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SSY entrega 560 mdp a intermediarios
*Los Servicios de Salud de Yucatán, que dirige Miguel Alberto Alcocer Gamboa, comprometieron al menos 564 mdp en diez contrataciones para laboratorios, material de curación, anestesia, hemodiálisis, insecticidas y otros servicios.
*La mayor parte de las empresas beneficiadas no están acreditadas, hasta ahora, como fabricantes de los productos que suministran, sino que operan como distribuidoras, comercializadoras o integradoras de servicios.
*En los registros revisados de transparencia aparecen montos, proveedores y documentos de los procedimientos, pero no los contratos que permitirían conocer cantidades
Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán
Más de 564 millones de pesos destinados por los Servicios de Salud de Yucatán durante 2026 terminaron comprometidos en una decena de contrataciones con empresas que, en su mayoría, no aparecen como fabricantes directos de los medicamentos, materiales, equipos e insumos que finalmente llegarán a hospitales y centros de salud del estado.
Son intermediarios, distribuidores, comercializadores e integradores de servicios colocados entre los fabricantes originales y el Gobierno de Yucatán.
La intermediación se ha convertido en una de las mejores para desviar recursos públicos, porque las empresas se convierten en verdaderas factureras al servicio del gobierno que encabeza Joaquín Díaz Mena, y su titular de los servicios de Salud, Miguel Alberto Alcocer Gamboa.
La ausencia de contratos impide saber con exactitud quién, cuánto puede recibir y cuál es, en términos generales, el servicio o producto contratado. Sin embargo, de acuerdo con la revisión realizada directamente en las fichas de transparencia, los hipervínculos disponibles conducen a documentos relacionados con los procedimientos de contratación, pero no al contrato correspondiente.
La anomalía resulta todavía más llamativa porque parte de la información aparece repetida hasta tres veces y, aun así, el instrumento contractual no puede consultarse desde esos registros.
El resultado es paradójico: el Gobierno transparenta que compromete cientos de millones de pesos, pero el ciudadano enfrenta obstáculos precisamente cuando intenta conocer qué compró exactamente, cuánto compró, a qué precio unitario, de qué marca, bajo qué especificaciones y cuándo deberá entregarse.
La contratación más grande de este paquete corresponde a Biolife Technologies, S.A. de C.V., empresa asentada en Querétaro, que obtuvo el contrato LA-90-Y95-931007985-N-21-26-C1 por hasta 261 millones de pesos.
El objeto es enorme: servicio integral de pruebas para laboratorio, banco de sangre y tamiz neonatal ampliado para 67 enfermedades congénitas, además de tamiz audiológico, cardiológico y oftalmológico para hospitales y centros de salud de SSY.
Por sí sola, Biolife concentra alrededor del 46 por ciento de los 564.2 millones de pesos analizados.
Pero hasta ahora no encontramos elementos públicos suficientes para identificarla como fabricante de todos los reactivos, analizadores, equipos y demás insumos involucrados. Su papel corresponde fundamentalmente al de integrador de un servicio diagnóstico.
Y ahí el contrato resulta indispensable.
Sin el instrumento y sus anexos técnicos no puede determinarse con precisión cuántas pruebas contempla el servicio, cuánto pagará SSY por cada una, qué tecnología será utilizada, quién fabrica los reactivos y equipos, cuáles son las obligaciones de suministro y qué sanciones existen ante incumplimientos.
En segundo lugar, aparece Suministros y Aplicaciones de México, S.A. de C.V., empresa yucateca favorecida con 115 millones de pesos mediante el contrato LP-SSY-05-26-C1.
En este caso, el Gobierno no está adquiriendo el insecticida, sino contratando su aplicación para fortalecer el control químico del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.
El contraste resulta particularmente interesante porque otra empresa, Codequim, S.A. de C.V., recibió un contrato por 28 millones de pesos para la adquisición de insecticidas destinados al combate del dengue, zika y chikungunya.
Codequim constituye una excepción dentro del grupo. La información pública permite identificarla como una empresa vinculada directamente con el desarrollo, formulación, fabricación y comercialización de productos para control de vectores, además de contar con productos registrados ante Cofepris.
Por un lado, entonces, SSY destina 28 millones a adquirir insecticidas y, por otro, 115 millones a una compañía encargada de aplicarlos.
La aplicación cuesta cuatro veces el monto destinado a los productos.
Eso no permite concluir que exista un sobreprecio. Un servicio de esta naturaleza puede requerir trabajadores, vehículos, combustible, maquinaria especializada, mantenimiento, supervisión, equipos de protección y miles de jornadas de fumigación.
Precisamente por eso debería poder consultarse el contrato. Los 115 millones solo pueden evaluarse conociendo cuántas hectáreas, viviendas, colonias o localidades deberán atenderse; cuántas brigadas participarán; qué vehículos y maquinaria serán utilizados; cuántas jornadas están comprometidas y cuál es el costo unitario establecido.
Sin esos elementos, 115 millones de pesos quedan reducidos a una cifra sin parámetros suficientes para evaluar su razonabilidad.
Otro bloque importante está relacionado con material de curación.
Amasalud, S. de R.L., empresa yucateca, obtuvo el contrato LA-90-Y95-931007985-N-24-26-C1 por 54 millones de pesos para adquisición, abasto y distribución de material de curación.
En este caso, la intermediación está claramente identificada. La propia compañía presenta públicamente su actividad en términos de venta y distribución para clínicas, hospitales y sanatorios. No fabrica necesariamente todos los productos que coloca en las unidades médicas: los comercializa y distribuye.
Del mismo procedimiento surgió otro contrato.
