Abuso de poder de magistrada

*La magistrada Carolina Muñoz Gasca utiliza su llegada al Tribunal Superior de Justicia del Estado para trabar un añejo proceso judicial en el que se encuentra una de las propiedades que forman parte del patrimonio familiar.

*El patrimonio visible de la integrante de la Sala Colegiada Civil y Familiar permanece envuelto en un procedimiento judicial derivado de un juicio mercantil, que culminó con un remate y una adjudicación, dejando al predio en un proceso de salida de su patrimonio.

Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán

El único inmueble identificado en el Registro Público de la Propiedad de Yucatán a nombre de la magistrada Carolina Muñoz Gasca refleja una historia poco común para quien hoy forma parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El patrimonio visible de la integrante de la Sala Colegiada Civil y Familiar permanece envuelto en un procedimiento judicial derivado de un juicio mercantil que culminó con un remate y una adjudicación, dejando al predio en un proceso de salida de su patrimonio.

Fuentes cercanas a la disputa aseguran que la magistrada Carolina Muñoz Gasca influyó para trabar el proceso en el que se encuentra el alegato, ya que meses antes de que ella llegara al cargo, otra jueza ya había dado por concluido el caso del predio en favor de Addi Marisol Tamayo Chi como beneficiaria.

La situación resulta particularmente llamativa porque Carolina Muñoz Gasca forma parte de la nueva generación de magistrados surgidos de la elección judicial de 2025, proceso que estuvo rodeado de críticas por la circulación de los llamados «acordeones», listas con nombres de candidaturas que, de acuerdo con diversos medios y analistas, favorecieron a perfiles cercanos al gobierno estatal. Hasta el momento, sin embargo, no existe una resolución de las autoridades electorales que haya declarado ilegal su elección o acreditado que la magistrada participara en la elaboración o distribución de esos materiales.

Los documentos del Registro Público muestran que el inmueble llegó a su patrimonio el 17 de marzo de 2009, cuando apenas tenía 23 años de edad y era pasante de Derecho. Su padre, José Efraín Muñoz Zapata, le donó la plena propiedad de un predio urbano ubicado en la calle 31-F número 306 de la colonia Miguel Alemán, en Mérida. La donación quedó formalizada mediante escritura pública otorgada ante la Notaría número 33 y contó con el consentimiento de la esposa del donante, Landy Mireya Gasca Argaez.

El terreno cuenta con 296.25 metros cuadrados y se localiza en una de las colonias tradicionales del norte de Mérida, un sector con importante consolidación urbana y una demanda constante por su ubicación estratégica.

Sin embargo, el expediente revela que el inmueble nunca estuvo completamente libre de problemas jurídicos.

Desde antes de la donación pesaban sobre el predio dos embargos judiciales, inscritos en 2002 y 2008, cuando la propiedad todavía pertenecía al padre de la hoy magistrada. Ambos gravámenes permanecieron vigentes durante años, incluso después de que el inmueble pasó formalmente a nombre de Carolina Muñoz Gasca.

El conflicto avanzó hasta convertirse en un juicio mercantil tramitado ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Como parte de ese procedimiento, en septiembre de 2023 se ordenó la cancelación de los embargos para que el inmueble pudiera adjudicarse a la parte que resultó vencedora en el remate judicial, resolución que quedó inscrita en el Registro Público durante diciembre de 2024.

El desenlace comenzó a materializarse el 27 de enero de 2025, cuando fue presentado el aviso preventivo de adjudicación en remate. En ese documento aparece como propietaria Carolina Muñoz Gasca, pero también se identifica a Addi Marisol Tamayo Chi como adjudicataria del inmueble dentro del procedimiento judicial encabezado por el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil.

Los documentos revisados no precisan el monto de la deuda que dio origen al juicio, el valor del remate ni el precio de adjudicación. Tampoco permiten determinar si la obligación mercantil fue contraída por la propia magistrada o deriva de pasivos existentes cuando el inmueble aún pertenecía al donante.

Lo que sí muestran es que el único bien inmueble identificado públicamente a nombre de Carolina Muñoz Gasca permanece ligado a una compleja historia registral que inició con una donación familiar, continuó con embargos históricos y hoy desemboca en un procedimiento de adjudicación derivado de un remate judicial.

La situación adquiere relevancia porque quien actualmente participa en la resolución de controversias civiles y mercantiles dentro del Tribunal Superior de Justicia mantiene, al menos en el plano registral, un patrimonio inmobiliario cuya historia también transita por expedientes judiciales y procedimientos mercantiles.