Portada
Insejupy, corrupción inmobiliaria
- En el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial, opera una red mafiosa que trabaja en contubernio con notarios para adueñarse de predios con alta plusvalía.
- A lo largo de los últimos tres gobiernos ha operado al interior de las instituciones una red mafiosa que se dedica al despojo de tierras para favorecer a particulares, para ello utilizan a dependencias que deberían dar certidumbre jurídica.
- La Procuraduría de Justicia Ambiental y Urbana de Yucatán sería la instancia que perseguiría a la mafia inmobiliaria, sin embargo, la realidad sería otra, debido a que su titular tiene una relación directa con empresas integrantes de esta red que se ha adueñado de Yucatán.
Redacción/Sol Yucatán
El actual gobierno no solo está replicando los programas de gobierno implementados en administraciones anteriores, sino que también imita y hasta perfecciona sus redes de corrupción.
Morena llegó al gobierno con la bandera de la honestidad, transparencia y combate a la corrupción, que fue su principal lema de campaña, sin embargo, a casi 18 meses de gobierno, el panorama luce peor.
En gran medida, por funcionarios y exfuncionarios que en su momento formaron parte o estuvieron directamente involucrados en presuntos actos de corrupción.
En los últimos tres sexenios, Ivonne Ortega Pacheco, Rolando Zapata Bello y Mauricio Vila Dosal montaron una red de mafia inmobiliaria que se apropió de grandes extensiones de tierras al margen de la ley.
En los gobiernos priístas de Ivonne Ortega y Rolando Zapata Bello, la red operó una red bien elaborada para apropiarse de grandes extensiones de tierras propiedad del Estado.
Los directamente beneficiarios fueron políticos del propio régimen, de esta red mafiosa se beneficiaron no solo los mandatarios, sino que también otros funcionarios como Mauricio Sahuí Rivero, Roberto Rodríguez Asaf, Víctor Caballero Durán, Mario Peraza, Francisco Torres Rivas, entre otros.
En el sexenio pasado, la manera de operar cambió, las propiedades se despojaron para luego venderlas a empresarios.
Sin embargo, el denominador común es que, en los tres gobiernos, la manera de operar era similar, utilizaban para ese fin a las dependencias de gobierno encargadas de dar certeza jurídica a la ciudadanía.
En la administración de Vila Dosal, se documentaron múltiples despojos a través de cambio de propietarios en el Registro Público de la Propiedad e incluso se llegó a utilizar la fuerza pública para concretar el despojo de la propiedad.
Terrenos ubicados al norte de Mérida, casonas con gran plusvalía fueron parte de las propiedades de las que se adueñaron.
Ahora, con el cambio de gobierno, se pensaría que la situación se erradicaría, sin embargo, ha sido todo lo contrario, ya que no es una situación fácil, ya que es un negocio que involucra muchos millones de pesos.
Una red mafiosa opera en el interior del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán (Insejupy).
De acuerdo con información de Sol Yucatán, una de las personas identificadas como operadoras es Ramón Baeza Pat, quien ocupa la coordinación jurídica de la dependencia estatal.
En contubernio con notarios públicos, altera y modifica documentos oficiales para beneficiar a terceras personas.
Uno de los notarios con los cuales trabaja de cerca es el notario Luis Silveira Cuevas, identificado como parte de la mafia inmobiliaria de Yucatán.
El mismo notario ha sido relacionado por negocios no todos claros en los gobiernos de Rolando Zapata y Mauricio Vila, incluso es uno de los personajes de Yucatán que se encuentra sujeto a investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Es decir, sería la conexión del Cártel Inmobiliario al interior del Insejupy, para apropiarse de terrenos y predios con alta plusvalía, es decir, de manera similar a como operó el cártel inmobiliario en el gobierno de Mauricio Vila.
No hay que olvidar que la propia directora del Insejupy, Dalia Piña Albertos, ha estado señalada como parte de la llamada mafia agraria, donde desde el Registro Agrario Nacional ayudó a Gabino Guzmán Millet y Armando Ceballos Chávez para apoderarse de grandes extensiones de tierras ejidales para luego privatizarlas.
En comisarías de Mérida, así como municipios cercanos como Yaxkukul, Conkal, Mocochá, Ucú, se apoderaron de grandes extensiones de tierras, donde hoy se construyen complejos residenciales.
En medio de este contexto, la Procuraduría de Justicia Ambiental y Urbana de Yucatán sería el organismo que combatiría la mafia inmobiliaria en la entidad, no solo atenderá temas relacionados con el medio ambiente, sino que también, denuncias relacionadas con el despojo de tierras.
Aunque su titular, Carlos Eduardo González Flota, dista mucho de ser imparcial, dado que es dueño de la empresa consultora Gonzáles Flota & Asociados, donde sus clientes son precisamente empresas ligadas al cártel inmobiliario que en muchos de los casos han estado envueltas en señalamientos de despojos de tierras utilizando las redes de corrupción que operan al interior del Insejupy, catastro y Registro Público de la Propiedad, por lo cual el procurador sería una pieza más en el rompecabezas de la mafia inmobiliaria que opera en Yucatán.
