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Yucatán simula búsqueda: destina solo 156 mil pesos en cuatro años mientras pierde millones federales
- Entre presupuestos de apenas 156 mil pesos y millones devueltos a la Federación, la Comisión de Búsqueda estatal se ha convertido en una oficina de trámites mientras las familias cavan en la selva con sus propios recursos.
- La seguridad del estado más «seguro» de México se resquebraja ante el olvido institucional.
Por Claudia Victoria Arriaga Durán
En México, con 131 mil 835 personas desaparecidas, el Estado mantiene una deuda histórica en garantizar seguridad a las familias buscadoras. En un país donde salir de casa no asegura el regreso, las familias se convierten en víctimas indirectas que desafían el olvido institucional.
Prueba de ello es que, en cuatro años, de 2022 a la fecha, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Yucatán (CBPY) solo ha recibido 156 mil 6 pesos con 31 centavos de recursos del gobierno estatal.
Denunciar la desaparición de una persona no es suficiente para obtener el acompañamiento de las autoridades en las acciones de búsqueda, ya sea por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) o de la propia CBPY.
“Las desapariciones aún no son parte de la agenda pública”, expresó con tristeza Clara Gutiérrez, fundadora de la Colectiva Familias Buscadoras de Yucatán.
En la entidad, la búsqueda se interna en la selva maya. Bajo un sol implacable y entre la maleza, el estruendo de los voladores y el golpe de picos y palas son el eco de un reclamo de justicia. Ante la ausencia del Estado, las familias no se sientan a esperar respuestas: salen a buscar con sus propios recursos y con el apoyo de familiares y amistades.
La CBPY no solo recibe presupuesto estatal, también cuenta con financiamiento del Gobierno Federal. Sin embargo, para acceder a este último, tiene la obligación de gestionarlo. De acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, omitir esta gestión constituye una falta grave a sus funciones.
La Comisión obtiene recursos federales a través del Programa U008, denominado «Subsidios para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas», cuyo fin es fortalecer las estrategias de localización a nivel estatal.
Entre los lineamientos para acceder al capital, el Estado debe aportar, en una sola exhibición, una coparticipación equivalente a cuando menos el 10% del monto total autorizado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
La CBPY recibe el recurso a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado en dos ministraciones: la primera correspondiente al 70% del monto autorizado y la segunda al 30% restante.
El Programa U008 advierte que, si no se ejerce la totalidad de la primera entrega, se pierde el derecho a recibir los montos posteriores.
Información obtenida vía la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no solo confirmó que el presupuesto estatal asignado a la Comisión de Búsqueda es mínimo, sino que también dejó en evidencia que el organismo no ejerce la totalidad de los recursos federales a los que tiene acceso. Además, la institución omitió explicar en qué se gastaron los fondos que sí fueron utilizados.
De 2022 a 2026, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Yucatán (CBPY) recibió más de 11 millones de pesos contra los 156 mil de presupuesto estatal, en un rango de cuatro años.
Y dejó ir otras partidas de la federación de 6,059,866.51 por gastar el total del recurso que solicitó como parte del Programa U0008.
Dos años de inoperancia: las personas desaparecidas en el olvido
La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Yucatán (CBPY) entró en funciones oficialmente con el Decreto 177/2020, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 5 de febrero de 2020.
Sin embargo, según una respuesta obtenida vía la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Secretaría General de Gobierno (SGG) de Yucatán explicó que, durante casi dos años, la CBPY operó sin recursos.
Además, la dirección estuvo a cargo de una encargada de despacho que no fue designada sino hasta agosto de ese año; en términos estrictos, la Comisión permaneció acéfala durante siete meses.
“El nombramiento de la titular de la Comisión de Búsqueda fue con fecha 09 de mayo de 2022. Asimismo, resulta imperativo señalar que a la Unidad Administrativa de mérito se le asignó presupuesto en el mes de octubre del año 2022”, se lee en el documento.
