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Policía

PRODENAY ROBA NIÑOS

*Denuncian que el 80 por ciento de los niños bajo la tutela del estado tienen familia, no en desamparo como dicen. Llegan al albergue por falsas denuncias por violencia. “Cuando retienen a los menores, ya tratan a las familias como culpables, ni les dan información de dónde enviaron a sus hijos

* Otra forma de que el Estado obtenga la patria potestad de los recién nacidos para darlos en adopción es que la Prodenay registra a los bebés con el apellido de la mamá y luego hacen que la adolescente firme documentos donde renuncia al bebé

* Otro de los casos, ocurrió en 2014, cuando acusaron a la diputada federal del PAN, Cinthya Valladares Couoh, de tráfico de influencias para quedarse con la patria potestad de los dos hijos de su prima. 

Por Claudia V. Arriaga Durán /Sol Yucatán

Yucatán no cuenta con una lista de espera de familias para procesos de adopción, aseguró la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (PRODENNAY), en la respuesta que entregó vía la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Explicó que para integrar a los menores en nuevas familias analiza los perfiles de cada una de las niñas, niños y adolescentes, cuya situación jurídica ya esté resuelta. En pocas palabras, de aquellos que ya pasaron por un juicio de pérdida de patria potestad y que quedan bajo la tutela del Estado. 

La institución analiza los perfiles de cada una de las niñas, niños y adolescentes. Presuntamente, identifica sus características, necesidades, deseos, gustos “y por supuesto su opinión respecto a su integración a una nueva familia”, expuso la institución. 

Dijo que el criterio principal entre los solicitantes es la compatibilidad con el menor. 

“Derivado de esto, la PRODENNAY busca entre todos los solicitantes de adopción autorizados, la familia que tenga un mayor grado de compatibilidad con el perfil del niño, niña o adolescente y que pueda cubrir y cumplir con la restitución integral de sus derechos”, respondió la PRODENNAY.

El 75 por ciento de adopciones son directas

De octubre del 2018 a la fecha, se han llevado a cabo un total de 150 procesos de adopción directa. Quiere decir que quien ejerce la patria potestad o tutela de niñas, niños y adolescentes, da su consentimiento para que sean entregados a una persona. 

En ese mismo periodo de tiempo, solo 50 menores fueron integrados a nuevos hogares por el Consejo Técnico de Adopción que pertenece al Estado. De las 200 adopciones, el 75 por ciento fueron directas.

Sobresale que el número de sentencias relacionadas con pérdida de patria potestad en los últimos 12 años es de 333, según información del Consejo de la Judicatura de Yucatán. Es mucho menor que el número de adopciones en cuatro años y de las 150 que fueron directas. 

De 2018 a 2022 había 125 juicios de guardia y custodia en procesos relacionados con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (PRODENNAY). En ese sentido, para la abogada y activista que lucha por los derechos de las infancias, Dariana Quintal significa que los menores tienen núcleos familiares que los quieren de regreso en casa. 

En entrevista, detalló que, desde hace nueve años, inició con la representación legal de madres que luchan por sus hijas e hijos. En ese tiempo recuperó al menos a 250 menores. 

“El 80 por ciento de los niños bajo la tutela del estado tienen familia, no en desamparo como dicen. Llegan al albergue por falsas denuncias por violencia. La PRODENNAY no le da el beneficio de la duda a la mamá y papá. Además, tienen familiares, tíos, abuelos, etc., con los que podrían ser enviados y otorgarles la custodia temporal, sin embargo, no lo hacen”, relató.

“Cuando retienen a los menores, ya tratan a las familias como culpables, no hay presunción de inocencia, investigación, ni les dan información de dónde enviaron a sus hijos u orientación para recuperarlos y defenderse”, señaló.

A las mamás que tienen más suerte, les permiten visitar a sus hijas e hijos, aun así, no les notifican del proceso legal, ni cuando inicia un juicio de pérdida de patria potestad. Las dejan en total indefensión. Los principales factores para ejercer esta violencia institucional son factores como ser personas sin recursos económicos y maya hablantes. En pocas palabras, criminalizan la pobreza.

La abogada, Dariana Quintal, recordó el caso de una mujer originaria de Chiapas, que pertenecía al grupo indígena Tzotzil. Paola de 15 años, como le nombraremos por temor a represalias, fue asegurada por la Policía Municipal de Mérida. La hallaron acompañando a una persona adulta que vendía en la calle y dieron parte a la PRODENNAY. La enviaron a Casa Moisés. Su madre intentó recuperarla, no habla español, pero nunca le proporcionaron una persona traductora de su lengua Tzotzil.

“Hablamos de que dejaron vulnerables a personas indígenas y como ella muchos casos. Como no se pueden defender porque están en desventaja, la PRODENNAY promueve juicios de pérdida de patria potestad. Las familias no son notificadas. La mayoría de esas personas se van, acotó”.

Tras esclarecer el asunto, finalmente, la menor regresó con su madre a casa.

Adolescentes son obligadas a entregar a sus hijas e hijos

María llevó a su hija a parir al hospital público Agustín O’Horán en Mérida, era una adolescente de 15 años que se embarazó de su novio de 17 años. El personal del nosocomio dio aviso a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (PRODENNAY). La menor fue enviada al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede) en donde permaneció tres meses junto con su bebé recién nacido. 

En este caso, no fue necesario ampararse para obtener la libertad de la menor y su hijo, ya que no había ningún delito que perseguir. 

Otra forma de que el Estado obtenga la patria potestad de los recién nacidos para darlos en adopción, explicó la abogada Dariana Quintal, es haciendo que las madres adolescentes firmen la renuncia de sus derechos.

“La PRODENNAY registra a los bebés con el apellido de la mamá y luego hacen que la adolescente firme documentos donde renuncia al bebé, y ese bebé queda bajo la tutela del estado”, alegó.

Otro de los casos, ocurrió en 2014, cuando acusaron a la diputada federal del PAN, Cinthya Valladares Couoh, de tráfico de influencias para quedarse con la patria potestad de los dos hijos de su prima. 

El padre de los menores, Adrián Acevedo, fue acusado de abuso sexual y maltrato en contra de uno de sus hijos. En entrevista, en aquel entonces aseguró que fueron delitos creados con ayuda de la entonces titular de la PRODENNAY, Cinthia Pacheco Garrido y de la Fiscalía, Celia Rivas. Sin embargo, tras las investigaciones resultó absuelto.

“La Fiscalía da carpetazo y turna el expediente al juez primero de lo penal, pero él no encuentra elementos para la orden de aprehensión en mi contra. El médico legista rindió su informe y descartó que hubiera marcas de violación o laceraciones”, comentó Adrián. 

Adrián junto con su entonces esposa, protestaron durante la inauguración de las nuevas oficinas de la PRODENNAY, en ese momento PRODEMEFA. En el evento se encontraba el entonces gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, pero, aun así, nadie los apoyó para recuperar a sus dos hijos.

Manifestó que el juicio de pérdida de patria potestad se llevó a cabo sin notificarle a él y su esposa, lo que tuvo como resultado que nunca volvieran a ver a sus hijos. 

Para Dariana Quintal, la actuación de las autoridades que deben cuidar de las infancias, solo beneficia a unos cuantos, pero no a los menores de edad, ni a las infancias de Yucatán. 

“Una adopción ilegal en la ley de México está considerada como trata de personas, Cinthia Pacheco Garrido en el tiempo que estuvo ahí, hizo y deshizo. Le siguieron Irene Torres y Teresita Anguas, y nadie hizo nada. Destruyeron a una familia y nunca volvieron a ver a sus hijos”, sentenció la abogada.

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