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Inminente revocación de mandato
- En el 2027, Joaquín Díaz Mena se convertiría en el primer gobernador de Yucatán en ser sometido a la revocación de mandato, con lo cual es viable que concluya su gestión con antelación.
Redacción/Sol Yucatán
El primer gobierno morenista de Yucatán pasará a la historia, pero no por sus buenos resultados, sino por haber terminado con la seguridad y economía en un tiempo récord.
A la 4T, que encabeza Joaquín Díaz Mena, le bastó apenas 16 meses para encaminar al estado al desastre.
Se tienen los niveles más altos en la percepción de inseguridad, la inversión extranjera registra sus peores cifras, el turismo no llega, no existe la suficiente generación de empleo, lo que ocasiona que la entidad registre uno de los peores sueldos del país.
Es evidente la crisis en salud, donde los hospitales públicos están sobresaturados y 1 de cada 4 trabajadores vive en pobreza laboral, es decir, su sueldo no alcanza para cubrir sus necesidades.
La actual administración es considerada con altos niveles de corrupción y tráfico de influencias para favorecer a actores políticos allegados al gobernador.
Por ello, el gobernador, Joaquín Díaz Mena, se convertirá en el primer mandatario de la Península de Yucatán en ser sometido a la consulta para la revocación de mandato, es decir, que su desempeño sea sometido a votación y su gestión podría terminar de manera anticipada.
Dos agrupaciones ya se han organizado para recabar las firmas y solicitar el proceso para la terminación de la gestión de manera anticipada por sus malos resultados.
De acuerdo con el decreto 49/2019, para realizar la solicitud ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, se requiere el 3% de firmas del padrón electoral de Yucatán, es decir, unas 53 mil.
La petición podrá realizarse cumplido el 50% de la gestión, es decir, a partir del 1 de octubre del 2027, que es cuando se cumple el tercer año de gobierno.
A pesar de que la ley de revocación de mandato se aprobó en el 2019, en el gobierno de Mauricio Vila Dosal, y que se pudo haber hecho efectiva en el 2022, el Congreso del Estado, dominado en ese entonces por el PAN, buscó los medios legales para evitar que el gobernador panista sea sometido a la consulta.
Por lo cual se determinó que la ley cobraría vigencia a partir del 2024, es decir, en el gobierno de Díaz Mena.
La iniciativa encontraría fuerza debido a que hay un gran descontento entre la población, pero también en empresarios de diferentes ramos, debido a una mala política de gestión y sobre todo a la pérdida de la seguridad, donde, de acuerdo a información de fuerzas federales, al día de hoy cinco células de la delincuencia organizada operan en la entidad. Además, recién surgió una agrupación yucateca, como es el Cártel de la Costa.
No hay que olvidar que el mandatario se posiciona en los últimos lugares en el ranking de gobernadores del país con un 65% de desaprobación y un 76% en desconfianza, por lo cual es alto el porcentaje de que su mandato termine antes de lo previsto.
En el ámbito político, voces de oposición han retomado estas inconformidades para plantear la necesidad de evaluar la continuidad del mandato.
No obstante, especialistas en derecho constitucional recuerdan que la revocación de mandato no es un proceso automático, sino que requiere el cumplimiento de requisitos específicos, entre ellos la recolección de un número determinado de firmas ciudadanas y la eventual organización de una consulta formal.
Desde el entorno de Díaz Mena se ha insistido en que las críticas responden a intereses políticos y a una lectura parcial de los avances logrados, aunque el discurso no concuerda con la realidad, ya que la ampliación del Puerto de Altura, en Progreso, y el Tren Maya de Carga, los pilares del actual gobierno, aún están en la etapa de construcción y no estarán concluidos hasta el 2028, por lo cual, en cuatro años, el gobierno estará a la deriva, justificando la herencia de administraciones anteriores.
Funcionarios cercanos a la administración sostienen que varios proyectos se encuentran en fase de implementación y que los resultados deben evaluarse en el mediano plazo.
Analistas coinciden en que, más allá de si el proceso de revocación llega o no a concretarse, el escenario actual refleja un clima de exigencia ciudadana creciente, donde la rendición de cuentas y la evaluación constante del desempeño gubernamental ocupan un lugar central.
Lo que es una realidad es que, al día de hoy, la mayoría de la población no está conforme con el actual gobierno y una radiografía clara son las elecciones del 2027, donde Morena buscará refrendar su triunfo en el 2024, en caso de obtener una derrota, el panorama para el mandatario sería sombrío.