Karla Patricia Quintal Solís asumió la dirección de la CBPY desde entonces. Durante dos años, sus funciones fueron meramente administrativas, limitándose a:
Elaborar oficios para rastreos remotos.
Recibir solicitudes de colaboración.
Representar a la Comisión en las sesiones del Sistema Nacional de Búsqueda.
Es importante destacar que, aunque la Comisión estatal posee facultades administrativas, también tiene obligaciones de búsqueda en territorio suscritas en la legislación federal y local. Entre estas sobresale la ejecución de acciones de búsqueda inmediata al tener noticia de una desaparición, sin necesidad de esperar la apertura de una carpeta de investigación formal.
El inciso 11 del artículo 4 de la Ley Estatal en Materia de Desaparición Forzada suscribe:
“Ejecutar de inmediato las acciones de búsqueda que correspondan […] atendiendo a las características propias del caso […] e informar a los familiares sobre la posibilidad de canalizarlos a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas”.
La CBPY puede solicitar información a autoridades estatales para actualizar datos, pedir a la Comisión Nacional medidas extraordinarias o alertas y gestionar que las instituciones policiales acompañen a los familiares en sus brigadas.
No obstante, la labor de investigar y castigar el delito corresponde exclusivamente a la Fiscalía General del Estado (FGE).
A partir de 2022, con el nombramiento de la directora y la contratación de cuatro personas adicionales, las funciones siguieron siendo administrativas por un año más. Según solicitudes de información, el personal se enfocó en sensibilización, apertura de carpetas mediante monitoreo de redes sociales y elaboración de fichas. Mientras tanto, las familias de los desaparecidos seguían buscando solas.
La evolución de la plantilla ha sido irregular. Entre octubre de 2022 y junio de 2023 se mantuvo el mismo número de personal. De julio de 2023 a septiembre de 2024, la cifra subió a ocho, de los cuales dos elementos se enfocaron en áreas administrativas. Y desde octubre de 2024 a la fecha, solo hay cinco personas laborando en la Comisión.
Para apoyar a Yucatán en las tareas de búsqueda, entre 2024 y 2025, la Comisión Nacional comisionó a seis integrantes de la Red Nacional de Buscadores.
De 2022 a enero de 2026, la CBPY ha realizado 5 mil 172 acciones de búsqueda por personas desaparecidas.
En el 2022, efectuaron 265 labores de campo, pero no especifican cuáles. En 2023 fueron 588, en 2024 hicieron 1 mil 540 acciones de búsqueda, en 2025 un total de 2,498 y hasta enero de este 2026 han realizado 281.
La Comisión de Búsqueda estatal precisó que las acciones de búsqueda se clasifican en búsquedas de gabinete, búsquedas en vida y búsquedas forenses. Señalaron que, en cada diligencia, en promedio, participaron entre dos y tres personas.
Y una vez más advirtieron que los primeros nueve meses de 2022 no hicieron acciones de búsqueda porque, aunque ese año se creó la CBPY, las funciones operativas iniciaron hasta octubre de ese año.
La falta de reconocimiento de que en Yucatán las personas, al igual que en el resto del país, desaparecen, está vulnerando el derecho de las personas a ser buscadas y el de las familias (o víctimas indirectas) a buscar.
“Si no sale a la luz, la gente nunca va a entender y saber que en Yucatán pasan estas cosas. Hay que asimilar que el estado ya cambió. Las personas no quieren ver que hay más decomisos de drogas, personas desaparecidas y jóvenes en situación de calle. Todo está relacionado”, declaró la fundadora de la colectiva Familias Buscadoras de Yucatán, Clara Gutiérrez.
Con una cifra de 311 personas desaparecidas hasta marzo de 2026, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hay que aceptar que las dinámicas del Estado ya cambiaron.
“Yucatán ya no es tranquilo, en todos lados pasan cosas y la gente se acostumbra, pero Yucatán no quiere aceptarlo para prevenirlo”, agregó Clara.
