882 millones en gasolina

• El Gobierno de Yucatán ha beneficiado ampliamente a la empresa “Servicios Ecológicos Parador Turístico”, con razón Comercial Full Gas y con matriz en Chetumal, Quintana Roo, que se ha adjudicado más de 880 MDP. Surte 54 mil  litros de combustible, cantidad que suena poco creíble de consumir.

• Hasta el 1 de octubre del 2024, la empresa apenas había recibido del gobierno de Yucatán dos contratos por montos inferiores a 3 millones de pesos. Fundada en el año 2015 por Jesús Abraham Montoya Melo y Jesús Salgado Naime con un capital de apenas 50 mil pesos.

• Lo que llama la atención es que los contratos públicos firmados entre el Gobierno de Yucatán y la empresa fueron eliminados de la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo cual es imposible conocer su contenido y alcance

Redacción/ Sol Yucatán

El Gobierno de Joaquín Díaz Mena, desde el primer día de su administración, ha beneficiado con millonarios contratos a una empresa originaria de Quintana Roo.

Se trata de la empresa “Servicios Ecológicos Parador Turístico S.A. de C.V.”, con razón comercial “Full Gas”, con oficinas centrales en Chetumal, Quintana Roo.

De acuerdo con los contratos disponibles a través de las Plataformas de Transparencia, el gobierno de Díaz Mena, en 22 meses de gestión, le adjudicó alrededor de 882 millones de pesos.

Hasta antes del inicio del actual gobierno, la firma apenas había tenido dos contratos para el servicio de combustible por un monto inferior a los 3 millones de pesos.

Un promedio mensual de 38 millones 400 mil pesos, o lo que es lo mismo, un gasto diario de 1.3 millones de pesos, o bien 54 mil 166 litros de combustible a un precio de 24 pesos por litro, cantidad que suena poco creíble de consumir.

De acuerdo a los contratos disponibles desde el primer día de la administración del actual gobierno, la firma fue beneficiada con los contratos el 1 de octubre del 2024, cuando se le adjudicó de manera directa el contrato GEY-SSP-439/2024 por un monto de 22 millones de pesos por los servicios de combustible para la Secretaría de Seguridad Pública, el convenio tenía una vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2024.

En el 2025, primer año completo de gobierno, la administración de Díaz Mena le otorgó tres contratos a la empresa, el primero quedó sellado bajo el numeral SAF/DL/LP/COMBUSTIBLES/0002/2025, por un monto máximo de 182 millones 184 mil 618 pesos, que tuvo vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025.

Sin embargo, la misma firma recibió el contrato UTM-DAF/C-006-2025, por un monto de 208 mil 441 mil pesos.

Asimismo, la Universidad del Oriente adquirió 322 mil 800 pesos en vales de combustible, cuya operación quedó asentada en el contrato 002/CCSAF/LP/COMBUSTIBLES/UNO/2025.

En el presente año, el gobierno de Yucatán entregó un contrato a la empresa “Servicios Ecológicos Parador Turístico S.A. de C.V.” por una cantidad mínima de 145 millones 943 mil 251 pesos para abastecer de combustible a diversas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo estatal mediante tarjetas electrónicas, etiquetas autoadheribles y vales de consumo.

 Sin embargo, el mismo documento establece que durante el presente año recibiría más de 678 millones de pesos.

El contrato SAF/SA/LP/COMBUSTIBLES/002/2026 establece una vigencia que corre del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2026 y contempla un monto máximo.

Se trata de un contrato abierto, por lo que el gasto final dependerá del combustible efectivamente consumido por las dependencias participantes durante el ejercicio fiscal correspondiente al segundo año de gobierno.

A primera vista, la cifra resulta suficientemente relevante. Sin embargo, la revisión del expediente permite observar que el negocio podría ser mucho más grande de lo que refleja el contrato principal.

Los documentos muestran que “Servicios Ecológicos Parador Turístico” presentó una oferta con un monto máximo que alcanza los 678 millones 239 mil 431 pesos.

La diferencia entre ambas cantidades no es menor.

Mientras el contrato formalizado establece un techo de 145.9 millones de pesos, la propuesta económica revela la verdadera dimensión de la operación que la empresa estaba en condiciones de asumir dentro del esquema de suministro gubernamental.

A mediados de 2026 todavía no existe información pública suficiente para determinar cuánto terminará cobrando realmente la compañía al Gobierno de Yucatán.

Lo que sí puede afirmarse es que el contrato vigente constituye una evidencia documental de que la empresa logró posicionarse como proveedor estratégico de combustible para la administración estatal.

