interior del estado pudiera llegar utilizando transporte público.
Ese equilibrio terminó a finales de 2025, cuando el ajuste presupuestal obligó a trasladar definitivamente la oficina a Conkal.
CUANDO LA DISTANCIA TAMBIÉN ES UNA FORMA DE NEGAR JUSTICIA
El razonamiento de quienes cuestionan la medida es simple: cuanto más difícil resulta acceder a la justicia agraria, más sencillo se vuelve consumar el despojo de tierras.
Para un ejidatario del oriente, sur o poniente de Yucatán, acudir a la nueva sede implica asumir costos de transporte considerablemente mayores.
Pero el problema no afecta únicamente a quienes viven lejos. Incluso los ejidatarios de los núcleos agrarios conurbados a Mérida enfrentan ahora mayores dificultades para llegar a la dependencia, sobre todo quienes carecen de vehículo particular.
A ello se suma otro obstáculo: la oficina no cuenta con líneas telefónicas para consultar el estado de los expedientes.
Cada gestión exige un nuevo desplazamiento, convirtiendo cualquier trámite en una carga económica que termina por desalentar a quienes intentan defender legalmente su patrimonio.
La investigación de la periodista Valeria Durán, publicada por MCCI, documentó que el personal de la Procuraduría Agraria en Yucatán trabaja hacinado en una nave de lámina, sin ventanas, sin agua potable en los sanitarios y rodeado de fauna nociva.
Los recortes también alcanzaron la papelería, el equipo de cómputo, la telefonía y los servicios de limpieza, obligando en distintos estados a que los propios trabajadores aporten recursos para mantener abiertas las oficinas.
“Esa combinación de aislamiento físico, precariedad salarial y desorden documental constituye el escenario ideal para el despojo legalizado de la tierra.”
Ese deterioro institucional, advierten sus críticos, trasciende el ámbito laboral.
Un visitador agrario mal remunerado y obligado a cubrir gastos operativos con recursos propios resulta más vulnerable a presiones indebidas. Al mismo tiempo, archivos físicos deteriorados, instalaciones improvisadas y sistemas administrativos deficientes facilitan la desaparición o alteración de expedientes.
En un estado donde la especulación sobre tierras ejidales costeras y periurbanas mueve miles de millones de pesos, esa combinación de precariedad administrativa y escasa supervisión crea un entorno especialmente favorable para prácticas irregulares.
LA PARADOJA DEL DISCURSO OFICIAL
La contradicción no es solo administrativa; también es política.
Mientras el discurso gubernamental reivindica la justicia social y la defensa del campo como herencia del cardenismo, el sector campesino figura hoy entre los más afectados por la política de austeridad.
La paradoja resulta más evidente si se considera que Lázaro Cárdenas Batel, nieto del general Lázaro Cárdenas del Río, ocupa desde octubre de 2024 la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República.
Sin embargo, los herederos directos de la reforma agraria cardenista —los ejidatarios y comuneros— esperan hoy atención bajo el calor de una antigua bodega de fertilizantes.
UNA ALTERNATIVA EXISTE… Y NO SE UTILIZA
El análisis revisado plantea que el Gobierno Federal dispone de una alternativa inmediata.
El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) administra miles de inmuebles asegurados a redes de corrupción y delincuencia organizada.
En lugar de mantenerlos desocupados o destinarlos exclusivamente a subasta, esos inmuebles podrían utilizarse para albergar oficinas de la Procuraduría Agraria o del Registro Agrario Nacional mediante los mecanismos legales de transferencia que el propio Instituto aplica con otras dependencias.
La existencia de esa posibilidad debilita el argumento de que la precariedad responde únicamente a la falta de recursos y traslada el debate al terreno de las prioridades gubernamentales.
UN PATRÓN QUE SE REPITE
El contraste se vuelve más evidente al observar otros conflictos recientes.
Esta misma semana, personal de enfermería del Hospital General Agustín O’Horán denunció cargas de trabajo de hasta quince pacientes por enfermero, muy por encima de los estándares recomendados.
La respuesta del gobierno estatal fue pedirles que “se pusieran la camiseta”.
La expresión terminó convirtiéndose, para muchos, en el símbolo de una administración que exige sacrificios permanentes a trabajadores y ciudadanos mientras reduce progresivamente la capacidad operativa de las instituciones.
CONCLUSIÓN
Al debilitar a las instituciones encargadas de proteger la propiedad social de la tierra, el Estado no ha afectado a quienes buscan apropiarse ilegalmente de ella; ha dejado en mayor vulnerabilidad precisamente a quienes debería proteger: los campesinos y ejidatarios.
Una Procuraduría Agraria aislada, incomunicada y sin recursos difícilmente puede garantizar la certeza jurídica que demanda el campo.
Mientras el debate público continúa concentrado en los ahorros presupuestales, en una bodega de Conkal la justicia agraria sigue alejándose, cada día más, de quienes menos posibilidades tienen de espera.
