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¡Saquean Yucatán!
- Bajo la sombra del gobernador Joaquín Díaz Mena, los operadores financieros Mario Millet Encalada y Dafne López construyeron una red mafiosa para saquear dependencias estatales que manejan un presupuesto de 29 mil millones de pesos.
- Esta estructura opera bajo la protección del propio Gobernador, quien, como jefe directo de ambos operadores financieros, tiene conocimiento. La relación Díaz Mena-Millet Encalada no es nueva, debido a que formaron parte de la red del moche.
- Investigaciones apuntan a que una red de empresas, prestanombres y funcionarios colocados estratégicamente en dependencias como Educación, Salud e Infraestructura habría concentrado contratos por miles de millones de pesos.
Redacción/Sol Yucatán
En año y medio de administración estatal, el gobierno encabezado por Joaquín Díaz Mena enfrenta señalamientos por un presunto saqueo sistemático de dependencias públicas, donde el operador financiero, Mario Millet Encalada, habría consolidado un entramado de control institucional que le permite manejar miles de millones de pesos en contratos, obra pública y servicios.
De acuerdo con investigaciones documentadas por Sol Yucatán, Millet Encalada ha logrado colocar a personas de su confianza en al menos seis dependencias estratégicas del gobierno estatal, las cuales en conjunto manejan un presupuesto cercano a los 28 mil 907 millones de pesos, cifra equivalente al 43.5% del presupuesto operativo del estado para 2026.
El control de estas instituciones no es menor.
Se trata de dependencias que concentran los proyectos de infraestructura, servicios médicos, eventos turísticos y desarrollo educativo del estado, lo que abre la puerta a contratos multimillonarios que, según diversas denuncias, terminan favoreciendo a empresas vinculadas con el círculo cercano de Millet Encalada.
Mario Millet Encalada, el “rey del moche”, es el cáncer de la 4T, se le atribuye en gran medida la debacle en los primeros 17 meses de gobierno.
El actual gobierno autodenominado como de honestidad es vislumbrado por la gran mayoría de los yucatecos como corrupto, al grado de que de cada 100 yucatecos, 75 desconfían de la actual administración.
Millet Encalada encontró en la 4T y en Joaquín Díaz Mena el negocio de su vida, donde no solo es el operador de la actual administración, sino que también se está sirviendo del presupuesto a manos llenas y opera el llamado gobierno paralelo.
El rey del moche conformó en el actual gobierno una red mediante la cual mantiene el control político, administrativo y financiero.
Uno de sus más cercanos operadores y que obtiene grandes beneficios es Dafne López Martínez, quien integró a la red a políticos ex priístas, que eran rivales no solo de Millet Encalada, sino también de Joaquín Díaz Mena.
Luis Hevia Jiménez es otra pieza clave del rompecabezas, debido a que la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación se encarga de definir las obras y proyectos prioritarios para el desarrollo de Yucatán, y Dafne López se encarga de la ejecución y asignación de la misma al ser coordinador de asesores y director de proyectos estratégicos.
El llamado rey del moche, Mario Millet Encalada, domina seis dependencias del gobierno estatal, las cuales en conjunto manejan un presupuesto cercano a los 29 mil millones de pesos.
De acuerdo con los datos, tiene colocada a gente de su confianza en la Secretaría de Educación, Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, Secretaría de Infraestructura para el Bienestar, Secretaría de Salud, Instituto Promotor de Ferias de Yucatán y Patronato Cultur.
De manera global, manejan un presupuesto de 28 mil 907 millones de pesos, que corresponde al 43.5% del presupuesto para la operación del 2026.
Este panorama es de gran relevancia, si tomamos en cuenta que del presupuesto de cada dependencia se asigna entre un 10 y 12% para obra pública.
Estaríamos hablando de que en conjunto se asignaría obra por un monto entre los 2 mil 890 y 3 mil 468 millones de pesos, un negocio por demás redituable.
Al día de hoy, a través de empresas como “Humaniti”, “Suministros y Aplicaciones de México S.A. de C.V.”, “Difasa” y “Biolife”, empresas ligadas a Millet Encalada, han obtenido contratos tan solo en el sector salud por un monto estimado en mil 193 millones de pesos.
Es decir, un promedio de 70.1 millones de pesos por mes, lo que representa el 16% del total del presupuesto de la dependencia estatal, con lo cual ha monopolizado la obra y servicios vinculados al tema de salud.
