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Sangran a Segey con 150 mdp
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- A través de la SEGEY, que encabezó Liborio Vidal Aguilar, Mauricio Vila incurrió en un desvío millonario de dinero público proveniente del Gobierno Federal, reveló la Auditoría Superior de la Federación.
- El exmandatario estatal intentó maquillar que parte de estos fondos fueron aplicados al pago de trabajadores adscritos a centros de trabajo de educación media superior y superior, sin embargo, no aparecen por ningún lado.
- La transparencia no se mide solo por presentar informes, sino por respetar el destino autorizado del dinero público. Y en este caso, la ASF dejó claro que el ejercicio no fue eficiente ni transparente
Redacción/Sol Yucatán
En la recta final de la administración del panista Mauricio Vila Dosal, el manejo de los recursos federales para educación volvió a colocarse en el centro de la polémica. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), al revisar la Cuenta Pública 2024, detectó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 150 millones 247 mil 221 pesos en el programa U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, recursos que fueron operados a través de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGEY).
Mauricio Vila Dosal había sostenido públicamente un discurso de eficiencia financiera y transparencia. El señalamiento no es menor. Se trata de fondos federales etiquetados específicamente para educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, que, de acuerdo con la auditoría, habrían sido utilizados para pagar nómina de niveles distintos, como media superior y superior.
El resultado: un presunto desvío que alcanza más de 150.2 millones de pesos y que compromete directamente a la estructura administrativa de la SEGEY durante la administración de Mauricio Vila Dosal.
La ASF practicó la Auditoría de Cumplimiento número 2207 al Gobierno del Estado de Yucatán, revisando el 100 por ciento de los recursos transferidos por concepto del programa U080. El universo auditado ascendió a 1,200 millones de pesos. En ese contexto, el hallazgo representa aproximadamente el 12.5 por ciento del total revisado, una proporción que no puede considerarse marginal ni producto de un simple error administrativo.
Liborio Vidal Aguilar, como titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, era el responsable directo de la operación administrativa del programa. El programa U080 tiene reglas claras: son recursos extraordinarios y no regularizables destinados al pago de sueldos, prestaciones, gratificaciones y estímulos del personal docente y administrativo de educación básica. Es decir, su objeto está perfectamente delimitado. Sin embargo, la ASF documentó que parte de estos fondos fueron aplicados al pago de trabajadores adscritos a centros de trabajo de educación media superior y superior.
En términos concretos, la auditoría señala que se realizaron pagos por más de 1,420 millones de pesos a 12 mil 194 trabajadores en 663 centros de trabajo. Dentro de esa revisión, se identificaron 150.2 millones de pesos que no correspondían al nivel educativo autorizado por el convenio federal. Por ello, la ASF emitió un Pliego de Observaciones en el que presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal.
Aunque las decisiones financieras también pasan por la Secretaría de Administración y Finanzas, la ejecución material del gasto recayó en la SEGEY. El señalamiento coloca bajo escrutinio directo a la administración de Mauricio Vila Dosal, quien en 2024 aún encabezaba el gobierno estatal, y a su titular de la SEGEY, Liborio Vidal Aguilar, responsable político y administrativo de la dependencia que operó los recursos.
Más allá del tecnicismo contable, el asunto adquiere relevancia política porque la administración de Mauricio Vila Dosal había sostenido públicamente un discurso de eficiencia financiera y transparencia. Sin embargo, la conclusión de la ASF fue contundente: el gobierno estatal no realizó un ejercicio eficiente y transparente del programa.
La auditoría reconoce que el estado presentó los informes trimestrales correspondientes y que las cifras cuadraban con los registros contables. No obstante, cumplir con el trámite no equivale a cumplir con el objeto del gasto. El problema no fue la ausencia de reporte, sino el destino final del recurso.
En otras palabras, el dinero sí se gastó y sí se registró, pero no necesariamente en lo que estaba autorizado. Ese matiz es el que transforma un posible “error administrativo” en un probable desfalco, como lo señala el órgano fiscalizador federal.
