CLAN MAFIOSO DE VILA

*El cartel inmobiliario que opera en Yucatán está comendado directamente por el gobernador y están involucrados el consejero jurídico de Yucatán, Yussif Heredia Fritz, sobrino de la secretaria de Gobierno María Fritz Sierra, el director del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, la directora del Catastro y el director jurídico del Insejupy

*Estos grupos tienen total protección de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial para apoderarse de manera ilegal de predios con alta plusvalía ubicados en Mérida y en la zona Costera

* Los funcionarios tienen un modus operandi bien definidos, “ahorcan” a los dueños de inmuebles con alto valor para obligarlos a mal venderlos o en su caso los despojan a través de cambio de propietario ante el Insejupy.

Redacción/Sol Yucatán

En Yucatán opera un cartel inmobiliario que está comendado directamente por el gobernador Mauricio Vila Dosal y en el cual están involucrados el consejero jurídico de Yucatán, Yussif Heredia Fritz, sobrino de la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, el director del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), Heide Zetina Rodríguez, la directora del Catastro Lourdes Solís Méndez y el director jurídico del Insejupy, Faridh López Cano.

Los funcionarios tienen un modus operandi bien definidos, “ahorcan” a los dueños de inmuebles con alto valor para obligarlos a mal venderlos o en su caso los despojan a través de cambio de propietario ante el Insejupy.

En la operación están involucrados al menos 10 notarios yucatecos, como informó a Sol Yucatán personal de la Secretaría General de Gobierno, quienes son los que reescrituran las propiedades a nombre de otras personas, para luego revender las propiedades o convertirlos en negocios.

La falsificación de documentos y el uso de documentación falsa en actividades notariales, punto medular de acusaciones contra fedatarios que han llegado a los juzgados penales, son dos de los elementos más utilizados para la comisión de delitos del ámbito patrimonial.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, en los últimos tres años se han interpuesto 145 denuncias ante el Ministerio Público por presuntos delitos relacionados con el ramo inmobiliario, entre ellos despojos y fraudes.

Sin embargo, el Consejo de la Judicatura de Yucatán aseguró que en ese mismo lapso sólo han llegado a los juzgados 18 carpetas de investigación, es decir, sólo se ha judicializado el 14 por ciento de las denuncias, o lo que es lo mismo el 86 por ciento de estas han terminado en el archivo al considerar que no había elementos suficientes para configurar un delito.

Lo más alarmante es que de las 18 carpetas que llegaron a los juzgados, sólo cinco han terminado en una sentencia firme, es decir, casi el 97 por ciento de las denuncias por presuntos delitos inmobiliarios que se han interpuesto durante los últimos tres años del gobierno de Mauricio Vila han quedado en la impunidad.

Lo que hace pensar que la mafia inmobiliaria tendría protección de la misma Fiscalía General del Estado, encabezada por Juan Manuel León León, a quien Vila Dosal perpetuo 15 años en el cargo, sin embargo, la protección a los mafiosos no quedaría ahí, ya que también serían protegidos por el mismo Poder Judicial de Yucatán, el cual está encabezado por la magistrada presidente María Carolina Silvestre Canto Valdés, a quien también Vila colocó en el puesto, sin que tuviera experiencia alguna en litigios.

En los últimos años estos grupos se apoderaron de cientos de predios en Mérida, Sisal y la llamada Riviera Maya yucateca, la cual se está comenzando a construir en el litoral yucateco.
Los primeros despojos de esa mafia datan de 2015, cuando pusieron sus ojos en el fraccionamiento Francisco de Montejo, en la capital yucateca, sin embargo, del 2019 a la fecha se han multiplicado.

Los inmuebles tienen una alta plusvalía por su cercanía con centros comerciales y escuelas de nivel superior, esa zona meridana se convirtió en el blanco ideal de los criminales, ya que los vecinos casi ni se conocen y piensan que se trata de rentas o ventas por urgencias personales.

En ese punto de la ciudad los criminales encontraron tierra firme para cometer sus fechorías, ubicando predios objetivo, principalmente aquellos que tenían un periodo de renta sin ocupar, o aquellas viviendas donde nadie sabía quién vivía y no se veían nunca ocupadas.

El delito sigue el mismo patrón, ubican las viviendas desocupadas en las zonas de plusvalía, en el cuadrante norponiente que va desde Ciudad Caucel hasta Cholul.

Los predios desocupados son verificados mediante predial. Tras confirmar que no hay personas al pendiente de la vivienda, se trabaja con el notario corrupto, quien legaliza una eventual donación o finge una compra.

Al pasar por la Notaría Pública los documentos del despojo aparentan legalidad.

Para ello, se falsifican documentos en donde aparecen los verdaderos propietarios del predio, como si estuvieran realizando la venta del mismo, se falsificaron sus firmas, así como papeles de identificación. Todo completamente legalizado y maquillado, detrás de estas operaciones está Mauricio Vila Dosal y sus allegados.

La senadora morenista, Verónica Camino Farjat, aseguró a Sol Yucatán que este tipo de operaciones se han registrado en la colonia García Ginerés, donde ha tenido conocimiento del despojo de varias viviendas con una alta plusvalía, la cual se realiza en contubernio con las autoridades catastrales y del registro público de la propiedad.

La activista Adelaida Salas Salazar aseguró a Sol Yucatán que también la mafia inmobiliaria se ha apoderado de manera ilegal de predios ubicados en el centro de Mérida con una alta plusvalía, con el mismo modus operandi.
Investigaciones de Sol Yucatán también señalan que el clan mafioso de Vila Dosal se ha querido apoderar de una franja costera de 800 metros, localizada en San Crisanto, perteneciente al municipio de Sinanché, con una alta plusvalía.

El Insejupy no ha querido realizar la inscripción de la propiedad debido a que, al estar ubicada en la Riviera Yucateca, es de gran interés para la mafia inmobiliaria, ya que valor se catapultara en los próximos años por el desarrollo de esa franja costera.

El asunto ya ha llegado a los juzgados federales donde se intenta revertir la negativa del Gobierno Estatal.

La no inscripción de las propiedades es una de las estrategias que el aparato gubernamental utiliza para adueñarse de los predios de su interés, utilizando las dependencias de certeza jurídica.