Saidén, impune zar gasolinero

• El titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, y su hijo poseen gasolineras en puntos estratégicos de Mérida. Las patrullas de la dependencia son obligadas a cargar combustible en las estaciones de Servicio Dzityá y Servicio Caucel

• Su nombre dejó de estar ligado únicamente a la seguridad y comenzó a aparecer, cada vez con mayor frecuencia, en registros mercantiles, escrituras notariales y estructuras empresariales

• Instalar y operar una gasolinera en México implica inversiones que pueden superar fácilmente los 20 o 30 millones de pesos, dependiendo de la ubicación, el tamaño y la infraestructura

Redacción/Sol Yucatán

En Yucatán, pocas figuras han logrado mantenerse tanto tiempo en una posición de poder como Luis Felipe Saidén Ojeda. Su permanencia al frente de la Secretaría de Seguridad Pública no solo lo ha convertido en uno de los funcionarios más longevos del país, sino también en un personaje rodeado de una influencia que trasciende lo institucional.

Con los años, su nombre dejó de estar ligado únicamente a la seguridad y comenzó a aparecer, con cada vez con mayor frecuencia, en registros mercantiles, escrituras notariales y estructuras empresariales que apuntan hacia un terreno mucho más rentable: el negocio del combustible.

Porque mientras el discurso oficial lo ubica como un servidor público con un salario que ronda los 110 mil pesos mensuales, los documentos revelan otra historia, una que conecta directamente con la operación de estaciones de servicio, un sector altamente regulado, costoso y, sobre todo, lucrativo. No se trata de versiones o señalamientos sin sustento.

Se trata de actas constitutivas inscritas en el Registro Público de Comercio que lo colocan como accionista mayoritario y administrador único de empresas dedicadas a la comercialización de gasolina y diésel.

Una de ellas es Estación de Servicio Dzityá, S.A. de C.V., constituida en 2023 en la zona norte de Mérida, a un costado de la carretera Mérida–Progreso. Ahí, Luis Felipe Saidén Ojeda posee el 75% de las acciones y controla directamente la administración de la empresa, mientras que el restante 25% está en manos de Luis Omar Saidén Quiroz, un apellido que se repite y que confirma la naturaleza familiar del negocio.

Pero no es un caso aislado. Desde años atrás, el mismo esquema se replicó con otra razón social: Estación de Servicio Caucel, S.A. de C.V., constituida en 2014. En esta empresa, el control es todavía más contundente: el funcionario posee el 90% de las acciones, dejando una participación minoritaria a su socio recurrente.

La estructura es idéntica: concentración accionaria, control total y un objeto social que no deja lugar a dudas. Venta de combustibles, transporte, almacenamiento, distribución y una serie de servicios asociados que convierten a cada estación en un pequeño centro de negocios energéticos.

El problema no es que un funcionario tenga intereses empresariales. El problema es la magnitud de esos intereses frente a los ingresos que oficialmente percibe. Con un salario mensual de aproximadamente 110 mil pesos, incluso en condiciones ideales de ahorro, sería prácticamente imposible reunir el capital necesario para acceder a una concesión de este tipo.

Instalar y operar una gasolinera en México implica inversiones que pueden superar fácilmente los 20 o 30 millones de pesos, dependiendo de la ubicación, el tamaño y la infraestructura. A eso hay que sumar los costos de permisos, franquicias, logística, suministro y operación.

La pregunta, entonces, surge de manera inevitable: ¿de dónde proviene el capital que sostiene estas inversiones?

Porque el negocio gasolinero no es un emprendimiento menor ni una inversión accesoria. Es una industria estratégica, regulada y profundamente ligada al poder político. Históricamente, las estaciones de servicio han sido controladas por grupos empresariales con acceso a financiamiento robusto, relaciones con Pemex y, en muchos casos, vínculos directos con el poder público. No es casualidad. La gasolina es un insumo clave para la economía, pero también para la operación gubernamental.

Y ahí es donde el círculo comienza a cerrarse.

La Secretaría de Seguridad Pública, la misma institución que durante años ha estado bajo el mando de Luis Felipe Saidén Ojeda, es uno de los principales consumidores de combustible en el estado.

Patrullas, unidades tácticas, vehículos administrativos, ambulancias y equipos operativos dependen de un flujo constante de gasolina y diésel. El volumen de consumo no es menor. Es millonario.

En ese contexto, la coexistencia entre el rol de funcionario y el de empresario del combustible deja de ser un dato anecdótico para convertirse en un punto crítico de análisis. No se trata de una acusación directa, sino de una condición estructural que, en cualquier sistema de rendición de cuentas, obligaría a un escrutinio profundo.

La situación adquiere todavía mayor dimensión cuando se considera que su permanencia en el cargo ha atravesado múltiples administraciones estatales, consolidando no solo una carrera política, sino una red de influencia que difícilmente puede explicarse sin observar el entramado completo. Seguridad pública, por un lado, negocio energético por el otro.

El modelo es claro: empresas familiares, control accionario concentrado, administración directa y un sector económico altamente rentable. Todo ello respaldado por documentos oficiales, registros públicos y estructuras legales perfectamente constituidas. No hay simulación en los papeles. Hay propiedad.

Sin embargo, el contraste entre el ingreso público declarado y la capacidad de inversión necesaria para sostener estos activos sigue siendo el punto más delicado. Porque en un país donde la mayoría de los funcionarios públicos dependen exclusivamente de su salario, la aparición de activos de alto valor en sectores estratégicos inevitablemente despierta preguntas.

No es un caso aislado en México, pero sí es uno particularmente emblemático en Yucatán. Un estado donde la estabilidad institucional ha sido una bandera constante, pero donde también comienzan a emerger historias que obligan a mirar más allá del discurso oficial.

La figura de Luis Felipe Saidén Ojeda ya no puede entenderse únicamente desde la seguridad pública. Hoy, también debe analizarse desde el ámbito empresarial. Desde la lógica de los negocios. Desde el flujo del dinero.

Porque al final, la pregunta no es si tiene gasolineras. Eso ya está documentado. La verdadera pregunta es cómo se construyó ese patrimonio y qué implicaciones tiene que un funcionario con tanto poder operativo dentro del estado también participe en uno de los negocios más rentables y sensibles del país.

En Yucatán, la gasolina no solo mueve vehículos. También mueve poder.