Robo de gasolina en la Asey

• Mientras en 2025 el organismo fiscalizador autorizó una bolsa de 5 millones de pesos para gasolina, diésel y vales de combustible, apenas un año después redujo ese mismo techo presupuestal a 2.5 MDP

• La cifra resulta llamativa porque la Auditoría Superior no es una corporación policiaca, una dependencia de seguridad ni una institución que opere maquinaria pesada de manera permanente

• La diferencia de 50 por ciento pone en evidencia el verdadero nivel de consumo de la institución encargada precisamente de vigilar el correcto uso de los recursos públicos, pero no lo hace.

Redacción/Sol Yucatán

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán tiene una misión clara: revisar las cuentas públicas, detectar irregularidades y verificar que el dinero de los contribuyentes sea utilizado de manera eficiente. Sin embargo, los propios contratos firmados por la institución muestran que durante años operó con márgenes de gasto en combustible que hoy parecen difíciles de justificar.

Los documentos oficiales revelan que en marzo de 2025 la ASEY adjudicó a la empresa Control Integral de Combustibles S.A. de C.V. el contrato LP-01-25-C1 para abastecer de gasolina y diésel a los vehículos y maquinaria al servicio del organismo. El contrato fue firmado por la directora de Administración y Finanzas, Ada Gloria Concepción Rodríguez Jiménez, y por Eduardo Alfonso Reyes Bolio, representante legal de la empresa proveedora.

La contratación contempló una estructura de gasto particularmente generosa. Tan solo para combustible se destinaron 3 millones 100 mil pesos, mientras que otro 1 millón 900 mil pesos fueron asignados a vales de combustible, para una bolsa total de hasta 5 millones de pesos antes del IVA.

La cifra resulta llamativa porque la Auditoría Superior no es una corporación policiaca, una dependencia de seguridad ni una institución que opere maquinaria pesada de manera permanente. Su principal función consiste en fiscalizar, revisar expedientes, realizar auditorías y efectuar verificaciones relacionadas con el ejercicio del gasto público. Aun así, el organismo consideró necesario contar con una disponibilidad presupuestal que alcanzaba niveles comparables a los de dependencias con una actividad operativa mucho más intensa.

En marzo de 2026, la misma Auditoría volvió a contratar a la misma empresa. El proveedor siguió siendo Control Integral de Combustibles S.A. de C.V. y el representante legal continuó siendo Eduardo Alfonso Reyes Bolio. Sin embargo, algo cambió de manera radical: el presupuesto.

El nuevo contrato, identificado como LP-02-26-C1, estableció un monto máximo de apenas 2.5 millones de pesos antes de IVA, exactamente la mitad del techo autorizado el año anterior.

La reducción es tan significativa que inevitablemente conduce a una pregunta incómoda: si la Auditoría puede operar en 2026 con un límite de gasto 50 por ciento menor, ¿por qué en 2025 consideró necesario autorizar hasta cinco millones de pesos?

No existe en los contratos ninguna referencia a una disminución extraordinaria de actividades, a una reducción de personal o a una disminución sustancial de las tareas de fiscalización. Tampoco se advierte una reorganización institucional que justifique una caída tan pronunciada en el consumo potencial de combustible. Lo que sí muestran los expedientes es que la estructura general del servicio permanece prácticamente intacta.

De hecho, el contrato de 2026 mantiene un sofisticado sistema de control de flotillas, monitoreo de consumos y administración electrónica de cargas de combustible. El proveedor está obligado a generar reportes en tiempo real, controlar consumos por vehículo y usuario, administrar tarjetas electrónicas, bloquear consumos irregulares y ofrecer cobertura en al menos 67 estaciones de servicio distribuidas en el territorio estatal.

Por ello, la diferencia de 2.5 millones de pesos entre un contrato y otro adquiere relevancia pública. Si la actividad institucional es similar, entonces una de dos cosas ocurrió: o en 2025 se sobreestimó considerablemente el consumo esperado, o en 2026 la institución encontró mecanismos que le permitieron reducir drásticamente el gasto proyectado.

Si el consumo fue sobreestimado, entonces la Auditoría trabajó durante 2025 con una autorización presupuestal muy superior a sus necesidades reales. Si, por el contrario, el ajuste responde a una mejora en los controles internos, la pregunta sería por qué esos controles no fueron implementados desde el principio.

Los contratos también permiten observar una evolución en la forma de administrar el combustible. Mientras el esquema de 2025 contemplaba una fuerte dependencia de vales físicos, el modelo de 2026 fortalece los mecanismos electrónicos de supervisión y control.

Este cambio resulta relevante porque históricamente los vales de combustible han sido uno de los instrumentos más cuestionados dentro de la administración pública mexicana debido a los riesgos asociados a su manejo, distribución y fiscalización. La migración hacia sistemas electrónicos suele asociarse con mayores niveles de control y trazabilidad.

La empresa beneficiada por ambos contratos tampoco es una desconocida. Control Integral de Combustibles S.A. de C.V. se especializa en la administración de combustibles, tarjetas electrónicas para flotillas, vales, sistemas de monitoreo y servicios relacionados con el control de consumos vehiculares. La compañía tiene su domicilio en el Parque Industrial Yucatán y ha construido un modelo de negocio enfocado precisamente en el manejo de combustibles para instituciones públicas y privadas.

La permanencia del mismo proveedor durante ejercicios consecutivos tampoco constituye una anomalía por sí misma. Lo que sí genera interés público es la enorme diferencia entre los montos autorizados de un año a otro.

En términos prácticos, la comparación de ambos contratos deja una conclusión difícil de ignorar: la propia institución encargada de vigilar el uso eficiente del dinero público reconoció, mediante sus decisiones de contratación, que podía operar con un presupuesto para combustible significativamente menor al que había autorizado apenas un año antes.

La paradoja resulta evidente. Mientras la Auditoría Superior exige a municipios, organismos autónomos y dependencias estatales justificar cada peso ejercido, los números contenidos en sus propios contratos abren interrogantes sobre la racionalidad de su gasto histórico en combustibles.

La reducción de cinco millones a 2.5 millones de pesos no es un ajuste administrativo menor. Es una diferencia de recursos suficiente para financiar auditorías, fortalecer áreas técnicas o ampliar capacidades de fiscalización. También es una diferencia lo suficientemente grande para que cualquier órgano de control preguntara las razones que la motivaron.

En este caso, el órgano que tendría que formular esas preguntas es precisamente el mismo que firmó los contratos. Y esa circunstancia convierte la comparación entre ambos documentos en algo más que una simple variación presupuestal: la convierte en un ejemplo de cómo los propios gastos de la institución fiscalizadora pueden terminar sometidos al mismo escrutinio que ella exige al resto de la administración pública.

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