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Mérida

GOBIERNO DE VILA VENDIÓ UN TERRENO QUE NO ERA DE SU PROPIEDAD

FRAUDE MILLONARIO

* Mauricio Vila Dosal vendió, por medio del ISSTEY, una propiedad de 22.8 hectáreas  que aparece en el catálogo de bienes que están en remate del Instituto Para Devolver el Pueblo lo Robado

*Se lo remató a la empresa inmobiliaria “Raíces Rablex” en 180 millones de pesos, cuando su valor comercial es de 503 millones 8 mil pesos. La operación fue avalada por el notario Hugo Wilbert Evia Bolio, acusado de ser miembro de la mafia inmobiliaria

*Se vendió a pesar de que la propiedad no está libre de gravamen, de acuerdo a la escritura que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad, el inmueble o terreno tiene un gravamen de 3 millones  pesos, por lo cual, por ley, no se debería de vender.

Redacción/Sol Yucatán

En puerta se encuentra un posible litigio judicial entre el Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador y de Mauricio Vila Dosal por un presunto fraude millonario del Gobierno estatal por una propiedad de poco más de 22 hectáreas, valuado en más de 100 millones de pesos.

El Gobierno de Mauricio Vila Dosal, por medio del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), vendió una propiedad con una extensión de 22.8 hectáreas, que, de acuerdo al tablaje catastral, se encuentra localizada en la zona Poniente de Mérida.

La propiedad fue adquirida por la empresa inmobiliaria “Raíces Rablex S.A de C.V”, representada por José Antonio Rodríguez Muñiz.

El inmueble asentado bajo el número catastral 26761, tiene una extensión de 228 mil 640 metros cuadrados y se localiza cerca de Ciudad Industrial.

De acuerdo a la escritura pública 1196, avalada por el notario público número 69, Hugo Wilbert Evia Bolio,  la operación fue en 182 millones de pesos.

No se específica la forma de pago, ni el periodo que estará vigente la operación de la promesa de compra-venta, como suele ocurrir en este tipo de operaciones.

Lo que llama la atención es que la propiedad se vendió a pesar de que la propiedad no está libre de gravamen, de acuerdo a la escritura que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad, el inmueble o terreno tiene un gravamen de 3 millones 392 mil 690 pesos, por lo cual, por ley, no se debería de vender.

El director del Isstey, José Arturo Sánchez Martínez, fue quien firmó la operación, sin embargo, esto con la aprobación del Consejo Directivo, encabezado por el gobernador Mauricio Vila Dosal.

De acuerdo con fuentes de Sol Yucatán, la operación se dio precisamente por órdenes del mandatario.

La misma propiedad, es decir, terreno rustico con tablaje catastral 26761, aparece en el catálogo de propiedades que se encuentran en remate por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, del Gobierno Federal.

En el catálogo del Instituto que depende de la Secretaría de Hacienda Federal, aparece la propiedad con el mismo metraje, como terreno rustico sin construcción.

El instituto que se dedica al aseguramiento de propiedades a la delincuencia organizada o adquiridos de manera ilícita, tras su aseguramiento los legalizan y luego los venden o en su caso los donan.

Con los recursos que se obtienen se destinan para fines sociales.

La propiedad tiene un precio de lista de 104 millones 239 mil 500 pesos.

Hasta el 2022, el inmueble aparecía en la lista de propiedades del Instituto y que se encontraba en remate o venta.

Por lo cual el Gobierno Estatal habría vendido un terreno que no era de su propiedad.

El año pasado, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, donó a título gratuito cinco propiedades al Gobierno Estatal, la donación fue recibida por la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra.

Por lo cual no se descarta que entre las propiedades estuviera precisamente este lote de más de 22.8 hectáreas de tierras.

Los terrenos, que se donaron eran para la construcción de obras en beneficio de la sociedad, como parques, conjuntos habitacionales o para industrias, pero no para vender.

En caso de que ese inmueble hubiera sido donado por el Instituto, el propio Gobierno infringió la ley, ya que no podía vender la propiedad y obtener beneficio económico, sin embargo, el terreno fue prácticamente rematado a una inmobiliaria.

El costo de metro cuadro fue de 787 pesos el metro cuadrado, cuando el precio por metro en esa zona es de 2 mil 200 pesos, es decir, el valor del terreno sería de 503 millones 8 mil pesos, pero el Gobierno del Estado, lo vendió a un precio mucho menor a su valor comercial, favoreciendo a la empresa inmobiliaria.

El año pasado el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), “remató” el edificio donde por años funcionó el centro comercial del Instituto, localizado sobre la calle 60 entre 47 y 49, a tan solo una esquina del Remate de Paseo de Montejo.

La operación se realizó el 8 de septiembre del año pasado, como consta en la escritura pública número 902, firmada por José Arturo Sánchez Martínez, Director General del Isstey, donde el inmueble de cerca de 10 mil metros cuadrados fue vendido a la empresa “Grow Import, Sociedad Anónima promotora de inversión de capital variable”.

La operación fue por la suma de 38 millones de pesos, un precio muy por debajo de su valor real.

De acuerdo con la inmobiliaria “Inmuebles24”, consultado por Sol Yucatán, el costo, sería de al menos 350 millones de pesos, es decir, el predio se habría vendido un 900 por ciento menos de su valor comercial, según, los tabuladores inmobiliarios.

La transacción fue avalada por el abogado Hugo Wilberth Evia Bolio, titular de la notaría pública No. 69, quien ha estado acusado de pertenecer a la mafia inmobiliaria.

Ocho son los responsables de la depredación de los bienes del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey).

Estas personas conforman el Consejo Directivo, quienes son los encargados de las decisiones importantes que involucran al Instituto de los trabajadores de Yucatán.

El Consejo está conformado por el gobernador, Mauricio Vila Dosal, la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, el Secretario de Educación Liborio Vidal Aguilar, el Secretario de Desarrollo Social, Roger Torres Peniche, el Secretario de Administración Fiscal, Roberto Suárez Coldwell, el líder sindical de maestros, Emmanuel González Chávez y el líder sindical de los trabajadores al servicio del estado, Jervis García Vázquez y el director general del Isstey, José Arturo Sánchez Martínez.

Durante los poco más de 5 años de la administración de Vila Dosal, el Gobierno, con el respaldo del Consejo, ha vendido al menos unas 20 propiedades del instituto de Trabajadores del Estado, sin embargo, los recursos obtenidos han ingresado de manera directa a las arcas del Gobierno Estatal y no del Instituto.

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