Empresas delatan trampas de Mañé

• Un documento oficial del Gobierno de Yucatán revela que una de las empresas controladas por Moshe Álvaro Mañé Uribe sí accedió a recursos públicos. El contrato confirma que su entramado empresarial no solo promete negocios, sino que ya tocó presupuesto estatal.

• Mientras pesan denuncias por incumplimientos, engaños y desarrollos sin servicios, una empresa del grupo Mañé fue beneficiada con más de 1.5 millones de pesos.

• Un rastro mínimo, pero suficiente para exhibir cómo el dinero público comienza a fluir hacia un modelo empresarial marcado por la opacidad.

Redacción/Sol Yucatán

Moshe Álvaro Mañé Uribe aparece en expedientes mercantiles como un operador con doble rostro: a veces socio y administrador, en otras como apoderado con facultades absolutas. Ese patrón no es anecdótico: es un diseño.

En M1117 S.A. de C.V., constituida con capital mínimo de 50 mil pesos, Mañé Uribe figura como socio junto con Christian Jesús Mañé Uribe, y además queda nombrado administrador único, es decir, el control total de la firma y su representación legal en una sola persona.

El objeto social de esa sociedad es deliberadamente expansivo e incluye desde maquinaria y construcción hasta urbanización, banca de materiales y, lo más revelador, la posibilidad de “participar en concursos de la administración pública” y “usar recursos públicos y/o privados” para créditos o financiamientos.

No es una empresa especializada: es una razón social preparada para moverse donde haya negocio y, si se abre la puerta, también donde haya presupuesto.

M1117 S.A. de C.V. obtuvo un contrato por 1 millón 534 mil 315 pesos con 27 centavos, adjudicado por el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY). El documento, alojado en un dominio institucional, consigna a la empresa como beneficiaria de recursos públicos destinados a infraestructura, confirmando que al menos una de las sociedades controladas directamente por Mañé Uribe logró acceder a presupuesto estatal mediante un esquema formal de contratación.

El dato resulta especialmente relevante por el contexto empresarial del beneficiario. M1117 S.A. de C.V. es una empresa donde Moshe Álvaro Mañé Uribe aparece no solo como socio, sino como administrador único, con control absoluto de la representación legal, la firma de contratos y la administración de recursos.

Es decir, el contrato no fue otorgado a una empresa ajena o marginal, sino a una sociedad donde el propio Mañé concentra todas las facultades decisorias. Aunque el monto puede parecer menor frente a otros contratos millonarios del Estado, su importancia es simbólica y estructural: demuestra que el entramado empresarial de Mañé Uribe sí ha cruzado la línea entre la actividad privada y el acceso directo a recursos públicos, bajo un modelo corporativo diseñado para moverse con facilidad entre giros y dependencias, y que merece un escrutinio más amplio sobre cuántos otros contratos pudieron adjudicarse sin dejar huella clara en los portales de transparencia.

En LOTURA S.A. de C.V., el molde se repite, pero en versión “colegiada”: los socios que aparecen en el documento son Christian Jesús Mañé Uribe, Alberto Cobos Matos y Moshe Álvaro Mañé Uribe.

La administración queda en consejo, con Christian como presidente, Cobos como secretario y Moshe como tesorero.

Y no se trata de puestos decorativos: el propio documento establece que para actos de dominio y operaciones de crédito se requiere la actuación mancomunada de esos cargos, lo que coloca a Moshe en la caja fuerte de la empresa: donde se deciden los préstamos, los gravámenes, los títulos de crédito y el poder real.

En TACTICAL S.A. de C.V., la estructura es aún más agresiva: los accionistas documentados son Moshe Álvaro Mañé Uribe, Yasmina Zugehire Ruiz Argueta y Pamela Guadalupe Encalada Villanueva, con una participación igualitaria, y con Moshe designado administrador único.

Las facultades otorgadas al administrador no dejan lugar a dudas: actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, y manejo de títulos de crédito.

Es decir: una empresa donde el control legal y financiero se concentra de manera explícita en Mañé Uribe. Incluso figura como comisario de vigilancia Anduar Ulises Mañé Uribe, reforzando el componente familiar alrededor del control.

El cuarto y quinto caso completan el retrato del “operador” cuando no aparece como socio. En el expediente de COMASA SOLUCIONES S.A. de C.V., lo que está documentado es que la empresa, representada por Carlos Enrique Carrillo Farfán, revoca a Moshe Álvaro Mañé Uribe un poder general que incluía pleitos, administración, dominio y títulos de crédito, otorgado desde 2022.

Aquí el dato es demoledor por sí mismo: no se revoca un poder así a cualquiera, se revoca a quien estuvo en posición de comprometerlo todo. En SUCOVISA S.A. de C.V., el Registro Público muestra como socios fundadores a José Bernardino Chuil Chan y Jorgenteban Guadalupe Chuil Pech, con José Bernardino como administrador único.

Pero en paralelo, los documentos indican que Mañé Uribe fue apoderado con facultades amplias en ese entorno corporativo, es decir, vuelve el patrón: aunque no figure como dueño, figura como quien puede firmar y operar.

Hasta ahí, los hechos mercantiles. El problema, y el motivo del enfoque crítico, aparece cuando se cruza este modelo corporativo con lo que ya circula en esfera pública: denuncias de familias afectadas, protestas y cobertura nacional que señalan a empresas vinculadas a los Mañé por presuntos fraudes y viviendas entregadas incompletas o sin condiciones adecuadas.

Hay reportes de protestas y hay familias que aseguran ser víctimas de un “presunto fraude” con viviendas, mencionando a Sucovisa y Comasa, así como a los hermanos Mañé Uribe.

Se describió el caso como un esquema denunciado por afectados y apuntó a esas empresas y a presunta complicidad de funcionarios, en el contexto de 178 familias señaladas como afectadas.

Con ese contexto, el patrón empresarial de Mañé Uribe deja de ser un dato técnico y se vuelve un foco rojo narrativo: sociedades con objetos sociales amplísimos, estructuras que habilitan actuar ante autoridades, capacidad de firmar y endeudar, y un uso recurrente de poderes generales que convierten a una persona en “llave maestra” para operar empresas completas.

En otras palabras: cuando las denuncias públicas hablan de promesas que no se cumplen y de desarrollos que terminan sin servicios o inconclusos, lo que revelan los documentos es que Mañé Uribe no es un actor secundario, sino un nodo que aparece una y otra vez donde importa la firma, el poder y el control.

Moshe Álvaro Mañé Uribe es el creador de la arquitectura corporativa que, cuando se combina con denuncias por incumplimientos y señalamientos de captura institucional, exige una pregunta que el gobierno y los organismos deben responder con documentos, no con discursos: ¿quién autoriza y quién supervisa y quién garantiza que las empresas que operan en torno al dinero público y la tierra no conviertan las promesas en negocio y el incumplimiento en método?