Tierras para 937 mil casas

• Las propiedades atribuidas al mandatario en la zona ganadera entre Panabá y San Felipe suman cerca de 15 millones de metros cuadrados.
• La superficie suficiente para construir casi un millón de minicuartos del programa Vivienda del Bienestar, mientras miles de yucatecos apenas acceden a espacios de 16 metros cuadrados.

Redacción/Sol Yucatán

Las extensas propiedades vinculadas al gobernador Joaquín Díaz Mena en el oriente de Yucatán alcanzarían para levantar 937 mil 500 casas del Bienestar, si se toma como referencia el tamaño de las viviendas que impulsa su propio gobierno.

De acuerdo con investigaciones periodísticas documentadas en la zona ganadera entre Panabá y San Felipe, el mandatario acumularía más de mil 500 hectáreas de terrenos, equivalentes a 15 millones de metros cuadrados.

Si se toma en cuenta que las llamadas Viviendas del Bienestar tienen aproximadamente 16 metros cuadrados, el cálculo es contundente:
en esas tierras cabrían cerca de 937,500 minicasas del programa habitacional promovido por la actual administración.

El contraste no es menor. Mientras miles de familias reciben pequeños cuartos de apenas cuatro metros por lado, el gobernador concentra una extensión territorial que supera por mucho la superficie de varias zonas emblemáticas del estado.

Para dimensionarlo, las tierras vinculadas al mandatario equivalen a 33 veces la zona arqueológica de Chichén Itzá, 30 veces la Unidad Deportiva Kukulcán y 1.8 veces toda la superficie de Ciudad Caucel.

Desigualdad evidente

El contraste entre las extensiones de tierra vinculadas al mandatario y las dimensiones de las viviendas sociales que promueve su gobierno ha reavivado el debate sobre la desigualdad en el estado.

Mientras miles de familias acceden a pequeños espacios habitacionales, el gobernador concentra tierras que, en términos simples, alcanzarían para construir casi un millón de viviendas del Bienestar.

Una cifra que refleja, para muchos críticos, la enorme distancia entre el discurso de bienestar social y la realidad patrimonial del mandatario.

Para dimensionar el contraste, tan solo dos ranchos del gobernador Joaquín Díaz Mena, llamados “San Julián” y “San Joaquín”, que llevan los nombres de sus dos hijos, suman un valor comercial cercano a los 30 millones de pesos y una extensión conjunta de 500 hectáreas de tierras.

Esa superficie equivale a 5 millones de metros cuadrados, espacio donde podrían construirse 83,334 casas del programa Vivienda para el Bienestar, considerando que cada vivienda mide apenas 60 metros cuadrados.

El propio Díaz Mena ha informado que durante todo su sexenio planea la construcción de 70 mil casas dentro del programa Vivienda para el Bienestar, de modo que las más de 80 mil casas que cabrían únicamente en los ranchos de sus hijos superarían la meta sexenal del Gobierno del Estado en materia de vivienda “para las familias que más lo necesitan”.

Los dos ranchos se ubican sobre la carretera que conecta Panabá con San Felipe, a dos kilómetros uno del otro y muy cerca del rancho “Los Cocoyoles”, también propiedad del mandatario. Ambas propiedades cuentan con pozos, sistemas de riego, potreros y cientos de animales. Los predios se encuentran a cinco kilómetros de San Felipe y a dos kilómetros de la sede de la Unión Ganadera de ese municipio.

El rancho “San Julián”, llamado así en honor al hijo menor del matrimonio formado por Díaz Mena y Wendy Méndez Naal, tiene una extensión de 300 hectáreas, es decir 3 millones de metros cuadrados, lo que equivaldría a 50 mil casas del Bienestar.

Por su parte, el rancho “San Joaquín” cuenta con 200 hectáreas, es decir 2 millones de metros cuadrados, espacio donde podrían construirse otras 33,334 viviendas sociales.

Las Viviendas del Bienestar tienen un precio aproximado de 600 mil pesos, pagaderos en un plazo de 30 años, y están dirigidas a trabajadores que perciben un salario mínimo. Las casas miden 60 metros cuadrados y cuentan con dos habitaciones pequeñas, sala-comedor, cocineta y un baño reducido.

A mediados de febrero pasado, cuando se abrió el preregistro en línea para acceder a las Viviendas del Bienestar, Díaz Mena aseguró en su discurso que la vivienda no es un privilegio, sino un derecho, y que durante muchos años no fue accesible para todos, pero que ahora se trabaja para que las personas que no son derechohabientes del Infonavit también tengan un patrimonio propio.

El mandatario sostuvo ese día que la vivienda es una prioridad para el Gobierno del Renacimiento Maya, porque significa estabilidad, patrimonio, seguridad y futuro para las familias jóvenes que apenas comienzan.

Un imperio territorial

Investigaciones periodísticas han documentado que buena parte de estos terrenos se ubican en la región ganadera del oriente del estado, donde el mandatario ha adquirido ranchos y propiedades a lo largo de los últimos años.

Entre ellas destaca una propiedad de 300 hectáreas en el polígono ecoturístico Sacbé, además de diversos ranchos y predios vinculados a familiares directos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en la declaración de su patrimonio.

De acuerdo con estimaciones basadas en el valor comercial de la tierra en esa zona, solo las hectáreas podrían valer entre 105 y 225 millones de pesos, dependiendo de si se consideran como monte o como unidades productivas.

Las adquisiciones han llamado la atención no solo por su extensión, sino por las inconsistencias detectadas entre lo declarado por el mandatario y las propiedades documentadas en campo.

En su declaración patrimonial de 2019, cuando asumió como delegado federal de la Secretaría del Bienestar en Yucatán, Díaz Mena reportó ser propietario de cinco bienes inmuebles.

Sin embargo, en su declaración más reciente desaparecieron varias de esas propiedades, lo que ha generado cuestionamientos sobre la veracidad de la información presentada ante las autoridades.

Investigaciones periodísticas también han señalado que varias de las tierras se encuentran registradas a nombre de familiares cercanos, incluyendo padres, hermanos y otros parientes, lo que ha sido interpretado como una estrategia para blindar el patrimonio.