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Escala el negocio de notarios
*José Eduardo Carrillo Lara, recientemente nombrado titular de la Notaría Pública número 138 e integrante de la red inmobiliaria del norte de Mérida, posee una fortuna inmobiliaria que supera los 100 MDP.
La cifra resulta relevante debido a que Carrillo Lara fue recientemente incorporado al nuevo bloque notarial del estado, en medio de cuestionamientos sobre los perfiles beneficiados con las nuevas patentes notariales
*El caso de Carrillo Lara ilustra cómo abogados, operadores patrimoniales, familias con activos millonarios y redes jurídicas convergen dentro del nuevo reacomodo inmobiliario y político de Yucatán
Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán
Mientras el gobierno repartía nuevas notarías en Yucatán bajo el discurso de fortalecer la seguridad jurídica, detrás del nuevo mapa notarial comenzaban a aparecer operaciones patrimoniales, hipotecas compartidas y redes inmobiliarias ligadas a algunos de los beneficiarios.
Uno de esos casos es el de José Eduardo Carrillo Lara, recientemente nombrado titular de la Notaría Pública número 138 con sede en Umán, quien simultáneamente aparece vinculado a propiedades, hipotecas y operaciones inmobiliarias compartidas con abogados y operadores patrimoniales dentro de algunas de las zonas de mayor plusvalía de Mérida.
Documentos oficiales del Registro Público de la Propiedad revelan que Carrillo Lara mantiene relaciones patrimoniales directas con Rodrigo Rosel Peniche, José Agustín Coello Cabrera e Ignacio Gaspar Gutiérrez Solís, con quienes aparece como deudor y garante hipotecario en operaciones inmobiliarias realizadas en la colonia Maya de Mérida.
El expediente corresponde al folio electrónico 464514, relacionado con un predio ubicado en la calle 24, número 515, de la colonia Maya. Ahí, el grupo constituyó una hipoteca en segundo lugar por 800 mil pesos mediante escritura pública otorgada ante la Notaría 98 de Mérida.
El documento establece que el financiamiento tuvo como finalidad trabajos de construcción y remodelación del inmueble, una práctica común dentro de esquemas de valorización inmobiliaria y reventa patrimonial.
La relevancia del grupo no radica únicamente en la operación financiera.
José Eduardo Carrillo Lara forma parte del nuevo bloque notarial impulsado por el gobierno estatal. Rodrigo Rosel Peniche aparece ligado a estructuras jurídicas y familias tradicionales de Mérida vinculadas históricamente al sector empresarial y notarial. Mientras tanto, José Agustín Coello Cabrera e Ignacio Gaspar Gutiérrez Solís aparecen integrados en operaciones patrimoniales conjuntas relacionadas con remodelación y garantía hipotecaria.
La colonia Maya, donde se ubica el inmueble, se ha convertido en una de las zonas con mayor plusvalía intermedia-alta de Mérida debido a su cercanía con Altabrisa, hospitales, plazas comerciales y corredores de crecimiento urbano. Actualmente, una propiedad remodelada en esa zona puede alcanzar entre 6 y 12 millones de pesos, dependiendo de dimensiones y acabados.
Pero los movimientos patrimoniales de Carrillo Lara no terminan ahí.
Otro expediente del Registro Público, correspondiente al folio electrónico 697780, revela una estructura patrimonial familiar mucho mayor en Prado Norte, una de las zonas residenciales premium del norte de Mérida.
El documento muestra una cancelación judicial de hipoteca derivada de un juicio promovido por José Gabriel Carrillo Vidiella, Neida Yolanda Lara Escoffie, Gabriela Carrillo Lara, Alberto Carrillo Lara, Alejandra Carrillo Lara y José Eduardo Carrillo Lara contra Banamex.
La sentencia declaró prescrita una hipoteca que pesaba sobre un inmueble ubicado en la calle 8 número 163 de Prado Norte, cuyo monto original ascendía a 60 millones de pesos.
El tamaño del gravamen permite dimensionar la magnitud patrimonial de la propiedad. Actualmente, inmuebles de alto nivel en Prado Norte pueden superar fácilmente valores de entre 45 y 90 millones de pesos, dependiendo de superficie y potencial comercial.
El expediente también muestra que José Eduardo Carrillo Lara aparece como nudo propietario en un 25 por ciento del inmueble familiar.
Paralelamente, Carrillo Lara y Elvia Hazel Heming Poot aparecen vinculados desde 2012 a operaciones de adquisición de tierra de reserva territorial en Mérida.
El folio electrónico 1037369 documenta la compra de un tablaje rústico de aproximadamente 600 metros cuadrados adquirido por apenas 55 mil pesos cuando ambos tenían 23 años.
La operación resulta significativa debido a la explosión de plusvalía inmobiliaria que ha vivido Mérida durante la última década.
Terrenos similares dentro de zonas absorbidas por el crecimiento urbano actualmente pueden alcanzar valores de entre 1.2 y 4.8 millones de pesos, dependiendo de infraestructura, accesos y cercanía con corredores urbanos.
Eso representa una multiplicación patrimonial de hasta más de 80 veces el valor originalmente registrado.
Otro de los activos vinculados a Carrillo Lara y Heming Poot aparece en el folio electrónico 1088273, correspondiente a una propiedad ubicada en San Antonio Residencial, en la zona de San Antonio Hool, al norte de Mérida.
El inmueble cuenta con construcción y una superficie cercana a los 184 metros cuadrados.
El historial registral revela además que anteriormente la propiedad estuvo relacionada con operaciones hipotecarias de más de 33 millones de pesos vinculadas a GDI de la Península, Patrimonio SOFOM y estructuras fiduciarias de Scotiabank.
Actualmente, propiedades similares dentro del corredor premium de San Antonio Hool pueden alcanzar entre 3.5 y 8 millones de pesos, dependiendo de construcción y ubicación.
En conjunto, los inmuebles y operaciones identificadas alrededor de José Eduardo Carrillo Lara y su círculo cercano alcanzan actualmente un valor estimado acumulado que podría oscilar entre 56 y más de 114 millones de pesos, considerando: la propiedad de Prado Norte, el inmueble remodelado en colonia Maya, la propiedad en San Antonio Hool y la reserva territorial adquirida desde 2012.
La cifra resulta particularmente relevante debido a que Carrillo Lara fue recientemente incorporado al nuevo bloque notarial del estado por el gobierno de Joaquín Díaz Mena, en medio de cuestionamientos sobre los perfiles beneficiados con las nuevas patentes notariales.
En Yucatán, el notariado históricamente ha sido mucho más que una función jurídica.
Los notarios controlan operaciones inmobiliarias, fideicomisos, urbanización de reservas territoriales, desarrollos residenciales, constitución de empresas y movimientos patrimoniales multimillonarios. Por ello, el acceso a nuevas notarías suele interpretarse como una redistribución de poder económico y territorial dentro del Estado.
El caso de José Eduardo Carrillo Lara ilustra precisamente cómo abogados, operadores patrimoniales, familias con activos millonarios y redes jurídicas convergen dentro del nuevo reacomodo inmobiliario y político de Yucatán.
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