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El imperio de Ivonne y Rolando
- Megapredios valuados en miles de millones de pesos, denuncias de ejidatarios, hospitales inconclusos, recursos federales desaparecidos y obras que multiplicaron sus costos, forman parte del legado que dejaron
- Ejidatarios de Dzemul denunciaron ante la Procuraduría Agraria la presunta venta irregular de aproximadamente 800 hectáreas de tierras que pertenecen al núcleo ejidal desde 1925.
- Operaciones de Rolando Zapata que van desde la adquisición de predios mediante adjudicaciones gratuitas, compras a precios considerados irrisorios y la posesión de terrenos estratégicamente ubicados en corredores inmobiliarios que hoy representan millones de pesos en plusvalía
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Redacción/Sol Yucatán
Más de dos millones de yucatecos salen todos los días a trabajar para pagar alimentos, transporte, servicios, renta o hipotecas. Para la mayoría, construir un patrimonio representa décadas de esfuerzo. Sin embargo, durante los años en que Ivonne Ortega Pacheco y posteriormente Rolando Zapata Bello gobernaron Yucatán, el estado fue escenario de proyectos multimillonarios, operaciones inmobiliarias controvertidas y decisiones financieras que aún hoy generan cuestionamientos.
EL IMPERIO DE IVONNE
La historia comienza con Ivonne Ortega Pacheco, quien gobernó Yucatán de 2007 a 2012 y que actualmente ocupa una curul en la Cámara de Diputados como coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano.
Años después de abandonar el Palacio de Gobierno, los registros públicos siguen exhibiendo un patrimonio inmobiliario que llama poderosamente la atención.
Documentos revisados por Sol Yucatán muestran que la exgobernadora aparece vinculada a por lo menos diez predios ubicados principalmente en Dzemul y Mérida.
Entre ellos destaca un gigantesco terreno identificado como el tablaje 12381 de Dzemul, una extensión de aproximadamente 349 hectáreas que fue dividida en tres partes durante 2021.
Aunque en los documentos oficiales los valores reportados son relativamente bajos, especialistas inmobiliarios consultados han estimado que el valor comercial de esa superficie podría alcanzar hasta los 3 mil 490 millones de pesos debido a su ubicación estratégica y al crecimiento de la plusvalía en la zona costera del estado.
A ello se suman otros predios urbanos y rústicos en Dzemul, así como propiedades en zonas de alta plusvalía de Mérida, incluyendo Altabrisa y la colonia México Norte.
Uno de los aspectos que más llama la atención es que varios de estos inmuebles estuvieron sujetos a embargos fiscales promovidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cargas que posteriormente fueron canceladas mediante procedimientos judiciales.
Las cancelaciones abarcaron predios en Dzemul, así como propiedades ubicadas en Altabrisa y la colonia México Norte.
La polémica sobre las tierras de Ivonne Ortega no se limita únicamente al tamaño de su patrimonio.
En 2023, ejidatarios de Dzemul denunciaron ante la Procuraduría Agraria la presunta venta irregular de aproximadamente 800 hectáreas de tierras que, según sostienen, pertenecen al núcleo ejidal desde 1925.
Los campesinos señalaron que nunca existió una asamblea que autorizara la operación y acusaron que los terrenos terminaron en manos de particulares vinculados a desarrollos inmobiliarios.
El conflicto escaló cuando comenzaron labores de desmonte en la zona.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inició procedimientos por afectaciones ambientales derivadas de la deforestación de aproximadamente dos hectáreas, además de investigar posibles irregularidades relacionadas con el uso de suelo.
Para los ejidatarios, el nombre de Ivonne Ortega aparece constantemente en el origen del conflicto.
La exgobernadora también ha sido señalada durante años por el manejo de proyectos emblemáticos de su administración.
Entre ellos destaca el Gran Museo del Mundo Maya, promovido como una de las obras insignia de su gobierno.
Aunque fue presentado como un proyecto cultural de gran relevancia para Yucatán, diversos sectores han cuestionado durante años el esquema financiero utilizado para su construcción y los compromisos económicos que derivaron para las finanzas públicas.
