Arturo Millet: riesgo de fuga

• El Tribunal Superior de Justicia de Yucatán retiró el localizador electrónico a Arturo Millet Reyes, pese a que la Fiscalía y las víctimas advirtieron sobre el riesgo de fuga y la existencia de múltiples procesos penales en su contra por cientos de millones de pesos.
• Gabriela López Gómez habría acudido directamente con el gobernador Joaquín Díaz Mena para solicitarle “un último favor”: quitarle el brazalete a Arturo Millet.

Redacción/Sol Yucatán

El cerco judicial sobre Arturo Millet Reyes parece cerrarse cada vez más. Sin embargo, en medio de nuevos reveses legales y acusaciones millonarias en su contra, una decisión judicial que pone en entrecejo: le retiraron el brazalete electrónico que mantenía bajo vigilancia sus movimientos.

La decisión judicial ocurrió justo cuando el empresario atraviesa uno de los momentos más delicados de su situación jurídica: perdió dos amparos directos, enfrenta una nueva vinculación a proceso en Monterrey y arrastra acusaciones relacionadas con operaciones millonarias en Cancún y Nuevo León.

El retiro del brazalete fue notificado este miércoles, un día después de la audiencia celebrada ante la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.

La resolución forma parte del recurso de apelación identificado como Toca 10/2026, emitido el 20 de mayo de 2026.

De acuerdo con información obtenida por Sol Yucatán, el movimiento ha provocado alarma entre víctimas y operadores jurídicos debido a que, según diversas versiones relacionadas con el caso, existían elementos suficientes para mantener medidas estrictas de vigilancia contra Millet Reyes.

Incluso, durante el proceso, tanto asesores jurídicos de las víctimas como la propia Fiscalía argumentaron que sí existía un riesgo procesal elevado y peligro de sustracción de la justicia.

Sin embargo, el Tribunal terminó por considerar fundados varios agravios presentados por la defensa del empresario y cuestionó el endurecimiento de las medidas cautelares que previamente le habían sido impuestas.

EL BRAZALETE QUE QUERÍAN QUITAR

El documento judicial confirma oficialmente que Arturo Millet sí tenía impuesto un localizador electrónico como parte de las medidas cautelares derivadas del proceso penal que enfrenta en Yucatán.

Además, revela que la defensa peleó específicamente para eliminar dicha medida.

El expediente señala que, tras abandonar la prisión preventiva, al empresario se le habían impuesto varias restricciones:

• Garantía económica de 2.5 millones de pesos.
• Prohibición de salir de la Península.
• Firma periódica.
• Vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares.
• Y el uso obligatorio de un localizador electrónico.

La defensa de Millet argumentó que las medidas habían sido “endurecidas” ilegalmente y sin justificar adecuadamente la necesidad de cautela ni el supuesto riesgo de fuga.

Pero del otro lado, la Fiscalía sostuvo que el empresario sí representaba un riesgo importante debido a:

• Antecedentes penales
• Otras carpetas de investigación.
• Sentencias previas
• Y la magnitud de los daños económicos reclamados.

Los representantes de las víctimas insistieron en que el contexto jurídico de Millet no había cambiado y que seguía existiendo un peligro real de que intentara evadir la acción de la justicia.

Aun así, la Sala Colegiada concluyó que la jueza que había endurecido las medidas cautelares no justificó adecuadamente por qué eran necesarias ni por qué eran proporcionales.

La resolución que permitió flexibilizar las medidas cautelares de Arturo Millet Reyes fue emitida por la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, integrada por las magistradas Jenny Mariana García Brito, quien además fungió como presidenta y ponente del proyecto, y Lizette Mimenza Herrera, así como por el magistrado Roberto Alfonso Carrillo Granados, quienes tuvieron en sus manos la revisión del recurso de apelación que derivó en la eliminación del esquema reforzado de vigilancia contra el empresario, incluyendo el localizador electrónico, pese a los argumentos de la Fiscalía y de las víctimas sobre el presunto riesgo de fuga y la existencia de múltiples procesos penales abiertos en su contra.

