Cepredey, dependencia fantasma

*El Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana se ha convertido en una dependencia de acomodo político, lo que ha llevado al fracaso de estrategias de prevención del delito. Al día de hoy hay un crecimiento del 52% de la incidencia delictiva.

*Documentos de transparencia muestran un caso grave de conflicto de interés, debido a que se han inyectado recursos a organizaciones ligadas a funcionarios o colaboradores externos de la propia institución.

*Ante este panorama, organizaciones han solicitado el cese de la directora de la dependencia, alegando que han fracasado los programas de prevención, lo que está ocasionando el incremento delictivo en la entidad.

Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán

La prevención del delito fue presentada por el gobierno de Yucatán como uno de los pilares para conservar a la entidad entre las más seguras del país. Sin embargo, los datos oficiales muestran un escenario opuesto: la delincuencia va en aumento mientras el organismo responsable de prevenirla continúa reportando cientos de actividades comunitarias, talleres y apoyos económicos cuyo impacto real deja mucho que desear.

El caso del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey) deja en entredicho no solo la eficacia de su estrategia, sino también la forma en que administra recursos públicos y la posible existencia de conflictos de interés en la asignación de apoyos económicos.

Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan una realidad que contradice el discurso institucional. Entre enero y mayo de 2025 se denunciaron 1 mil 954 delitos en Yucatán.

Durante el mismo periodo de 2026, la cifra ascendió a 2 mil 978, un incremento de mil 24 ilícitos, equivalente al 52%. El dato adquiere especial relevancia porque Cepredey tiene como misión precisamente coordinar las políticas estatales de prevención del delito, fortalecer la participación ciudadana e incidir sobre los factores sociales que generan violencia.

Sin embargo, los resultados muestran una tendencia opuesta, a pesar de los millonarios recursos que se designan a la prevención del delito. De acuerdo con la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Yucatán, la dependencia tiene como finalidad diseñar, coordinar y evaluar políticas públicas orientadas a prevenir la delincuencia y promover la participación ciudadana.

Su función legal no consiste únicamente en organizar actividades recreativas o comunitarias, como lo hace al día de hoy, sino en contribuir a disminuir la violencia mediante estrategias medibles y sustentadas en evidencia.

Al mismo tiempo, a través de documentos obtenidos mediante solicitudes de transparencia, se encontraron padrones de beneficiarios, informes institucionales y publicaciones oficiales que revelan una serie de coincidencias que abren interrogantes sobre el manejo de recursos públicos por parte del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, particularmente en la asignación de apoyos económicos a organizaciones vinculadas con personas relacionadas con la propia dependencia y en el financiamiento de proyectos que ya contaban con otras fuentes de recursos.

La revisión del programa “Entrega de apoyos económicos a las instituciones y/o agrupaciones para fomentar la cultura de la prevención” revela uno de los aspectos más sensibles. Aunque formalmente los recursos fueron distribuidos entre trece organizaciones civiles, diversos documentos públicos muestran que algunas de ellas mantienen vínculos con personas que posteriormente aparecen colaborando dentro de la dependencia o relacionadas con su estructura institucional.

Entre las que se encuentran, “Colectiva Cuerva”, organización que aparece en el padrón oficial de beneficiarios del programa. Sin embargo, publicaciones institucionales y documentación pública muestran vínculos entre integrantes de esa agrupación y personas que posteriormente desempeñan funciones dentro del propio Cepredey.

Hasta ahora no existe información pública que explique si dichos vínculos fueron declarados, evaluados o considerados durante el proceso de asignación de apoyos.

“Percusiones del Sur” y “Cedidown I.A.P.”: la documentación pública ubica a Tania Roche como directora general de la asociación beneficiada, posteriormente, la misma persona aparece desarrollando actividades dentro de la estructura operativa de la institución gubernamental.

La investigación documental también encontró otro aspecto: proyectos que previamente ya recibían recursos provenientes de empresas privadas o fundaciones, también recibieron recursos de la dependencia. El caso involucra a Percusiones del Sur, ABCOSUR I.A.P., Renacer ADN y Fundación Bepensa, quienes recibieron recursos públicos para proyectos financiados por organizaciones privadas.

En medio de este contexto, activistas defensoras de los derechos humanos han solicitado el cese de la directora del Centro Estatal para la Prevención del Delito (Cepredey), Zayuri Valle Valencia. Por lo cual hicieron la petición formal al gobernador, para que analice y tome una decisión ante el crecimiento exponencial de la incidencia delictiva.

Explicaron que es alarmante el crecimiento de la incidencia delictiva en Yucatán, por lo cual es evidente que las estrategias implementadas por el Cepredey no están funcionando. Uno de los graves problemas es que el Cepredey fue utilizado por la actual administración para colocar a recomendados de funcionarios y políticos, aunado a que la directora no tiene experiencia en el ramo y su perfil se adecúa más al sector educativo.

Mientras tanto, los delincuentes no se duermen y han comenzado a penetrar la coraza de Yucatán, que hasta hace unos años parecía impenetrable.