Del fraude a la intimidación

• Ángel Santos Moisés emprende acción legal contra Mariana Pérez Manjarrez tras exhibir el fraude de Las Acacias. La víctima denuncia intimidación y anuncia que hará pública su demanda.

Redacción/Sol Yucatán

Mérida, Yucatán.— El caso del presunto fraude inmobiliario de Las Acacias suma un nuevo capítulo. Ángel Santos Moisés decidió actuar legalmente contra una de las mujeres que lo denunció públicamente en redes sociales, desatando indignación entre otras víctimas que acusan un patrón sistemático de engaño. La afectada es Mariana Pérez Manjarrez, personal shopper inmobiliario en Mérida, quien ha dado voz en redes sociales a decenas de afectados por el fallido desarrollo en Chichí Suárez.

A través de un video difundido en sus plataformas, Pérez Manjarrez aseguró sentirse intimidada y vulnerable, luego de enterarse de la acción legal en su contra.

“Me parece el colmo que, habiendo tantos casos abiertos en su contra y tantos que se van a abrir, las autoridades actúen primero contra alguien que levantó la voz por decenas de personas”, expresó.

La asesora inmobiliaria fue una de las figuras que documentó testimonios de víctimas que entregaron anticipos millonarios por viviendas que nunca se construyeron o terrenos que jamás podrían escriturarse, al encontrarse hipotecados desde el origen.

En su mensaje, reconoció que su primera reacción fue bajar los videos por miedo, pero decidió mantenerlos públicos.

“Cada video representa a tanta gente afectada… en este país lo que hace falta es levantar la voz para denunciar”, sostuvo.

Como documentó Sol Yucatán en su reportaje “Red de engaño inmobiliario”, el esquema operó desde al menos 2023 con preventas, pagos a cuentas personales, contratos irregulares y participación de brokers e intermediarios que daban apariencia de legalidad.

Los lotes comercializados en el proyecto estaban hipotecados, lo que hacía jurídicamente imposible la escrituración a favor de los compradores. A pesar de ello, se firmaron contratos y se captaron recursos por montos que, en algunos casos, superaron el 90 % del valor total de la vivienda.

Una de las víctimas entregó más de un millón de pesos bajo la promesa de que “entre más dinero dieran, más rápido se construiría la casa”. La obra nunca avanzó.

Además, se documentó el uso de múltiples notarías y depósitos a cuentas personales del desarrollador, prácticas que vulneran los protocolos básicos de seguridad inmobiliaria.

Mariana Pérez Manjarrez sostuvo que hará pública su defensa y que no retirará los contenidos donde expuso los testimonios.

“Voy a hacer público todo mi proceso”, advirtió.

La situación ha generado preocupación entre las víctimas, quienes interpretan la acción legal como un intento de frenar las denuncias públicas mientras continúan abiertas carpetas de investigación por presunto fraude.

En el primer reportaje se confirmó la existencia de una denuncia penal con carpeta de investigación FGE/ORIENTE/UNADT-187/2025, además de otros procesos en preparación.

El caso de Las Acacias no solo exhibe un presunto esquema de captación de recursos sin sustento jurídico, sino ahora un conflicto legal contra quien visibilizó el problema.

Mientras decenas de familias siguen esperando la devolución de sus ahorros y una respuesta clara de las autoridades, el desarrollador mueve ficha.