EL CONTEXTO

La resolución ocurre en medio de nuevas derrotas legales para Arturo Millet.

Fuentes cercanas al caso señalaron que el empresario perdió recientemente dos amparos directos, uno de ellos relacionado con el conflicto legal que mantiene con la familia Abhimeri.

Además, fue vinculado nuevamente a proceso en Monterrey por un presunto fraude cercano a los 300 millones de pesos.

Pero el expediente más delicado sería el relacionado con Cancún, donde las operaciones y afectaciones financieras superarían los mil 400 millones de pesos.

El crecimiento de los procesos abiertos fuera de Yucatán ha provocado preocupación entre víctimas y operadores jurídicos, quienes consideran que Millet Reyes podría intentar abandonar el país o mantenerse oculto para evitar enfrentar las consecuencias penales de los casos abiertos en distintas entidades.

Y precisamente por eso, el retiro del brazalete encendió las alarmas.

LA OPERACIÓN POLÍTICA

Versiones obtenidas por Sol Yucatán señalan que detrás del retiro del localizador electrónico habría existido una intensa operación política.

El nombre que aparece nuevamente es el de Gabriela López Gómez, esposa del empresario y personaje señalado en distintas ocasiones por su cercanía con operadores políticos y funcionarios del actual gobierno estatal.

Fuentes relacionadas con el caso aseguran que Gabriela López Gómez habría acudido directamente con el gobernador Joaquín Díaz Mena para solicitarle “un último favor”: quitarle el brazalete a Arturo Millet.

La petición habría ocurrido justo cuando los expedientes judiciales en Monterrey y Quintana Roo comenzaron a complicarse severamente para el empresario.

Aunque oficialmente no existe confirmación pública sobre una intervención del Ejecutivo estatal, dentro del entorno jurídico el tema ya comenzó a generar fuertes sospechas debido a la rapidez con la que se flexibilizaron las medidas cautelares.

LOS ARGUMENTOS DE LAS VÍCTIMAS

El propio documento judicial deja ver que las víctimas y sus representantes intentaron impedir que se relajara la vigilancia sobre Millet Reyes.

Durante la audiencia, la asesora jurídica particular de los querellantes sostuvo que no existía ningún hecho nuevo que justificara reducir las medidas cautelares.

También recordaron que el empresario cuenta con antecedentes penales y una sentencia condenatoria previa por abuso de confianza.

La Fiscalía incluso presentó información sobre diversas carpetas de investigación abiertas en contra de Millet por delitos de naturaleza similar.

Los representantes de las víctimas insistieron en que la magnitud del daño económico y la existencia de múltiples procesos hacían indispensable mantener medidas estrictas de control.

Sin embargo, la Sala consideró que la jueza no justificó correctamente el endurecimiento del paquete cautelar y comenzó a revertir varias de esas restricciones.

SIGUE ACUMULANDO EXPEDIENTES

El caso de Arturo Millet Reyes se ha convertido en uno de los expedientes más explosivos y polémicos de los últimos años en la Península.

No solamente por las cifras multimillonarias que aparecen en las carpetas de investigación, sino por las presuntas redes de protección política, judicial y financiera que, según diversas versiones, habrían permitido que el empresario evitara la cárcel durante años.

Apenas meses atrás, Millet fue reaprehendido en Mérida y posteriormente trasladado a Nuevo León, luego de que autoridades regiomontanas lograran ejecutar acciones judiciales que previamente habían enfrentado obstáculos en Yucatán.

Ahora, mientras pierde amparos, acumula procesos y enfrenta reclamos por cientos y miles de millones de pesos, el empresario consigue un beneficio clave: quedarse sin brazalete electrónico.

Y eso, dentro del propio entorno jurídico, ya provocó una pregunta inevitable:

¿Le están despejando el camino para escapar?