Justicia de escaparate

• Abogados denuncian juzgados saturados, falta de personal en el Poder Judicial, un sistema digital que falla y acuerdos que pueden tardar hasta un año.
• Las jornadas de “Puertas Abiertas” se convierten, en despliegues burocráticos que no resuelven el rezago.

Redacción/Sol Yucatán

 En los juzgados de Yucatán la justicia camina a paso de tortuga, pero los problemas de quienes esperan una resolución no se detienen. Expedientes acumulados, falta de personal, fallas constantes en el sistema digital y acuerdos que pueden permanecer hasta un año sin publicarse están provocando que abogados litigantes pierdan clientes que, cansados de esperar, terminan creyendo que sus representantes no están haciendo su trabajo.

Hasta las oficinas de este editorial acudió un grupo de abogados litigantes para denunciar lo que consideran un rezago cada vez más grave en la impartición de justicia.

El reclamo no es contra los litigantes. Es contra un sistema que, aseguran, los obliga a dar la cara ante sus clientes por retrasos que no están en sus manos resolver.

La situación es particularmente complicada porque el Poder Judicial ha ofrecido una justicia ágil, cercana y expedita, especialmente después de la reforma judicial. Sin embargo, los abogados sostienen que esa transformación todavía no se refleja en los escritorios de los juzgados.

Una de las principales quejas es la lentitud con la que se procesan los expedientes.

Los litigantes señalan que un acuerdo puede tardar hasta un año en salir publicado, pese a que los procedimientos tienen plazos establecidos por la ley.

A ello se suma un sistema digital que califican de obsoleto y con fallas recurrentes, lo que dificulta consultar expedientes y dar seguimiento puntual a los asuntos.

El resultado es una cadena de retrasos: si el sistema falla, no se puede revisar el expediente; si no se revisa, se retrasan actuaciones; y mientras el expediente permanece detenido, el abogado es quien termina dando explicaciones al cliente.

Para los litigantes, esto está provocando incluso que algunos justiciables decidan prescindir de sus servicios porque interpretan que sus abogados no están trabajando sus casos.

Cuando la realidad, sostienen, es otra: el cuello de botella está dentro del propio sistema de impartición de justicia.

Otro de los puntos que más molestia genera son las jornadas denominadas “Puertas Abiertas, Justicia Cercana”, encabezadas por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López.

El programa fue presentado como un mecanismo para acercar el Poder Judicial a la ciudadanía. La primera jornada se realizó en febrero y posteriormente se llevó a municipios como Progreso y Tekax, con la participación de personal jurídico y de áreas de atención a grupos vulnerables, violencia de género, orientación psicológica, Tribunal de Disciplina Judicial y otras instituciones.

Pero para los abogados inconformes, el problema no se resuelve con jornadas de atención si los juzgados continúan saturados.

El caso de Umán es señalado como ejemplo. Los litigantes aseguran que la convocatoria tuvo poca difusión y que, pese al enorme despliegue de personal, solamente tres justiciables acudieron a realizar consultas. Acudieron integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) , la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), el Instituto de Defensa Pública del Estado y la Defensoría Pública Federal. Además, de la presencia de personal especializado en áreas jurídicas, atención a grupos en situación de vulnerabilidad, violencia de género y orientación psicológica, todo un despliegue de personal que es totalmente innecesario sin embargo sirven de pantalla para la foto, pues de resultados, NADA.

La crítica es que el propio Poder Judicial anuncia las jornadas con apenas unos días de anticipación, lo que limita la participación ciudadana.

Para los inconformes, se termina movilizando una estructura completa para una jornada que luce bien en fotografías, pero que no ataca el origen del problema: los expedientes detenidos.

Y mientras el Poder Judicial informa que el programa busca escuchar directamente a la ciudadanía y fortalecer la confianza institucional, los litigantes preguntan qué ocurre con quienes llevan meses esperando que simplemente se publique un acuerdo.

La preocupación adquiere mayor gravedad en los asuntos familiares.

Los abogados recuerdan que detrás de cada expediente hay personas y familias que no pueden darse el lujo de esperar un año.

Hay casos relacionados con niñas, niños y adolescentes; convivencias con el padre o la madre no custodio; pensiones alimenticias; violencia familiar y situaciones en las que incluso puede estar comprometida la integridad de una persona.

El Poder Judicial ha reconocido la necesidad de atender con especial cuidado estos asuntos. En enero, por ejemplo, la propia presidencia informó que se revisarían expedientes judicializados relacionados con pensiones alimenticias, privilegiando la protección de los derechos de las infancias.

También en junio el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado anunciaron un convenio para fortalecer la coordinación y agilizar la atención en materia de justicia restaurativa familiar, precisamente con énfasis en niñas, niños, adolescentes y sus familias.

Pero para los litigantes, los anuncios no sustituyen los resultados.

Por eso recuerdan casos que han estremecido a Yucatán, como el feminicidio de Emma Gabriela Molina Canto, y el caso de Violeta, una niña de seis años, en el que se cuestionó la actuación judicial relacionada con la convivencia de la menor con su madre.

Son expedientes que, aseguran, muestran lo que puede ocurrir cuando los procesos familiares no avanzan con la rapidez que requieren.

Los litigantes sostienen que el malestar ya se extendió a distintos sectores del Poder Judicial.

Trabajadores judiciales, justiciables y ahora abogados coinciden, desde sus respectivas trincheras, en señalar problemas de funcionamiento, carga de trabajo y falta de agilidad.

La propia institución ha realizado movimientos para reforzar su estructura. En enero se designaron nuevos jueces en materias Civil, Familiar y Mercantil para Izamal, Tizimín y Tekax, mientras que en agosto se incorporaron nuevas consejeras al Consejo de la Judicatura.

Sin embargo, los litigantes consideran que el rezago no se combate únicamente con nombramientos, eventos o nuevas salas.

Se necesita personal suficiente, sistemas digitales que funcionen y capacidad para sacar adelante los expedientes dentro de plazos razonables.

Porque mientras una jornada de “Puertas Abiertas” puede durar unas horas, un expediente puede permanecer cerrado durante meses.

Y mientras se habla de una justicia cercana, hay abogados que aseguran que sus clientes ya no quieren escuchar explicaciones.

Quieren resultados.

El reclamo que llega ahora desde los litigantes es directo para la magistrada presidenta Erika Torres López: la justicia no puede ser solamente una fotografía de puertas abiertas; tiene que demostrarse en los juzgados, en los expedientes y en el tiempo que tarda una familia en obtener una resolución. Porque cuando la justicia tarda un año, para quien espera no es justicia: es abandono.