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Ecocidio y corrupción
- Un caso de ecocidio y corrupción se registra en Chabihau, comisaría de Yobaín, donde se señala al alcalde y al comisario municipal como los directamente responsables de la tala ilegal.
- El edil estaría incurriendo en malversación de fondos para electrificar un asentamiento ilegal.
Redacción/Sol Yucatán
Un ecocidio y corrupción se registran en Chabihau, perteneciente al municipio de Yobaín, en el cual tendrían participación directa el alcalde y el comisario municipal de ese puerto.
Una investigación revela el desmonte de vegetación, relleno con escombros y apertura de brechas en una zona protegida.
El señalamiento apunta al alcalde de Yobaín, Jesús Alberto Cool Aké, y al comisario municipal de Chabihau, Wilmer Javier Cetz May, por su presunta participación en la promoción de asentamientos irregulares en terrenos propiedad nacional y zonas de importancia ecológica.
El lugar se localiza sobre la carretera San Crisanto-Chabihau, después del puerto de abrigo y aproximadamente 200 metros antes del arco vial de seguridad, a un costado de la dársena.
En el sitio ya se realizaron trabajos de desmonte de mangle y chit, sin la autorización de las autoridades ambientales, por lo cual constituye un delito ambiental, en principio por el cambio de uso de suelo.
De acuerdo con las investigaciones, el alcalde morenista, en contubernio con el comisario, asigna los lugares e incluso otorga una anuencia de propiedad, debido a que fue una promesa de campaña y ahora busca una reelección.
El área funciona como vaso regulador y constituye un espacio de alimentación y hábitat para fauna silvestre, incluido el flamenco rosado.
Asimismo, el Ayuntamiento estaría incurriendo en malversación de fondos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), correspondiente al Ramo 33, para financiar trabajos de electrificación en los terrenos en mención.
Es decir, por ley no se podrían destinar recursos para un asentamiento ilegal.
No hay que olvidar que el edil enfrenta observaciones superiores a 3.5 millones por parte de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY).
