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Privatización salvaje de la costa
- Son 40 kilómetros de hermosas playas costeras que inversionistas extranjeros y empresarios mexicanos y políticos de los gobiernos de Joaquín Díaz y Mauricio Vila regentearon y continúan usufructuando al mejor postor, privatizando casi la totalidad de la nueva Riviera Yucateca.
- Desde Chicxulub, pasando por San Benito en Dzemul, Xtampú, Uaymitun y hasta llegar al municipio de Telchac, diversos desarrolladores inmobiliarios avanzan vorazmente, violando normas ambientales y de uso de suelo. Torres de 12 pisos, cuando están autorizados cinco niveles.
- Poco importa la erosión de estas playas con oleaje aún azul turquesa, y el violar la ley de la Semarnat. En Riviera Yucateca y en la reserva de Sisal hoy ya es visible y palpable el impacto ambiental
Por Noé Zavaleta/Sol Yucatán
“Vive el mar”, suelen rezar en inglés (Live the Sea) los eslóganes de los diversos condominios que hoy están convirtiendo la Riviera Yucateca en una auténtica selva de concreto y mármol, en donde se reservan el derecho de admisión. Lujosos departamentos de 9, 10, 12 niveles se están construyendo o ya están en venta en los municipios de Chicxulub, Dzemul y Telchac. Torres condominales que pareciera quieren tocar “el cielo con las manos”, aunque eso signifique atentar contra la fragilidad del ecosistema y la vulnerabilidad costera.
Son una veintena de desarrollos inmobiliarios, unos en avanzada construcción, algunos aún en obra negra, otros ya construidos y en boyante preventa o incluso ya funcionando, para el usufructo de extranjeros, gente pudiente que emigró de otras entidades y única y exclusivamente para las altas esferas yucatecas. Estas torres de concreto están ubicadas casi al pie de la carreta Costa Esmeralda.
Complejos residenciales, cuyos costos por departamento o penthouse van, de acuerdo con la investigación de Sol Yucatán, de los 12 a los 18 millones de pesos y que atentan contra la vulnerabilidad del ecosistema, pues se violaron sistemáticamente diversas leyes municipales y ambientales que señalan que se pueden construir 4 niveles más planta baja y no más.
El equipo de investigación de Sol Yucatán se comunicó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) para solicitar información relacionada con los complejos departamentales que incumplen la normativa de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), pero la dependencia solo se limitó a solicitar los datos de contacto del periódico para avisar si pueden proporcionar la información.
En el mar, el tráfico de influencias es más jugoso…
Dos meses antes de que concluyera el mandato del gobernador, Mauricio Villa Dosal, el complejo residencial Vida Mar Live The Sea comenzó a construirse en la paradisíaca playa de San Benito, Yucatán. Once pisos que habrán de albergar 41 lujosos departamentos y 12 villas frente a la playa, un proyecto de GPI Desarrollos, en donde figuran las familias Cámara Rendon y Chaín de la Vega.
Cuando Joaquín Díaz Mena tomó protesta como gobernador, Vidamar aún no tenía ni el diez por ciento de avance de obras. Díaz Mena pudo haber notificado a las dependencias del Gobierno Federal (Semarnat, Profepa y Sedatu) que GPI desarrolló pensaba violar la ley y construir 6 niveles más de lo que permite la ley, e incluso a través de Desarrollo Urbano proceder a clausurar la obra, sin embargo, guardó un ominoso silencio, vigente hasta ahora.
Vidamar se compone de tres torres ubicadas en el kilómetro 25 y cuyo departamento más barato vale 5 millones y medio de pesos, y la villa frente al mar más cara tiene un precio de 18 millones, 300 mil pesos, de acuerdo con datos consultados en la página Lumo Real Estate, una plataforma de bienes raíces y lujosos departamentos dirigidos a la comunidad angloamericana y el mercado europeo.
Ahí al lado, también en la playa de San Benito, se localiza el proyecto Bahía Resort Living de AXENT Capital, que promete concluir a finales del 2028 la totalidad de 18 villas y 54 departamentos frente a estas paradisíacas playas libres de sargo.
Aunque la etapa de preventa de este oneroso complejo inició en 2024, anunciándose como torres de departamentos de 6 niveles y villas independientes, la misma inmobiliaria y páginas de bienes raíces de venta y reventa señalan que será hasta mediados de 2027 cuando se puedan entregar algunos departamentos y será hacia 2028 cuando la totalidad del complejo pueda ser concluida en su totalidad.
El martes pasado, medio centenar de obreros se observaron en las afueras de este complejo residencial, mientras Sol Yucatán voló el dron para tomar panorámicas de estos “rascacielos” ubicados frente al mar, los cuales no respetan la erosión y las leyes ambientales.
En una coyuntura muy similar se encuentran los complejos de Cabo Coral, Nauta, Mangata Residencial, Peten de Arenas, Temporada y otros complejos que apenas están en construcción.
La manifestación de impacto ambiental con folio 31YU2021TD158 del desarrollo inmobiliario Peten de Arenas aparece como “Desarrollo Inmobiliario Playa Blanca 539”, lo que deja al descubierto que ellos dan un nombre a la SDS y lo ponen en venta con otro nombre para evitar que los frenen.
PRIVATIZACIÓN PLAYERA
En el resto del recorrido que hizo Sol Yucatán por la Riviera Yucateca, se observa cómo la gran mayoría de los desarrollos autorizados en la zona frente al mar constan de torres de seis, nueve, once y hasta doce pisos, cuyas alturas superan los 30 metros por encima de los cimientos.
Apenas los hoteles ahí establecidos, clubs de playa y casas campestres particulares respetan las normas ambientales y de desarrollo urbano, pues son de una sola planta o, si acaso, de dos pisos.
En el trabajo de campo, los integrantes de la Unidad de Investigación de este periódico apenas detectaron tres accesos públicos a la playa en un rango superior a los 40 kilómetros. El resto de los accesos ya fueron “privatizados” por los distintos desarrollos inmobiliarios destinados para el usufructo de dueños extranjeros y mexicanos de alto poder adquisitivo.
En la edición número 344 de Sol Yucatán, la periodista Claudia Arriaga señalaba los estragos que el complejo de lujo Kookay amenaza severamente la Reserva del Palmar en Sisal, Yucatán, gracias al Decreto 308/2015 promovido por el entonces gobernador, Rolando Zapata Bello.
El proyecto Kookay implica construcción de villas/departamentos en más de 7 mil metros cuadrados, el cual enfrenta denuncias por privatización de playa y falta de inspección por Profepa:
En Riviera Yucateca y en la reserva de Sisal hoy ya es visible y palpable el impacto ambiental que incluye erosión, pérdida de identidad marina, y en materia social, una precarización laboral y, en contraste, vendrá un encarecimiento de la vida y un aumento en los distintos servicios públicos.