Por ello colocó de manera estratégica al doctor Miguel Alberto Alcocer Gamboa como secretario de Salud, un incondicional y señalado como prestanombres de empresas factureras ligadas al sector salud.
Otras de las empresas ligadas al clan de Mario Millet recibieron contratos a modo por parte de la Secretaría de Educación Estatal, dirigida por Juan Balam Várguez.
A través de la empresa “Construcciones y edificaciones 8K Kalia S.A. de C.V.”, se están triangulando los recursos.
El gobierno del estado le pagó a esa empresa la suma de 914 mil 283 pesos por la construcción de rampas (8) para personas con discapacidad en la escuela normal “Juan de Dios Ramírez Heredia”, ubicada en Valladolid, como consta en el contrato LO-90-Y94, el cual tiene candados para ser consultado.
Es decir, es evidente el sobrecosto en la obra.
Sin embargo, no es el único contrato que recibió esa empresa, debido a que el 1 de julio del año pasado recibió dos contratos por 13 millones 115 mil 750 pesos y 3 millones 362 mil 453 pesos.
En este año, la misma firma ha recibido otros dos contratos por una suma global de 6 millones 675 mil 435 pesos.
Por lo cual, en apenas 17 meses de gobierno, la empresa vinculada con Millet Encalada ha recibido un total de 24 millones 67 mil 921 pesos, en todos los casos recursos provenientes de la Segey de Yucatán.
El dominio de Millet Encalada va más allá de la estructura del gobierno, debido a que mantiene el control en dos agrupaciones vinculadas al ramo de la construcción: la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación Yucatán, donde tiene colocado a Juan Alberto Canul Moguel, y busca el dominio del Colegio de Ingenieros Civiles del Sureste, donde Jhony Torres Avilés, vinculado con la red mafiosa, busca imponer a Juan Manuel Mendoza Alcocer.
También busca mantener el control del sindicato de trabajadores al servicio de la salud de Yucatán, donde está financiando la campaña de Miguel Moreno Camelo.
La presidencia del país tiene conocimiento de esta situación, por ello colocará a Rafael Marín Mollinedo en una delegación de Yucatán, Secretaría de Gobernación o bien en Bienestar Federal.
Marín Mollinedo tendrá una encomienda clara: plantear el verdadero panorama político que se vive en la entidad y no el falso panorama que plantea el gobernador.
Asimismo, desarticular la red de corrupción que encabeza Millet Encalada, como principal operador del primer gobierno morenista.
No hay que olvidar que Millet Encalada es blanco de investigaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como el principal operador de la delincuencia organizada para lavar parte de las ganancias de estas agrupaciones a través de sus empresas factureras.
La red de corrupción de Mario Millet Encalada ha logrado subsistir a lo largo de 20 años con diferentes banderas de gobierno.
De la mano de conocidos políticos panistas montó una red bien organizada que se dedicaba a gestionar, realizar obra pública con marcado sobrecosto y de menor calidad para entregar a los alcaldes un moche a cambio de la obra pública.
En la red aparecieron Sergio Chan Lugo, Raúl Paz Alonzo, ambos políticos vigentes, y el hoy gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena.
Por lo cual, la relación mafiosa entre Díaz Mena y Mario Millet Encalada no es nueva, debido a que formaron parte de la red del moche de Yucatán, con lo cual se podría explicar en parte las millonarias propiedades del mandatario.
HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN
Las cifras revelan la magnitud del negocio.
De acuerdo con estimaciones derivadas del presupuesto estatal, entre el 10 y el 12% de los recursos de cada dependencia se destina a obra pública, lo que significa que tan solo en estas seis instituciones se podrían asignar contratos por entre 2 mil 890 y 3 mil 468 millones de pesos.
Un botín millonario que, según investigaciones periodísticas, habría sido monopolizado por empresas vinculadas a la red del operador político.
Uno de los casos más documentados se encuentra en la Secretaría de Educación del Estado (SEGEY), que para el ejercicio 2026 dispone de un presupuesto histórico de 15 mil 533 millones 840 mil 129 pesos.
De ese monto, alrededor de mil 500 millones de pesos se destinan a infraestructura educativa, es decir, construcción de aulas, domos, rehabilitación de escuelas y obras diversas.