La Secretaría de Seguridad Pública concentra la porción más importante del consumo potencial, seguida por la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Educación y otras áreas operativas del gobierno estatal.

La relevancia del contrato se vuelve aún más evidente cuando se observa lo que ocurría simultáneamente al interior de la empresa adjudicada.

Los registros mercantiles muestran que Servicios Ecológicos Parador Turístico fue constituida originalmente en el 2015 por Jesús Abraham Montoya Melo y Jesús Salgado Naime, con un capital original de 50 mil pesos, dividido en 100 acciones a razón de 500 pesos cada una de ellas.

Durante años, Montoya Melo figuró como la cabeza operativa de la empresa, sin embargo, prácticamente fue obligado a ceder la firma tras múltiples pleitos legales iniciados en Quintana Roo.

El 22 de abril de 2026 se celebró una asamblea que derivó en la revocación de Jesús Abraham Montoya Melo como administrador general de la sociedad. En su lugar fue designado Mauro Armando Castro Alberto como nuevo Administrador General Único.

 La modificación quedó posteriormente formalizada e inscrita en el Registro Público de Comercio.

Lo que llama la atención es que, en los contratos con el gobierno del estado de Yucatán, a partir del 1 de octubre del 2024, no figuró el nombre Montoya Melo, a pesar de que legalmente aún era el socio fundador y, en cambio, los contratos fueron a nombre de Grecia del Rocío Gómez Díaz, nombrada como apoderada legal de la empresa.

El contrato estatal comenzó a ejecutarse el 1 de febrero de 2026. Apenas dos meses después, la empresa registró una reestructuración administrativa acompañada de señalamientos sobre la falta de entrega de información corporativa y la necesidad de recuperar el control documental de la sociedad.

Posteriormente, la nueva administración continuó reorganizando la estructura interna. En junio de 2026 fueron otorgadas facultades financieras a nuevos representantes, ampliando la red de personas autorizadas para intervenir en operaciones relacionadas con la empresa.

Todo ello ocurrió mientras la compañía mantenía vigente el contrato de combustible con el Gobierno de Yucatán.

La combinación de ambos elementos convierte al expediente en un caso de interés público. Por un lado, existe una contratación gubernamental multimillonaria que involucra recursos destinados al funcionamiento cotidiano de las dependencias estatales.

 Por otro lado, la empresa beneficiaria atravesó durante el mismo periodo un proceso interno de reorganización administrativa acompañado de cuestionamientos respecto de la entrega de información financiera y corporativa.

Hasta ahora no existe evidencia pública que indique que el contrato haya sido suspendido, cancelado o modificado a consecuencia de estos movimientos.

Tampoco hay información oficial que sugiera afectaciones en el suministro de combustible derivadas de la disputa interna.

Sin embargo, los documentos sí permiten observar que la estabilidad administrativa de la empresa se encontraba bajo revisión precisamente en el momento en que comenzaba a operar una de las adjudicaciones más relevantes de su cartera gubernamental.

La historia adquiere una dimensión adicional debido a la escasa información pública disponible sobre la ejecución real del contrato y lo que llama la atención es que los contratos públicos firmados entre el Gobierno de Yucatán y la empresa fueron eliminados de la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo cual es imposible conocer su contenido y alcance.

 Al tratarse de un esquema abierto y aún vigente, los ciudadanos no pueden conocer con precisión cuánto combustible se ha consumido, cuánto se ha facturado, ni cuál será finalmente el monto total pagado por el Gobierno de Yucatán antes de concluir el año.

Por ahora, lo único plenamente documentado es que Servicios Ecológicos Parador Turístico obtuvo un contrato con un techo de 145.9 millones de pesos, que la empresa presentó una propuesta económica con capacidad de alcanzar hasta 678 millones de pesos y que, mientras ese negocio comenzaba a ejecutarse, se desarrollaba una disputa por el control administrativo de la sociedad que derivó en la sustitución de su principal directivo y en la exigencia formal de entrega de información corporativa.

Lo que llama la atención es que, además de los contratos otorgados a la empresa “Servicios Ecológicos Parador Turístico” del 1 de octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2025, el actual gobierno ha otorgado un total de 74 contratos a diferentes firmas por los servicios de combustible y vales de gasolina. Entre las empresas más favorecidas se encuentran Megasur, con un total de 29 convenios, G500, Combustibles de Yucatán, Control Integral de Combustibles, aunque ninguna con cantidades cercanas a las otorgadas a la empresa quintanarroense.