Mientras su patrimonio territorial crecía, las finanzas del Estado sufrían. Su administración fue señalada por dejar una deuda pública cercana a los 2,000 millones de pesos, además de un rosario de obras inconclusas como el hospital de Tekax —prometido, inaugurado en discursos, pero sin médicos ni pacientes—. Ese hospital fantasma se convirtió en símbolo del contraste entre el discurso oficial y la realidad.
La paradoja: mientras el hospital permanecía vacío, Ivonne Ortega acumulaba hectáreas de tierra a precios irrisorios, declaradas en escrituras por montos que no superaban unos cuantos miles de pesos.
Pero el caso más controvertido llegó cuando el proyecto hospitalario cambió de rumbo. En la recta final del gobierno de Ivonne Ortega se impulsó la construcción de un nuevo hospital en Ticul bajo el esquema de Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS), mecanismo que comprometía pagos públicos durante más de dos décadas. El nuevo hospital fue adjudicado a Grupo Marhnos y el costo del proyecto pasó de aproximadamente 300 millones de pesos a cerca de 948 millones 750 mil pesos.
Diversos análisis señalaron que dicho esquema comprometía más de 5 mil 500 millones de pesos en recursos públicos a largo plazo, una carga financiera que terminaría heredándose a las administraciones posteriores.
A ello se suman otros proyectos de alto impacto mediático impulsados durante su sexenio, como los conciertos realizados en Chichén Itzá y diversas inversiones que fueron objeto de observaciones y críticas por parte de opositores y organismos fiscalizadores.
Para sus críticos, el contraste es inevitable: mientras el estado enfrentaba necesidades urgentes en materia de salud, infraestructura y desarrollo social, el patrimonio inmobiliario de la entonces gobernadora continuaba creciendo.
EL HEREDERO DEL PODER
Si Ivonne Ortega dejó tras de sí una estela de cuestionamientos por el manejo de los recursos públicos, su sucesor, Rolando Zapata Bello, heredó el poder y construyó su propio legado de polémicas, denuncias y presuntos negocios que hasta hoy siguen persiguiendo su carrera política.
A diferencia de millones de yucatecos que han tenido que abrirse camino en la iniciativa privada, emprender negocios o buscar oportunidades laborales para sostener a sus familias, Rolando Zapata ha pasado prácticamente toda su vida dentro de la estructura gubernamental y partidista. Desde sus primeros cargos en la administración pública hasta convertirse en gobernador de Yucatán y posteriormente senador de la República, su trayectoria ha estado ligada de manera permanente al ejercicio del poder.
Sin embargo, al concluir su administración comenzaron a surgir señalamientos que cuestionaron no sólo el manejo de los recursos públicos durante su sexenio, sino también el crecimiento de un patrimonio inmobiliario ubicado precisamente en algunas de las zonas de mayor plusvalía del estado.
Investigaciones lo han vinculado con una serie de operaciones que van desde la adquisición de predios mediante adjudicaciones gratuitas, compras a precios considerados irrisorios y la posesión de terrenos estratégicamente ubicados en corredores inmobiliarios que hoy representan millones de pesos en plusvalía.
Los registros consultados muestran que en 1996 recibió mediante adjudicación gratuita un predio rústico de 7 mil 377 metros cuadrados en Chuburná, una zona que décadas después se convertiría en una de las áreas más codiciadas para el desarrollo inmobiliario. A ello se suma una propiedad en Santa María Chi adquirida en 2004 por apenas 45 mil 534 pesos, un monto que especialistas consideran muy por debajo de los valores reales de mercado incluso para aquella época.
Posteriormente, en 2021, recibió mediante donación familiar un terreno rústico de más de 3 mil 385 metros cuadrados en Komchén, una de las zonas donde actualmente se concentra el boom inmobiliario del norte de Mérida y donde el valor de la tierra se ha multiplicado de manera exponencial.
Pero el patrimonio inmobiliario es apenas una parte de los cuestionamientos.