Sin embargo, investigaciones revelan que más del 50% de estos contratos habría quedado en manos de empresas ligadas a la red de Millet Encalada, muchas de ellas vinculadas con Felipe Alberto Canul Moguel, presidente en Yucatán de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Entre las empresas identificadas se encuentran Arq&Build, Itzá Proyectos, Innova Constructora y Forma y Fusión, además de la firma Torav Construcción Ingeniería y Logística, propiedad del ingeniero Jhony Daniel Torres Avilés, quien además funge como presidente de la Comisión de Peritos de la Construcción Municipal de Mérida.
Esto significa que la misma red empresarial podría estar participando en la construcción, supervisión y aprobación de las obras, un esquema que especialistas consideran altamente vulnerable a conflictos de interés.
SALUD: MILLONES EN CONTRATOS BAJO SOSPECHA
El sector salud tampoco ha escapado de esta red de influencia.
De acuerdo con documentos analizados por Sol Yucatán, empresas vinculadas a Mario Millet Encalada han recibido contratos por un monto estimado de mil 193 millones de pesos en la Secretaría de Salud de Yucatán.
Esto representa un promedio de 70 millones de pesos mensuales en contratos y servicios, equivalentes a cerca del 16% del presupuesto de la dependencia.
Para asegurar el control del sector, el grupo habría colocado como secretario de Salud al doctor Miguel Alberto Alcocer Gamboa, señalado como persona cercana al operador político.
Alcocer Gamboa ha sido vinculado con la operación de clínicas privadas utilizadas para triangular recursos del sector salud, entre ellas la clínica Humaniti, que ha obtenido contratos de servicios médicos subrogados con instituciones como la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), el ISSSTE y la propia Secretaría de Salud estatal.
Documentos oficiales indican que solo entre finales de 2024 y durante 2025 la empresa facturó alrededor de 120 millones de pesos por servicios clínicos privados, aunque no existe claridad sobre la prestación real de dichos servicios.
RED DE PRESTANOMBRES
Otro caso señalado involucra a la empresa Suministros y Aplicaciones de México S.A. de C.V., dirigida por Rodrigo Reyes Zapata, que habría recibido 317 millones de pesos en contratos relacionados con fumigación y control del mosquito transmisor del dengue.
Lo anterior ocurre pese a que Yucatán registró un brote significativo de mosquitos durante el mismo periodo, lo que obligó a municipios y ciudadanos a realizar fumigaciones por cuenta propia.
Rodrigo Reyes Zapata es hijo de Eduardo Alfonso Reyes Bolio, quien en administraciones anteriores fue señalado como presunto prestanombres en contratos vinculados a empresas como Control Integral de Combustibles S.A. de C.V. y Combustibles del Sureste.
A este entramado se suman empresas como Difasa y Biolife, que han obtenido contratos por 756 millones de pesos para servicios de mantenimiento hospitalario, suministro de medicamentos y reparación de equipo médico.
Sin embargo, persisten denuncias por desabasto de medicamentos y fallas en la infraestructura hospitalaria, lo que ha despertado sospechas sobre la ejecución real de los servicios contratados.
LA DUPLA PERFECTA
Las investigaciones periodísticas señalan que Mario Millet Encalada no opera solo.
Diversas fuentes lo ubican junto a Dafne López Martínez como los principales operadores políticos del actual gobierno.
Ambos personajes habrían construido una red de control institucional que les permite manejar contratos, designaciones y proyectos estratégicos dentro del aparato estatal.
La gravedad del caso radica en que esta estructura operaría bajo la protección del propio gobernador Joaquín Díaz Mena, quien, como jefe directo de ambos operadores, tendría conocimiento de las designaciones y movimientos dentro de las dependencias.
Diversos analistas y actores políticos coinciden en un punto: nunca antes se había documentado un control tan amplio de dependencias estratégicas por parte de un mismo grupo dentro del gobierno estatal.
El manejo simultáneo de áreas como educación, salud, infraestructura y turismo abre la puerta a contratos multimillonarios que, en lugar de beneficiar a la población, podrían terminar alimentando una red de empresas vinculadas al poder político.
El saqueo, según denuncias documentadas, sería tan descarado que el llamado “rey del moche” opera con libertad dentro de dependencias que manejan más de 30 mil millones de pesos en recursos públicos.
Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta deficiencias en hospitales, infraestructura educativa deteriorada y obras públicas que avanzan con irregularidades, en contraste con la prosperidad económica de las empresas vinculadas a esta red.
Por ahora, las denuncias y las cifras documentadas por investigaciones periodísticas continúan apuntando hacia una misma dirección: una red de poder que habría convertido a las dependencias públicas en una mina de oro para un reducido grupo político.
