CODHEY, paralizada ante la crisis feminicida en Yucatán

• Mientras Yucatán suma feminicidios, tentativas de feminicidio, niñas huérfanas y mujeres aterrorizadas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán respondió con un documento lleno de “preocupación”, exhortos y llamados… pero sin anunciar una sola acción concreta propia.

Redacción/Sol Yucatán

Después de varios días de silencio institucional y tras una semana marcada por hechos violentos contra mujeres en la entidad, la CODHEY finalmente emitió un pronunciamiento público sobre la violencia feminicida en Yucatán. El organismo habló de “urgencia”, “violencia estructural”, “perspectiva de género”, “misoginia” y “discursos de odio”. Sin embargo, en su comunicado no informó la apertura de investigaciones de oficio, medidas cautelares, observación directa de expedientes, acompañamiento puntual a víctimas ni acciones extraordinarias frente a la crisis que atraviesa el estado.

La reacción llegó tarde. No apareció inmediatamente después del feminicidio registrado en Real Montejo, donde una mujer fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental cuando intentaba proteger a su hija adolescente de una agresión sexual. Tampoco tras el caso de San José Tecoh, donde otra mujer perdió la vida en un contexto de violencia de género. El posicionamiento institucional surgió hasta después del ataque armado contra una mujer en Las Américas, quien recibió un disparo en la cabeza presuntamente a manos de su expareja.

En su documento, la Comisión condenó los hechos, pidió investigaciones con perspectiva de género, llamó a fortalecer políticas públicas y exhortó a autoridades estatales, municipales y judiciales a actuar con diligencia. También dedicó apartados completos a reflexionar sobre violencia simbólica, discursos antiderechos y cobertura mediática responsable. Pero el organismo evitó precisar qué hará la propia CODHEY ante estos casos específicos.

El contraste se volvió evidente frente al posicionamiento firmado por más de 60 colectivas feministas, activistas, organizaciones civiles, periodistas, académicas y defensoras de derechos humanos, quienes sí emitieron una exigencia frontal al Gobierno del Estado, la Fiscalía General, la SSP y la Secretaría de las Mujeres.

En ese desplegado conjunto, las firmantes denunciaron una creciente preocupación social ante la violencia feminicida, la inseguridad y la falta de respuestas institucionales eficaces. Recordaron los recientes casos ocurridos en Yucatán: el feminicidio de Real Montejo, la muerte violenta de una mujer en San José Tecoh, el ataque armado en Las Américas y otras tragedias que han golpeado a mujeres y familias yucatecas.

Las colectivas no se limitaron a expresar inquietud. Presentaron exigencias concretas: activación inmediata de protocolos de feminicidio, investigaciones con debida diligencia, protección real para mujeres con antecedentes de violencia, atención integral para víctimas directas e indirectas, transparencia en las acciones oficiales, fortalecimiento presupuestal y políticas públicas permanentes para prevenir la violencia de género.

Firmaron organizaciones como Igualdad Sustantiva Yucatán A.C., UADY Sin Acoso, Kanan Derechos Humanos, Frente Sororidad Yucatán, Red de Acompañamiento Yucatán, Somos Periodistas, Habitantas, Ecos de Jacarandas, Justicia X Mónica, Proyecto Libres, Vicaria capítulo Yucatán, entre decenas de activistas, colectivas y defensoras independientes.

La CODHEY, en cambio, únicamente “se sumó” al llamado general, sin asumir un papel particularmente incisivo frente a las instituciones encargadas de procurar justicia.

El contenido del comunicado también ha generado cuestionamientos por repartir responsabilidades entre “la sociedad”, “todos los órdenes de gobierno” y “las autoridades”, sin señalar omisiones concretas ni exigir públicamente resultados inmediatos a dependencias específicas. Predominan expresiones como “expresa preocupación”, “reitera compromiso”, “considera indispensable” y “exhorta”, mientras las cifras y los hechos siguen acumulándose.

A ello se suma un antecedente incómodo: las agresiones denunciadas durante la marcha feminista del 8 de marzo de 2025, respecto de las cuales la propia Comisión reconoció violaciones a derechos humanos, pero cuyos resultados, sanciones o avances públicos permanecen prácticamente ausentes del debate institucional.

En medio de una crisis que dejó mujeres asesinadas, menores de edad huérfanas y otra víctima luchando por sobrevivir, sectores feministas y ciudadanos comienzan a formular una crítica cada vez más abierta hacia el organismo defensor de derechos humanos en Yucatán: mucho lenguaje institucional, mucha preocupación pública… y muy poca acción visible.