Farmacéutica Medikamenta, S.A. de C.V., de Morelos, aparece con LA-90-Y95-931007985-N-24-26-C2 por otros 11 millones de pesos, también para material de curación, abasto y distribución.
Esto explica una de las aparentes duplicidades detectadas en la numeración. N-24-26 corresponde al mismo procedimiento y C1 y C2 identifican contratos diferentes derivados de este.
Entre ambas empresas concentran 65 millones de pesos provenientes de una misma licitación.
Pero nuevamente aparece la barrera documental: sin los contratos completos y anexos, resulta mucho más difícil establecer qué partidas recibió cada proveedor, cuántas unidades deberá entregar y a qué precio.
La situación se repite con Medical Life Supply, S.A. de C.V., de Villahermosa, beneficiada con 35 millones de pesos para un servicio integral de mínima invasión.
La empresa encaja en el modelo de integrador de servicios médicos, donde el contratista puede proporcionar instrumental, dispositivos, consumibles, equipos y soporte provenientes de diferentes fabricantes.
Otros 25 millones de pesos corresponden a Santek Health, S.A. de C.V., de Morelos, para prestar el servicio integral de anestesia en los hospitales Agustín O’Horán, General de Valladolid y San Carlos de Tizimín.
En este caso, los propios términos disponibles hablan de equipos en comodato.
Esto significa que el Gobierno no necesariamente compra los equipos. El proveedor los coloca para posibilitar la prestación del servicio y suministra los materiales asociados conforme a las condiciones contractuales.
Pero nuevamente surge la pregunta económica que solo el contrato puede responder documentalmente: qué equipos, qué fabricantes, cuántos procedimientos, qué consumibles y a qué costo.
Distribuidora de Fármacos y Fragancias, S.A. de C.V., empresa yucateca, concentra otros 25 millones de pesos para adquisición y distribución de insumos de terapia de fluidos, también con equipos en comodato.
Su propia denominación mercantil resulta congruente con su función contractual: distribución.
Vayam Medical, S.A. de C.V., de Morelos, aparece por 8.6 millones de pesos para adquisición de insumos de hemodiálisis. Hasta ahora tampoco existe evidencia suficiente para considerarla fabricante de todos los insumos suministrados, por lo que debe tratarse prudentemente como proveedor o distribuidor mientras no se identifiquen los fabricantes reales.
Finalmente, Districetina, S.A. de C.V., de Yucatán, recibió 1 millón 687 mil 500 pesos para mantenimiento de máquinas de lavado y secado de prendas hospitalarias. Aquí no existe propiamente intermediación de productos médicos porque se trata de un servicio técnico.
Las diez contrataciones suman exactamente 564 millones 287 mil 500 pesos.
Y la concentración es notable.
Solo Biolife Technologies y Suministros y Aplicaciones de México concentran 376 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente dos terceras partes de todo el paquete analizado.
Pero la investigación deja otro vacío. En la secuencia de procedimientos aparecen también N-23-2026, correspondiente a adquisición y distribución de medicamentos, y N-26-2026, relacionado con medicamentos de alta especialidad. Ambos quedaron fuera de los diez contratos originalmente identificados.
Esto significa que los 564.2 millones ni siquiera representan necesariamente la totalidad de las contrataciones relacionadas con esta secuencia de procedimientos de SSY.
La cifra puede crecer. El problema de fondo tampoco consiste simplemente en que el Gobierno contrate intermediarios.
Los distribuidores son necesarios en determinados mercados y un servicio integral puede resultar incluso más eficiente que adquirir separadamente equipos, consumibles, mantenimiento y personal especializado.
Lo cuestionable es que la transparencia disponible no permita seguir fácilmente cada peso hasta el producto o servicio final.
Si una distribuidora recibe 54 millones de pesos para material de curación, el ciudadano debería poder conocer qué productos entrega, quién los fabrica, cuántas unidades adquirió SSY y cuánto pagó por cada una.
Si una compañía obtiene 25 millones para anestesia, debería ser posible saber cuánto representa cada procedimiento y qué equipos e insumos están incluidos. Si un integrador recibe 261 millones para pruebas de laboratorio y tamices, tendría que poder determinarse cuánto cuesta cada determinación y quién produce los reactivos utilizados.
Y si una empresa recibe 115 millones para aplicar insecticidas, deberían estar disponibles las metas físicas que justifican semejante cantidad.
Esa información normalmente vive precisamente en los contratos y sus anexos técnicos y económicos.
Por eso la ausencia de esos documentos en los hipervínculos revisados resulta mucho más grave que una falla meramente burocrática.
Los registros proporcionan nombres, cantidades globales y objetos generales. Incluso repiten información. Pero cuando se intenta atravesar la carátula y llegar a las condiciones económicas que permitirían fiscalizar realmente las compras, el contrato no aparece en los enlaces examinados.
Estas circunstancias generan un problema objetivo de rendición de cuentas. Hay intermediarios, pero no tenemos disponibles en esos registros los documentos indispensables para medir cuánto cuesta la intermediación.
Servicios de Salud de Yucatán ha comprometido más de 560 millones de pesos en apenas este grupo de diez contrataciones. Una buena parte terminará en manos de compañías que no necesariamente producen aquello que finalmente utilizan médicos, enfermeras, laboratorios y pacientes, sino que lo comercializan, distribuyen o integran dentro de servicios más amplios.
Cada intermediario puede añadir logística y valor al suministro. También puede añadir margen comercial. La única manera de saber cuánto es abrir los contratos, revisar partidas, identificar fabricantes y comparar precios.
Y justamente esos contratos son los que, en los registros revisados, no están a la vista.
