De policía a empresario prominente

• Un expolicía municipal de Muna se convirtió en socio mayoritario de una empresa creada en 2023 que recibe un contrato por 11 MDP del IDEFEEY  para construir un comedor universitario en Valladolid.
• El caso de Raúl Raymundo Santos Pacheco y la empresa Construcciones y Edificaciones 8R Kalia, sintetiza una práctica recurrente en Yucatán: empresas jóvenes, beneficiarios sin trayectoria probada en obra pública.
• Una empresa de reciente creación, sin historial amplio en obra educativa estatal, queda habilitada jurídicamente para competir y ganar contratos de alto monto.

Redacción/Sol Yucatán

La historia no comienza con un empresario consolidado ni con una constructora de larga trayectoria. Comienza con un nombre que aparece, años atrás, en un directorio oficial del Ayuntamiento de Muna como policía municipal (A3).

Ese nombre es Raúl Raymundo Santos Pacheco. Su rastro público como elemento operativo municipal es breve y concreto. No hay constancia abierta de ascensos, mandos o una carrera prolongada en seguridad. Lo que sí hay es un salto: del uniforme a la firma de contratos de obra pública millonarios.

La empresa: joven, flexible y lista para licitar.

En febrero de 2023 se constituye Construcciones y Edificaciones 8R Kalia, S.A. de C.V., con domicilio en Mérida. La empresa nace con un objeto social sobredimensionado, una verdadera “navaja suiza” jurídica: obra civil, eléctrica, hidráulica, infraestructura educativa, comedores, servicios integrales, logística, importación y exportación, inmobiliario y, por supuesto, participación en licitaciones públicas de los tres niveles de gobierno. En términos prácticos, un objeto social diseñado para no quedar fuera de ninguna convocatoria.

La estructura societaria es clara y concentrada. Raúl Raymundo Santos Pacheco aporta 80 % del capital, funge como Administrador Único y concentra todas las facultades: administración, dominio, pleitos y cobranzas, firma de títulos de crédito y representación ante autoridades. El socio minoritario, Roger Alejandro Domínguez Conrado, aporta el 20 % y no tiene control operativo. La comisaria cumple una función formal de vigilancia. En los hechos, todo el poder reside en una sola persona.

No hay ilegalidad en ello. Pero sí hay un dato que importa cuando se trata de recursos públicos: una empresa de reciente creación, sin historial amplio en obra educativa estatal, queda habilitada jurídicamente para competir, y ganar, contratos de alto monto.

El contrato: 11.3 millones para un comedor universitario.

El IDEFEEY adjudica a esta empresa el contrato IDE-25-OP-LP-075 para la “Construcción de Comedor Universitario de la Universidad de Oriente”, en Valladolid, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Superior). El monto contractual asciende a 11,306,681.55 pesos, IVA incluido. Se trata de una licitación pública estatal, con plazo de ejecución del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2025 (150 días naturales) y un anticipo del 30 %, equivalente a 3 millones 394 mil 785.18 pesos.

El contrato es claro: la obra debía concluirse a más tardar el 31 de diciembre de 2025. No es una fecha sugerida, es una obligación contractual. A partir de ahí, cualquier retraso, ampliación o incumplimiento exige actas, convenios modificatorios, penalizaciones o, en su caso, rescisiones. La ley no deja espacio para la discrecionalidad cuando hay dinero público y plazos vencidos.

La obra que no llega. A pesar de la claridad contractual, no existe evidencia pública de que la obra haya sido entregada y recibida en tiempo y forma. No hay boletines oficiales de inauguración, actas de entrega-recepción, finiquitos ni documentos que acrediten avance físico al 100 %. En términos de transparencia, el silencio es elocuente.

Esto no es un detalle menor. El comedor universitario está destinado a cientos de estudiantes de la Universidad de Oriente. No es un adorno urbano ni una obra cosmética, es infraestructura básica para la vida académica. Cada mes de retraso es un mes en que los beneficiarios no reciben el servicio para el que se comprometieron más de 11 millones de pesos.

El papel del IDEFEEY y su titular.

La responsabilidad institucional recae en el IDEFEEY, el organismo encargado de planear, contratar, supervisar y certificar la infraestructura educativa y eléctrica del estado. El contrato lo dice con todas sus letras: el Instituto designa residente de obra, supervisa avances y tiene facultades para exigir cumplimiento.

Sin embargo, mientras la obra no se concluye ni se transparenta su entrega, el foco de atención se desplaza a un dato contextual incómodo: el titular del IDEFEEY posee propiedades en Valladolid, el mismo municipio donde se ejecuta, o debería ejecutarse, la obra.

El contrato no menciona estas propiedades, pero el cruce territorial es legítimo para el análisis periodístico cuando una dependencia tolera retrasos y no informa sobre el estado real de los trabajos.

La percepción que se instala es preocupante: más diligencia para los intereses privados que para los compromisos públicos. La ley exige a los servidores públicos evitar conflictos de interés y, cuando existen elementos que pueden generar sospecha, extremar la transparencia. Aquí ocurre lo contrario: opacidad.

Del policía al “empresario prominente”.

El discurso oficial suele presentar a los contratistas como empresarios consolidados. En este caso, el IDEFEEY, en los hechos, distingue a un expolicía municipal como empresario prominente, al confiarle una obra educativa de más de 11 millones de pesos. No hay constancia pública de una trayectoria previa que justifique ese salto cualitativo. Lo que sí hay es un andamiaje jurídico, empresa nueva, objeto social amplio, control absoluto, que facilita el acceso a contratos.

No se trata de estigmatizar el origen laboral de nadie. Ser policía no descalifica a una persona para emprender. Lo que sí exige explicación es cómo y por qué una empresa creada en 2023, controlada por alguien sin trayectoria pública conocida en obra educativa, recibe recursos millonarios y no cumple en tiempo con la obra.

Un patrón que se repite. Este caso no es aislado. En Yucatán, la combinación de empresas jóvenes, objetos sociales elásticos, contratos de alto monto y supervisión laxa aparece una y otra vez. La diferencia aquí es que el beneficiario principal sí tiene un antecedente público, policía municipal, y que la obra sí tiene una fecha contractual vencida sin evidencia de entrega.

Cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser retórica: ¿Quién protege a quién? ¿La dependencia al contratista? ¿El silencio a la ineficiencia? ¿Los intereses privados a costa de los estudiantes?

Lo que sigue. El expediente del comedor universitario exige respuestas inmediatas:

— ¿Dónde está el acta de entrega-recepción?

— ¿Se aplicaron penas convencionales por retraso?

— ¿Hubo convenios modificatorios de plazo o monto?

— ¿Cuál es el avance físico real y quién lo certificó?

Hasta que esas respuestas aparezcan, el caso seguirá siendo un ejemplo de cómo la obra pública puede convertirse en una vitrina de favoritismos, donde expolicías se transforman en empresarios distinguidos, empresas recientes acceden a millones y los estudiantes siguen esperando.

Porque en la infraestructura educativa no basta con firmar contratos. Hay que terminar las obras. Y ahí, hoy por hoy, el IDEFEEY no ha cumplido con su parte.