Durante los últimos años han salido a la luz investigaciones que documentan presuntos pagos por hasta 900 millones de pesos a empresas fantasma durante su administración. De acuerdo con los señalamientos, al menos 16 compañías fueron boletinadas por el Servicio de Administración Tributaria por operaciones simuladas relacionadas con recursos públicos ejercidos durante su gobierno.
A ello se agregan más de una veintena de denuncias por presunto daño patrimonial que, según las investigaciones difundidas, superarían los 533 millones de pesos.
Uno de los casos más controvertidos gira en torno a la Reserva de Ucú. De acuerdo con la información publicada, durante los últimos meses de su gobierno fueron vendidos más de un millón de metros cuadrados de terrenos pertenecientes al patrimonio estatal a la empresa inmobiliaria Hogare, vinculada a la familia Ponce, a un precio de aproximadamente 90 pesos por metro cuadrado.
La operación, según los señalamientos, habría significado un beneficio multimillonario para el grupo empresarial, pues el valor real de los terrenos sería varias veces superior al monto pagado. Hoy, sobre esas mismas tierras se proyectan desarrollos habitacionales de gran escala que podrían generar ganancias extraordinarias para sus propietarios.
El caso ha sido señalado por diversos analistas como un ejemplo de cómo terrenos originalmente destinados a respaldar compromisos públicos terminaron integrándose a negocios privados de enorme rentabilidad.
A los cuestionamientos financieros se suma también el caso del desarrollo habitacional Misne Balam, donde aparece mencionado su sobrino Rolando Bello Mejía. Diversas denuncias señalan presuntos fraudes inmobiliarios que habrían afectado a numerosas familias yucatecas. Las acusaciones sostienen que las investigaciones permanecieron estancadas durante años debido a influencias políticas y relaciones de poder construidas durante décadas.
Mientras tanto, nuevas versiones apuntan a que el exgobernador ha fortalecido inversiones fuera del país. Diversos reportes lo vinculan con operaciones en España, donde habría realizado inversiones por alrededor de 500 mil euros para obtener beneficios migratorios y establecer una plataforma patrimonial en Europa.
La imagen del político institucional que hoy ocupa un escaño en el Senado contrasta con un largo listado de denuncias, observaciones financieras, operaciones inmobiliarias y cuestionamientos sobre el destino de recursos públicos ejercidos durante su administración.
LA CUENTA PARA LOS YUCATECOS
Más allá de los nombres, los partidos y los cargos públicos, la pregunta que sigue vigente es qué obtuvo realmente la población después de más de una década de gobiernos encabezados por Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello.
Por un lado, quedaron megapredios, conflictos agrarios, denuncias de ejidatarios, investigaciones sobre operaciones inmobiliarias y cuestionamientos patrimoniales.
Por el otro, hospitales que tardaron años en concretarse, presupuestos que se multiplicaron varias veces y recursos públicos cuyo destino sigue siendo objeto de debate.
La historia de ambos exgobernadores refleja dos caras de una misma moneda.
Ivonne Ortega representa los señalamientos relacionados con tierras, patrimonio y acumulación de plusvalía.
Por su parte, Rolando Zapata Bello encarna los señalamientos relacionados con presuntos desvíos de recursos públicos, pagos millonarios a empresas fantasma, operaciones inmobiliarias cuestionadas y la transferencia de bienes públicos a grupos empresariales favorecidos durante su administración.
Mientras tanto, millones de yucatecos continúan enfrentando los mismos desafíos de siempre: salarios insuficientes, acceso limitado a servicios de salud, dificultades para adquirir una vivienda y una economía que obliga a miles de familias a hacer esfuerzos extraordinarios para llegar al final de cada mes.
Doce años después, los nombres de Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello siguen apareciendo en expedientes, denuncias, investigaciones y controversias.
Y aunque ambos dejaron hace tiempo el Palacio de Gobierno, las consecuencias de muchas de sus decisiones continúan presentes en la vida pública de Yucatán.
La factura, para muchos ciudadanos, todavía sigue llegando.
