¡Endeudan hasta a nuestros nietos!

• El gobernador hipoteca el futuro de Yucatán con crédito a 15 años con el préstamo de mil 562 millones de pesos.

Redacción / Sol Yucatán

Sin escrúpulos ni rigor financiero, la administración estatal ha puesto en marcha un manotazo presupuestal que condenará el futuro económico del estado. La iniciativa financiera enviada al Congreso local no solo busca endeudar a la entidad con un nuevo paquete crediticio de 1,562 millones de pesos, sino que impone una reestructuración de la deuda existente por más de 9,267 millones de pesos, difiriendo los pagos a 15 años y multiplicando de forma escandalosa el costo total de los intereses que terminarán pagando nuestros hijos y nietos.

Detrás del discurso oficial que promete «ahorros» y «obras necesarias», la realidad técnica y financiera revela un verdadero zarpazo al bolsillo de los ciudadanos: la supuesta disminución de la presión presupuestaria inmediata es un simple espejismo logrado a costa de alargar la vida del crédito. Reducir la cuota mensual hoy extendiendo la deuda a 15 años no es ahorrar; es patear la cuenta hacia adelante y condenar a Yucatán a una espiral de cobros bancarios insostenibles.

Foros de oropel: sustituyen estudios técnicos por propaganda

Para intentar justificar semejante boquete financiero, el Gobierno del Estado echó mano del paquete de consultas denominado «Plan Bienestar Metropolitano». Sin embargo, la supuesta participación ciudadana fue una vil simulación publicitaria. Las obras y los montos ya estaban decididos en las oficinas del poder antes de convocar a la gente, sustituyendo verdaderos estudios de impacto socioeconómico por campañas de propaganda en redes y medios oficialistas.

En lugar de realizar una consulta auténtica —previa, informada, transparente y con las etapas metodológicas exigidas por ley—, se pretendió que la ciudadanía y los sectores productivos y académicos analizaran la complejidad del desarrollo urbano en mesas improvisadas de apenas 45 minutos. Tampoco se respetó la jerarquía de movilidad ni el Derecho Humano a la Ciudad consagrado en la Constitución Local, reduciendo la voz del pueblo a una simple toma de fotografía y listas de asistencia para maquillar la decisión ya tomada.

Vigilancia de utilería: un comité «sin dientes» ni facultades

Otra de las grandes trampas al descubierto dentro del paquete financiero es el cacareado «Comité de Seguimiento», presentado por el Ejecutivo como la garantía de transparencia para el uso de los recursos. La letra pequeña de los artículos transitorios desmonta el teatro: la función del comité será puramente honorífica, consultiva y de acompañamiento voluntario.

Peor aún, este comité desaparecerá una vez adjudicadas las obras y ejercidos los fondos, dejándolo sin existencia durante los 15 años en los que se estará pagando el crédito. Se trata de un órgano adorno, sin facultades vinculantes, sin capacidad legal para auditar ni para sancionar. Si el Ejecutivo buscara una verdadera fiscalización, establecería por ley la obligación de rendir cuentas permanentemente al Congreso sobre cada contrato, licitación, sobretasa y banco adjudicado, en lugar de crear comités de utilería para maquillar el endeudamiento.

Tecnología obsoleta pagada a 15 años y desprecio al ahorro interno

La falta de rigor técnico en el paquete financiero enviado por el Gobierno estatal es alarmante. Tras la revisión de la iniciativa, queda al descubierto la inexistencia de Proyectos Ejecutivos de Inversión, Expedientes Técnicos desglosados y Análisis Costo-Beneficio que acrediten legalmente el destino del dinero.

El caso más escandaloso se evidencia en el rubro de seguridad pública: pretender contratar un préstamo a 15 años por 400 millones de pesos para comprar equipo tecnológico, cámaras, software y servidores rompe cualquier lógica financiera. En 5 años esa tecnología estará completamente obsoleta y en el desuso, pero las familias yucatecas continuarán pagándola en los bancos durante toda una década más.

Lo más grave es que existían alternativas reales para evitar pedir fiado en el banco. Si el Ejecutivo tuviera voluntad de cuidar el dinero público, habría apretado el cinturón burocrático, recortando gastos superfluos en comunicación, protocolo y ceremonias, o programando las obras de manera multianual rumbo al Presupuesto 2027. Incluso, si la renegociación de la deuda actual por 9,267 millones de pesos generara un ahorro genuino en intereses como afirma la autoridad, dicho recurso recuperado debió ser canalizado directamente a las obras de agua e infraestructura sin contratar un nuevo crédito por 1,562 millones.

Hoy el Gobierno les da la espalda a los 106 municipios del interior para concentrar los fondos en la zona metropolitana, ignorando las propuestas de austeridad y dejando claro su verdadero objetivo: trasladar la cuenta de sus desatenciones actuales a las próximas generaciones de yucatecos.