Una mafia sangra al Poder Judicial

• a empresa “MGE Multiservicios del Sureste” recibió en contratos directos más de 200 MDP, solo por mantenimiento e instalación de sistemas de aire acondicionado. Renta de 3 toldos por 471 mil pesos.

• También se encuentra bajo sospecha la contratación de servicios a la empresa Axtel S.A. de C.V., por un monto superior a los 381 millones de pesos, realizada tan solo en el 2025 por servicios tecnológicos.

• Grupo Asís recibió un contrato por artículos de higiene y limpieza por 16.5 MDP, una adquisición por demás sospechosa, si se toma en cuenta que el propio Poder Judicial contrata servicios externos de seguridad y limpieza.

Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán

El Poder Judicial de Yucatán estaría convertido en un millonario negocio para funcionarios y empresarios favorecidos con contratos públicos, mediante un esquema de presuntos moches, tráfico de influencias y procesos de contratación opacos que han permitido la entrega de cientos de millones de pesos a determinadas empresas.

De acuerdo con información obtenida de registros públicos, al interior de la institución operaría una red de corrupción que utilizaría la Dirección de Finanzas del Poder Judicial para direccionar contratos de servicios y mantenimiento a proveedores específicos, quienes serían beneficiados a cambio de un porcentaje del monto adjudicado.

El principal operador del esquema sería Guillermo Ponce López, quien asumió la Dirección de Finanzas a principios de 2024 , quien fue pieza clave en la asignación de contratos multimillonarios.

La mecánica es simple, las contrataciones se realizan mediante adjudicaciones directas, invitaciones restringidas o licitaciones con requisitos prácticamente imposibles de cumplir para cualquier empresa que no tenga información privilegiada o acuerdos previos con los funcionarios responsables del proceso.

Uno de los casos que más llama la atención es el de la empresa “MGE Multiservicios del Sureste S.A. de C.V.”, dedicada al mantenimiento e instalación de sistemas de aire acondicionado.

La compañía fue beneficiada con siete contratos otorgados entre 2023, durante la administración de la entonces presidenta del Poder Judicial, y antes del 1 de septiembre de 2025, por un monto acumulado superior a los 200 millones de pesos, según la información contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia.

El monto resulta desproporcionado para los servicios contratados, considerando que corresponden a mantenimiento e instalación de equipos de climatización, lo que ha generado cuestionamientos sobre la necesidad real de las contrataciones y la forma en que fueron adjudicadas.

Lejos de representar una nueva etapa de transparencia, los cambios en el Poder Judicial habrían significado únicamente la continuidad de las prácticas heredadas de administraciones anteriores. La presunta red no desapareció con el relevo de autoridades, simplemente cambió de manos y mantuvo intactos sus mecanismos de operación, de manera similar a como ha ocurrido en el Poder Ejecutivo, cuyo principal operador se señala a Mario Millet Encalada.

Fuentes consultadas señalan que Guillermo Ponce López habría operado primero en coordinación con Erika Torres López y actualmente con Hernán Vega Burgos, consolidando un esquema que trasciende administraciones y colores políticos.

Pero MGE Multiservicios del Sureste no sería la única empresa favorecida.

También figura Ingeniería y Servicios del Caribe, representada por Mauricio Guinto Boldo, la cual ha obtenido contratos millonarios bajo esquemas similares.

Aunque ha sido beneficiada con recursos públicos del Poder Judicial, la empresa ni siquiera cuenta con oficinas en Yucatán, pues su sede se encuentra en Quintana Roo.

Otras de las operaciones se realizan a través de la renta de toldos.

De acuerdo con datos contenidos en la Plataforma Nacional de Transparencia, el Poder Judicial ha gastado más de 5.6 millones de pesos en la renta de toldos para los juzgados de Umán, Kanasín y Progreso, aunque no se especifica la finalidad.

Uno de sus proveedores es Margarita Burgos Cardeña, quien ha obtenido varios contratos del Poder Judicial de Yucatán.

Entre ellos se encuentra DAF/41/2025, donde por tres toldos cobró la cantidad de 473 mil 303 pesos, es decir, a razón de 157 mil 768 pesos cada uno, un costo que resulta por demás elevado.

También se encuentra bajo sospecha la contratación de servicios a la empresa Axtel S.A. de C.V., por un monto superior a los 381 millones de pesos, realizada tan solo en el 2025 por servicios tecnológicos.

La familia política del exgobernador Mauricio Vila Dosal también se ha visto favorecida por el Consejo de la Judicatura, debido a que el grupo Asís recibió un contrato por artículos de higiene y limpieza por un monto de 16.5 millones de pesos, una adquisición por demás sospechosa, si se toma en cuenta que el propio Poder Judicial contrata servicios externos de seguridad y limpieza.

Mientras el Poder Judicial presume ser garante de la legalidad y el combate a la corrupción, al interior de sus oficinas se estaría operando un sistema que convierte los recursos públicos en un lucrativo negocio para unos cuantos.

Los contratos millonarios, las adjudicaciones dirigidas y la permanencia de los mismos operadores revelan que, en lugar de impartir justicia, algunos funcionarios habrían encontrado en el presupuesto judicial la mejor forma posible para enriquecerse a costa del dinero de los yucatecos.

Por su parte, el clan de Mario Millet Encalada incrustó en el Poder Judicial a una ficha que le facilitará a la red el monopolio de la obra pública, a través de la cual se estarían triangulando los recursos.

Héctor López Martínez, hermano menor de Dafne (coordinador de asesores y de proyectos estratégicos del Gobierno del Estado y brazo derecho del clan Millet), fue colocado como director de la Unidad de Planeación del Consejo de la Judicatura.

Al igual que su hermano, es el encargado de los proyectos del Poder Judicial, con lo cual maneja el presupuesto destinado al fortalecimiento del sistema de justicia.

Es decir, entre ellos la planeación y asignación de contratos de obra pública y servicios.

Con lo cual la red ya tiene gente operando dentro del Poder Judicial y Poder Legislativo, dominando dos de los tres poderes de Yucatán.