El documento también expone deficiencias en el control interno. Por ejemplo, se detectó que la documentación comprobatoria del gasto no fue cancelada con la leyenda “Operado” ni con el nombre del programa y número de convenio, una práctica básica para evitar duplicidades o usos indebidos. Aunque por este punto se abrió un expediente interno de investigación, el hecho evidencia debilidades en los mecanismos de supervisión bajo la gestión de Liborio Vidal Aguilar en la SEGEY.
La ASF detectó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 150 millones 247 mil 221 pesos en el programa U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación” Otro dato que llama la atención es la detección de cinco trabajadores cuya CURP aparecía en estatus “no encontrada” en la base nacional. Aunque el número es reducido frente al universo total, el hallazgo alimenta sospechas sobre la integridad de la nómina y los filtros de validación implementados durante la administración de Mauricio Vila Dosal.
En conjunto, los elementos configuran un escenario delicado: recursos federales extraordinarios, etiquetados para educación básica, utilizados parcialmente para cubrir otros compromisos de nómina; controles administrativos laxos y observaciones que derivan en un pliego formal por más de 150 millones de pesos.
Desde una perspectiva financiera, el argumento más recurrente en este tipo de casos suele ser la presión presupuestal. Los gobiernos estatales enfrentan déficits crecientes en nómina educativa, particularmente en niveles medio superior y superior, donde las plazas no siempre están respaldadas por fondos federales suficientes. Sin embargo, esa presión no autoriza la reorientación unilateral de recursos etiquetados.
El convenio federal que dio origen a la transferencia del programa U080 establece con claridad el destino de los fondos. Modificarlo sin autorización implica incumplir las condiciones de la transferencia. Por ello, la ASF presume daño a la Hacienda Pública Federal y no simplemente una observación administrativa menor.
El impacto político para la administración de Mauricio Vila Dosal es significativo. El exgobernador construyó parte de su narrativa pública sobre la disciplina financiera y la buena gestión de recursos.
La observación por 150.2 millones de pesos en el sector educativo golpea directamente esa imagen, más aún cuando involucra a la SEGEY, una de las dependencias más sensibles socialmente.
Liborio Vidal Aguilar, como titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, era el responsable directo de la operación administrativa del programa. Aunque las decisiones financieras también pasan por la Secretaría de Administración y Finanzas, la ejecución material del gasto recayó en la SEGEY.
El desenlace aún no está cerrado. El Pliego de Observaciones abre un periodo para que el gobierno estatal aporte aclaraciones, reintegre recursos o solvente la presunta irregularidad. Sin embargo, mientras eso ocurre, el señalamiento queda registrado en la Cuenta Pública 2024 como un probable daño superior a 150 millones de pesos.
En términos de narrativa pública, el caso puede leerse como una advertencia sobre los riesgos de utilizar programas extraordinarios para tapar huecos presupuestales estructurales. Cuando el recurso no es regularizable, cualquier desviación queda expuesta en la revisión federal.
El episodio también obliga a revisar el modelo de financiamiento educativo estatal. Si el gobierno de Mauricio Vila Dosal utilizó recursos del U080 para cubrir compromisos de niveles distintos a básica, la pregunta de fondo es si existía un déficit estructural en media superior y superior que no fue atendido con planeación financiera adecuada.
En definitiva, el hallazgo de la ASF no es un simple ajuste contable. Es un señalamiento por 150.2 millones de pesos que coloca bajo escrutinio la gestión de la administración de Mauricio Vila Dosal y la actuación de Liborio Vidal Aguilar al frente de la SEGEY.
Más allá de los argumentos técnicos que puedan presentarse para solventar la observación, el dato duro permanece: recursos federales etiquetados para educación básica terminaron aplicándose en otros niveles educativos.
La transparencia no se mide solo por presentar informes, sino por respetar el destino autorizado del dinero público. Y en este caso, la Auditoría Superior de la Federación dejó claro que el ejercicio no fue eficiente ni transparente.
El desenlace administrativo y legal aún está por verse, pero la cifra ya forma parte del registro público. Más de 150.2 millones de pesos del programa U080 quedaron bajo sospecha en el cierre de la administración panista de Mauricio Vila Dosal, operados a través de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado encabezada por Liborio Vidal Aguilar.
La última palabra la tendrá el proceso de solventación. Pero la observación está hecha, el monto está documentado y la responsabilidad política, inevitablemente, tiene nombre y apellido.
