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Infonavit viola ley ambiental
- La constructora “Yucasa” comenzó la construcción de una miniciudad en Umán para el Infonavit, sin los permisos ambientales.
- 10 meses después solicitó el MIA a la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Por ley la obra debería de ser clausurada.
Redacción/Sol Yucatán
La constructora “Yucasa” y el Infonavit, incurrieron en la violación flagrante de la ley ambiental.
Comenzaron la edificación de una mini ciudad en Umán, sin los respectivos permisos ambientales.
La empresa propiedad de Daniel Cisneros, Sebastián Lago Molina y Rodrigo Rosas, desmontaron e iniciaron la construcción del complejo habitacional de interés social “Punta Cruz Eco”, ubicado en el municipio de Umán.
Hay evidencias de que el terreno de 453 mil 688 metros cuadrados se desmontó entre los meses de julio y agosto del 2025, es decir, hace 10 meses.
Además, llevan avances en la construcción de viviendas de interés social encomendadas por el Infonavit como parte del programa “Viviendas para el Bienestar” del Gobierno Federal.
En el portal del Infonavit existe un video de la visita al lugar fechado el 28 de agosto del 2025, sin embargo, la visita ocurrió el 22 agosto como el propio director general del Infonavit Octavio Romero Oropeza, señala en la grabación.
En el mismo video se da detalles de la edificación.
Lo grave del asunto es que apenas el 5 de marzo de este año, es decir, 10 meses más tarde de que iniciaron los trabajos la empresa realiza la solicitud a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno Estatal para la inspección y en su caso les otorguen el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), el documento es indispensable para al inicio de cualquier edificación y más de esta magnitud.
Hoy en la edición matutina del Diario Oficial del Estado, se publicó la petición de la empresa, por lo cual por ley tendría que ser sometida a consulta pública durante cinco días.
El proyecto establece la edificación de 5 mil 360 viviendas, locales comerciales, vialidades, áreas verdes, estacionamiento, ciclovía, en una superficie de 45.3 hectáreas de tierras.
La propia ley establece que, en caso de construir sin el MIA, como es el caso, la obra deberá de ser clausurada de inmediato y comenzar un proceso administrativo, que incluye multas de hasta 8 millones de pesos, restauración del daño y en algunos casos la demolición de la obra.
Lo interesante habría que ver si la SDS y la Procuraduría Ambiental aplicarán la ley ambiental.
