Sin categoría
Robo a los trabajadores del ISSTEY
- El Gobierno del Estado entregó como donación 50 hectáreas del Isstey a la federación. Las tierras tienen un valor comercial de unos 600 MDP, con lo cual se concreta un millonario daño patrimonial a los trabajadores al servicio del Estado.
- Las tierras fueron entregadas al Instituto por el entonces gobernador Rolando Zapata Bello, como pago de más de 2 mil MDP correspondiente a cuotas que su antecesora, Ivonne Ortega, no entregó al Instituto.
- El problema, de acuerdo con la documentación y los antecedentes patrimoniales del predio, es de fondo debido a que esas tierras no son parte de la reserva territorial propiedad del Gobierno del Estado.
Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán
El Gobierno de Joaquín Díaz Mena habría concretado una operación que coloca bajo la lupa 600 millones de pesos pertenecientes al patrimonio de los trabajadores al servicio del Estado.
Se trata de las 50 hectáreas ubicadas en Ucú que la administración estatal entregó a título gratuito a la Federación para el desarrollo de la denominada Ciudad Ucú, un proyecto habitacional que pretende convertirse en uno de los grandes programas de vivienda del Gobierno Federal en Yucatán.
El problema, de acuerdo con la documentación y los antecedentes patrimoniales del predio, es de fondo debido a que esas tierras no son parte de la reserva territorial propiedad del Gobierno del Estado.
Forman parte del patrimonio del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) y, por tanto, estarían relacionadas directamente con los derechos patrimoniales de miles de trabajadores.
El origen de estas tierras se remonta a los gobiernos anteriores.
Durante la administración de Ivonne Ortega Pacheco, el Gobierno del Estado acumuló un adeudo con el Instituto por aproximadamente 2 mil 82 millones de pesos, derivado de cuotas que no fueron entregadas oportunamente al Instituto, lo que llevó al organismo a crisis financiera, la cual aún arrastra.
Posteriormente, en el 2014, durante el gobierno de Rolando Zapata Bello, se realizó una operación mediante la cual alrededor de 3 mil hectáreas fueron entregadas al instituto como parte de la solución patrimonial a ese adeudo, es decir, las tierras servirían para llenar de alguna manera el boquete financiero que dejó como herencia el gobierno anterior y que en algún momento se podrían utilizar para evitar un quebranto en el fondo de pensiones.
En pocas palabras, las tierras no llegaron al Instituto como un regalo, sino que fueron una permuta.
Fueron incorporadas a su patrimonio como una forma de cubrir una obligación que el Estado tenía con los trabajadores.
Por ello, la controversia actual adquiere otra dimensión.
Las 50 hectáreas entregadas gratuitamente a la Federación forman parte de ese patrimonio, el Gobierno del Estado no echó mano de un terreno propio, sino de bienes vinculados a los trabajadores que financiaron y sostuvieron al Isstey mediante sus aportaciones.
La operación coloca bajo escrutinio al gobernador Joaquín Díaz Mena, así como a los funcionarios responsables de la administración del patrimonio de los trabajadores sindicalizados.
Entre los nombres señalados se encuentran David Cetz Pech, director del Instituto, y Hernán Cárdenas López, director general del Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú, quienes habrían intervenido en la operación mediante la cual los terrenos terminaron a disposición de la Federación, como un regalo para la construcción del Plan de Vivienda para el Bienestar.
La superficie entregada, 50 hectáreas, tendría un valor comercial estimado cercano a 600 millones de pesos, de acuerdo con los cálculos de empresas inmobiliarias.
Por ello, grupos opositores y trabajadores inconformes estarían preparando acciones legales para exigir que el patrimonio sea restituido al Isstey o, en su defecto, que se cubra el valor correspondiente de las tierras.
El reclamo es sencillo: si el Gobierno decidió entregar el terreno, pues que pague por él.
Existe además un elemento que resulta particularmente llamativo: para desarrollar proyectos de vivienda similares en otros municipios, se ha planteado que los ayuntamientos aporten terrenos.
En caso de que un municipio no cuente con reservas territoriales disponibles, tendría que adquirir el terreno con recursos propios para posteriormente aportar al programa federal.
Otro elemento digno de resaltar es que el terreno no necesariamente será gratuito para quienes reciban las viviendas.
El discurso oficial presenta el proyecto como una acción de justicia social para quienes no tienen acceso a créditos de vivienda tradicionales.
Sin embargo, el esquema no significa necesariamente que los beneficiarios reciban gratuitamente el terreno y la casa.
La vivienda se desarrolla mediante un esquema de financiamiento, por lo que el beneficiario deberá cubrir el costo correspondiente conforme a las condiciones del programa, incluyendo el terreno y la construcción.
En otras palabras, el Gobierno de Yucatán pone la tierra, la Federación desarrolla el programa y el beneficiario termina pagando su vivienda.
Lo que llama la atención es que varios de los funcionarios que actualmente trabajan en el gobierno de la 4T se verán beneficiados con este programa de vivienda, debido a que, al final de la administración de la dzemuleña, adquirieron tierras que pertenecían a la reserva territorial y que, con la construcción de más de 5 mil predios, se catapultará el valor de su propiedad.
En el sexenio pasado, Mauricio Vila decidió vender varias propiedades del Instituto para evitar el quebranto, por lo cual activistas como Emmy Sosa Novelo, Marisol Canto Lugo y Blanca Estrada encabezaron férreas protestas por esta situación. Hoy ninguna levanta la voz en defensa del Instituto a pesar de que el gobierno regaló la tierra, la respuesta es sencilla: las tres están vinculadas con la 4T, las dos primeras como funcionarias y a la tercera a su hijo le otorgaron la administración de la pista de arrancones de Xmatkuil.
