Entrenadores acusados de maltrato a deportistas

Cadena de abusos a niñas

*Quejas presentadas ante la CODHEY, el IDEY y diversas autoridades desde 2010 denuncian presuntos maltratos físicos, psicológicos y discriminación contra menores clavadistas.

*Padres acusan que tres gobiernos: PRI, PAN y Moren, haber permitido que los señalados permanezcan dentro del sistema deportivo, mientras las víctimas siguen exigiendo justicia.

Redacción/Sol Yucatán

Dieciséis años de denuncias, quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), escritos dirigidos a gobernadores, directores del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) y otras autoridades no han sido suficientes para frenar lo que padres de familia califican como una cadena de abusos, hostigamiento y maltrato contra niñas que practicaban clavados en Yucatán.

Las acusaciones apuntan principalmente contra el entrenador cubano Alexander González y contra Landy Marrufo Morales, identificada por los denunciantes como responsable de la coordinación de la disciplina de clavados y madre del exclavadista Rommel Pacheco, conocido como «Chapulín». De acuerdo con los expedientes, ambos han sido señalados durante años por presuntos actos de violencia psicológica, discriminación y decisiones que afectaron la carrera deportiva de menores de edad.

Lo más grave, sostienen los denunciantes, es que ninguna administración estatal ha puesto un alto definitivo a estos hechos. Desde los gobiernos del PRI, pasando por el PAN y ahora Morena, los responsables habrían permanecido protegidos mientras las familias recorrían oficinas gubernamentales buscando justicia.

Los documentos muestran que las inconformidades no son recientes. Desde 2010 y 2011 existen escritos dirigidos a la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, al entonces director del IDEY, José Novelo Flores, a funcionarios deportivos y a la propia CODHEY, donde se describen presuntos actos de violencia ejercidos contra la atleta Cynthia Ixtaccihuatl Cortés Luis.

En una de las quejas, el padre de la deportista, Reynaldo Cortés Urbina, acusa directamente al entrenador Alexander González de realizar constantes agresiones verbales y psicológicas contra su hija.

Entre las expresiones que quedaron asentadas en el expediente aparecen frases como: «Tu trabajo es una mierda», «Ni pienses entrar a la prueba de plataforma de cinco metros», «Tu capacidad técnica está por debajo de competidoras de otros estados» y «Eso está fuera de tu alcance», comentarios que, según el denunciante, buscaban humillar y desmotivar a la menor.

El padre también denunció que su hija fue abandonada durante competencias nacionales, sin asesoría técnica, además de que existía desorganización para informar sobre viajes, apoyos económicos y entrega de uniformes deportivos. A ello se sumaba, afirmó, la constante negativa para permitir el acceso de la atleta al Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), situación que únicamente cambió tras la intervención directa de la entonces gobernadora Ivonne Ortega.

Las respuestas oficiales tampoco convencieron a la familia.

En los documentos aparece una contestación de Landy Marrufo Morales, quien atribuyó parte de la problemática al desempeño académico de la atleta y defendió el funcionamiento del CARD. Sin embargo, el padre respondió que su hija había logrado mejorar sus calificaciones pese a las dificultades del sistema educativo abierto y reiteró que jamás recibió apoyo de la coordinadora.

Por su parte, Alexander González negó haber ejercido maltrato físico o psicológico y aseguró que las inconformidades ya habían sido atendidas en reuniones previas. No obstante, la familia respondió exhibiendo la trayectoria deportiva de Cynthia, quien incluso representó a Yucatán en la Olimpiada Nacional de Guadalajara 2010, convirtiéndose en la primera mujer yucateca en competir en plataforma de siete metros en esa justa nacional.

Lejos de terminar, el conflicto se intensificó.

En junio de 2011, Reynaldo Cortés volvió a acudir ante la CODHEY para denunciar que, tras recuperarse de una lesión, su hija fue rechazada nuevamente para entrenar por instrucciones de Landy Marrufo, quien presuntamente ordenó que la joven ya no fuera aceptada. Según el escrito, el entrenador Héctor Soto les informó que la atleta era considerada «un caso perdido» y que ya no tenía lugar dentro del equipo.

El documento también señala que la familia llevaba más de nueve años soportando penurias, agresiones físicas y psicológicas, además de denunciar que Marrufo ejercía un control absoluto sobre la disciplina de clavados, tomando decisiones sin que nadie dentro del instituto interviniera para corregir la situación.

La CODHEY recibió formalmente la denuncia y abrió el expediente 44-4/2011, cuya notificación quedó asentada el 18 de octubre de 2011, prueba de que las acusaciones llegaron formalmente al organismo defensor de los derechos humanos.

Sin embargo, de acuerdo con las nuevas denuncias que hoy resurgen, los presuntos responsables continuaron dentro del sistema deportivo y las prácticas denunciadas nunca desaparecieron.

Padres de familia afirman que durante tres administraciones estatales las autoridades deportivas han permitido que los mismos personajes permanezcan vinculados al programa de clavados, pese al historial de señalamientos.

Los denunciantes consideran que el problema ya no puede atribuirse únicamente a decisiones individuales, sino a un esquema de protección institucional que ha sobrevivido a los cambios de gobierno.

Para ellos, resulta incomprensible que existan expedientes presentados desde hace más de una década y que, pese a ello, las denuncias por presunto maltrato contra niñas deportistas sigan apareciendo una y otra vez.

Hoy, las familias exigen que tanto el IDEY como la CODHEY revisen nuevamente los expedientes acumulados durante todos estos años y determinen si existieron omisiones por parte de las autoridades deportivas que permitieron que las denuncias quedaran archivadas sin consecuencias.

Porque mientras los gobiernos cambiaron de color político, las acusaciones permanecieron exactamente en el mismo lugar: sin justicia para las víctimas.