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Retan a la Suprema Corte
- El DIF Estatal y la Prodennay violentan de manera sistemática los derechos fundamentales de las familias que viven en situación de vulnerabilidad.
- El caso de la madre Guadalupe Hernández, a quien le quitaron a sus seis hijos, ya escaló al ámbito nacional e internacional.
Redacción/Sol Yucatán
El DIF Estatal, que encabeza Shirley Castillo Sánchez, y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodennay), que encabeza Francisco Javier Santos Mendoza Aguilar, están violentando y pisoteando de manera sistemática los derechos de las familias vulnerables.
Asimismo, están retando e incumpliendo los mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya se había pronunciado en al menos dos ocasiones por casos similares.
Sol Yucatán dio cuenta y seguimiento en exclusiva, la injusticia que prevalece sobre Guadalupe del Carmen Hernández Hernández, vecina de Chelem, a quien el DIF y la Prodennay le quitaron a sus seis hijos por sus condiciones económicas. Es decir, un claro caso de discriminación en un gobierno cuyo lema es “primero los pobres”.
El caso escaló al ámbito nacional e internacional, donde se pide justicia y que cesen los atropellos contra los derechos constitucionales de la mujer solo por su condición económica.
Henry Josué Morales Carrillo, director general de la organización Justicia Sobre Ruedas, acudió a diferentes instancias para exigir justicia.
Envió escritos a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum; al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; a la Cámara de Diputados; a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a la jueza federal Katherine Polk Failla, del Distrito Sur de Nueva York, para pedir protección y que la mujer sea protegida por la justicia federal, así como que le regresen a sus hijos.
Asimismo, ayer se interpuso una denuncia ante el Juzgado Quinto de Distrito contra el DIF y la Prodennay, precisamente por la violación de los derechos humanos y desacato.


El punto de partida de este caso, como Sol Yucatán informó, fue la denuncia pública de Guadalupe del Carmen Hernández Hernández, quien señaló que sus seis hijos menores de edad fueron separados de ella en Chelem durante septiembre de 2026.
De acuerdo con los escritos presentados por Justicia Sobre Ruedas, las separaciones habrían ocurrido entre el 17 y el 24 de septiembre. La organización sostiene que las medidas adoptadas por la Prodennay no se ajustaron a los criterios constitucionales y judiciales que regulan la separación de niñas, niños y adolescentes de su entorno familiar.
Entre los cuestionamientos expuestos se encuentra la presunta falta de cumplimiento de los procedimientos de control judicial, así como la supuesta ausencia de determinadas actuaciones ministeriales oportunas.
El 9 de julio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo 406/2024, que tuvo su origen en otro caso ocurrido en Yucatán: una madre dio a luz en su domicilio, en Mérida, el 26 de julio de 2022. Después de que el recién nacido fuera atendido en el Hospital O’Horán, intervino la Prodennay y el menor fue trasladado al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE) el 25 de agosto de ese año.
El niño permaneció bajo cuidado institucional hasta que fue reunido con su madre el 14 de febrero de 2023.
Al analizar el caso, la Suprema Corte identificó vulneraciones a derechos fundamentales relacionados con la vida familiar, la identidad, la lactancia y el ejercicio de la maternidad. También estableció obligaciones de atención médica y psicológica, además de medidas de carácter estructural para evitar que se repitieran situaciones similares, lo que claramente no está ocurriendo.
