FISCALÍA, SUBORDINADA AL PODER

• En “fast track”, el fiscal Juan Manuel León León determinó la no acción penal de la denuncia por millonarios desvíos de recursos y cerró de tajo la carpeta de investigación contra Mauricio Vila Dosal

• La dependencia ni siquiera le notificó de la querella al Jefe del Ejecutivo y mucho menos fue requerido para que comparezca y aclare sobre las denuncias de las cuales fue objeto como marca la ley

• Fue denunciado por desvíos de recursos, dejar en estado de indefensión a las mujeres, omisión en la planeación de programas de salud que pusieron en grave riesgo la salud de los yucatecos, así como comercializar con el dolor de los yucatecos

Redacción/Sol Yucatán

La Fiscalía General de Yucatán desechó una denuncia contra el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, quien fue denunciado por desvíos de recursos, dejar en estado de indefensión a las mujeres, omisión en la planeación de programas de salud que pusieron en grave riesgo la salud de los yucatecos, así como comercializar con el dolor de los yucatecos.

La denuncia fue interpuesta por la Asociación Civil “Libertad de Información y Transparencia Peninsular A.C”, sin embargo, la dependencia ni siquiera le notificó de la querella al jefe del Ejecutivo y ni mucho menos fue requerido para que comparezca y aclare sobre las denuncias de las cuales fue objeto como marca la ley.

La dependencia, desde abril pasado, es una fiscalía autónoma como lo aprobó el Congreso del Estado, sin embargo, sólo está en el papel, porque es controlada desde Palacio de Gobierno y aún está sumisa al Poder Ejecutivo y es el brazo protector de los presuntos actos delictivos del gobernador y de sus funcionarios.

En “fast track”, la Fiscalía determinó la acción no penal de la denuncia y cerró de tajo la carpeta de investigación FGE/UNATD/UNATD-1191/2023, que se abrió el pasado 16 de agosto de este año contra el Jefe del Ejecutivo.

A la dependencia le tardó tres meses en concluir que no encontró elementos suficientes para presumir algún delito y con ello iniciar una investigación, cuando en casos normales a la dependencia le lleva como mínimo 12 meses para determinar la acción penal o no penal y el proceso de integración de la investigación, cuando no hay detenidos puede llevar varios años.

La Policía Estatal Investigadora encargada de realizar las investigaciones, luego de que el Ministerio Público recibe una denuncia no realizó ninguna diligencia, tampoco emitió notificaciones al Gobernador, al secretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas, a la titular de la secretaria de las Mujeres, María Cristina Castillo Espinosa, los directamente señalados, y el pasado 1 de diciembre se dio por cerrado el caso como notificó el fiscal Wilmer Francisco Pacheco Medina a la parte acusadora.

De acuerdo con la denuncia presentada por la agrupación de la Sociedad Civil y que obra en poder de esta casa editorial, a Vila Dosal se le acusa del desvió de 68.2 millones de pesos, en el 2019, cuyos recursos le fueron transferidos por parte de la Federación.

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) denunció que no encontró evidencia de que los recursos que se le asignaron al Gobierno de Yucatán se hubieran visto reflejadas en el surtido de medicamentos a los hospitales públicos pertenecientes al Estado, lo que en su momento provocó un desabasto.

También lo acusaron de dejar en estado de indefensión a miles de mujeres que viven en Yucatán, debido a que no existen políticas públicas para proteger a las féminas y prevenir la violencia de genero.

De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violencia familiar es el tercer delito más denunciado en Yucatán, sólo superado por daño en propiedad ajena y abuso de confianza y año con año se incrementan las cifras de feminicidio.

Vila Dosal fue señalado como el responsable de la tercera y cuarta ola de contagios de Coronavirus, al no contar con programas adecuados para la prevención de contagios, en específico y por retirar el uso obligatorio del cubrebocas, principal freno de contagios.

Asimismo, acusaron que la Fiscalía por órdenes directas del Poder Ejecutivo protege sistemáticamente la corrupción en el Gobierno, debido a que en el 2020 se abrieron 60 carpetas de investigación por corrupción ante la Vice Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, dependiente de la Fiscalía, sin embargo, sólo un caso fue sancionado, lo que equivale al 98.3 de impunidad en corrupción institucional.

Finalmente se acusó que al interior del Servicio Médico Forense o Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía, operaba una red que lucraba con el dolor de las familias.

Debido a que personal del instituto vendían la base de datos personales de los familiares que acudían a reclamar o hacer los trámites de sus familiares que murieron y cuyos cadáveres llegaron a ese lugar para la necropsia de ley.

Señalaron que trabajaban con una funeraria llamada “Recinto de Paz” y que se presume que a cambio de cada servicio contratado reciben una comisión.

A pesar de las declaraciones de afectados, la Fiscalía no encontró elementos suficientes para investigar, con lo cual cerró la carpeta.

No es la primera ocasión en la cual la Fiscalía, a cargo de Juan Manuel León León, opera como brazo protector y le da impunidad al Gobernador

En el 2018, el candidato de Morena, Joaquín Díaz Mena, al Gobierno del Estado denunció que Vila Dosal desvió 219 millones de pesos durante su gestión como alcalde de Mérida por medio de empresas fantasmas, sin embargo, de igual manera no se encontraron elementos suficientes y se le dio carpetazo al asunto.

Hay que recordar que a cambio de impunidad durante su gobierno y posterior a él, Vila Dosal perpetró en el puesto a León León, quien por iniciativa del Gobernador y que fue aprobado con voto panista y sus aliados, el Fiscal estará en el cargo por un lapso de 12 años.

También Vila, sus allegados y operadores están protegidos, debido a que ha colocado a incondicionales no sólo en la Fiscalía, sino en toda la estructura de impartición e investigación como la Agencia de Investigación Patrimonial y Económica de Yucatán, donde colocó a Olga Rosas Moya, quien estará durante 15 años, a magistrados a modo, quienes estarán por los próximos 15 años. Actualmente, María Carolina Silvestre Canto Valdés está como Magistrada Presidenta, en la Vice Fiscalía Anticorrupción colocó a Carlos Murillo Kú y en la Auditoría Superior del Estado estará Rubén Arjona Ortiz, quien aunque no se ha aprobado, es candidato único y sería puro trámite, estará en el cargo hasta el 2029.