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El banco de tierras del poder
- Treinta y siete documentos oficiales del RPP revelan cómo socios directos de Dafne López Martínez concentran nueve hectáreas en la zona metropolitana de Mérida, adquiridas a campesinos a precios bajos y hoy valuadas en 75 MDP
- Acumulación sistemática de predios en municipios clave como Ucú y Yaxkukul, zonas que concentran la mayor presión de crecimiento urbano en el estado.
- La pregunta es por qué el crecimiento de Yucatán sigue beneficiando a los mismos círculos cercanos al poder, mientras la tierra campesina se diluye en operaciones silenciosas.
Redacción/Sol Yucatán
En los últimos años, los socios del coordinador de asesores del Gobierno del Estado de Yucatán, Dafne David López Martínez, se han adueñado de un banco de tierras estratégicamente ubicado en la zona metropolitana de Mérida, justo donde hoy se localiza el epicentro del boom inmobiliario. No es una conjetura ni una versión política: son 37 documentos oficiales del Registro Público de la Propiedad los que permiten reconstruir, paso a paso, la acumulación sistemática de predios en municipios clave como Ucú y Yaxkukul, zonas que concentran la mayor presión de crecimiento urbano en el estado.
Durante al menos tres años, este grupo de particulares adquirió predios rústicos y solares urbanos en bloques compactos, no dispersos, mediante compraventas repetidas, el mismo día, ante los mismos notarios, con los mismos copropietarios y por montos declarados inusualmente bajos.
La mayoría de estas tierras fueron compradas a campesinos y ejidatarios, personas físicas que vendieron su patrimonio a precios mínimos frente al valor real del suelo en expansión.
El nexo directo entre Dafne David López Martínez y los integrantes del banco de tierras queda plenamente acreditado en un documento del Registro Público de Comercio, correspondiente a la constitución de la sociedad mercantil CREFIYUC, S.A. de C.V., formalizada el 24 de octubre de 2024 ante corredor público en Mérida.
En esa acta constitutiva, Dafne David López Martínez aparece como accionista, junto con varios de los nombres que se repiten como copropietarios en los 37 folios inmobiliarios, entre ellos Carlos Rodrigo Rodríguez Buenfil, José Dolores Rodríguez Buenfil, Jorge Eduardo Peón Medina y Francisco José Faller Medina, entre otros.
El objeto social de la empresa no deja lugar a dudas: adquisición, urbanización, desarrollo, fraccionamiento y comercialización de bienes inmuebles, así como la administración y explotación de desarrollos inmobiliarios.
Este documento mercantil elimina cualquier intento de deslinde: los propietarios del banco de tierras y el principal asesor del Ejecutivo estatal forman parte de la misma estructura societaria.
Los 37 registros del RPP analizados no corresponden a herencias ni a inversiones aisladas. En conjunto, documentan más de 90 mil metros cuadrados, alrededor de nueve hectáreas, adquiridas mediante esquemas idénticos. Predios de 5,000 metros cuadrados en San Antonio Yaxché, Ucú, y de 8,333 metros cuadrados en Yaxkukul, comprados en paquetes, con escrituras espejo y sin gravámenes.
Los precios declarados son uno de los puntos más sensibles: en Ucú, 200 mil pesos por predio, lo que equivale a 40 pesos por metro cuadrado, en Yaxkukul, entre 830 mil y 840 mil pesos por superficies mayores. Son valores que no se sostienen frente al mercado real, incluso considerando suelo rústico.
En la mayoría de los folios, los propietarios anteriores eran campesinos o ejidatarios, quienes cedieron la tierra en operaciones legalmente registradas, pero económicamente desventajosas. Hoy, esos mismos predios se ubican en zonas catalogadas como de alta plusvalía, rodeadas de vialidades, fraccionamientos y proyectos de infraestructura anunciados o en proceso.
La transición es clara: tierra campesina adquirida barata, concentración privada, revalorización acelerada.
Con base en precios conservadores de mercado para 2024–2025: Ucú/San Antonio Yaxché: entre $400 y $800 pesos por m² y Yaxkukul: entre $600 y $1,000 pesos por m².
El valor real estimado del banco de tierras documentado en los 37 registros se ubica entre 45 y 75 millones de pesos, frente a un valor declarado acumulado que apenas ronda los 4 a 5 millones. La diferencia no es menor: es el reflejo de una plusvalía capturada de manera anticipada.
El punto crítico no es solo inmobiliario, sino político. Dafne David López Martínez, como coordinador de asesores del Gobierno del Estado, forma parte del círculo más cercano al poder ejecutivo.
Su participación societaria con quienes concentran tierra en zonas estratégicas plantea un conflicto de interés evidente: quien tiene acceso a información clave sobre el rumbo del desarrollo urbano comparte negocios con quienes se benefician directamente de ese crecimiento.
Los documentos no acusan delitos, pero sí exponen un esquema: acumulación de tierra, subvaluación sistemática, copropiedad cerrada y expansión territorial sincronizada con el crecimiento de Mérida.
A diferencia de discursos o versiones oficiales, los 37 documentos del Registro Público de la Propiedad y el acta constitutiva mercantil no interpretan: prueban. Prueban que existe un banco de tierras privado, que ese banco pertenece a un grupo organizado y que uno de los socios es el principal asesor del gobernador de Yucatán.
En un estado donde el boom inmobiliario redefine el futuro urbano, la pregunta ya no es si este banco de tierras existe. Existe y está documentado. La pregunta es por qué el crecimiento de Yucatán sigue beneficiando a los mismos círculos cercanos al poder, mientras la tierra campesina se diluye en operaciones silenciosas.
