Procivy extorsiona a empresarios

• Hernán Hernández Rodríguez, titular de Protección Civil de Yucatán, es denunciado por presuntamente exigir dinero a empresas bajo la amenaza de clausura y la imposición de asesores favorecidos desde la dependencia.

• Especialistas desplazados, consultores presuntamente impuestos y cobros de hasta 70 mil pesos por programas internos de protección civil cercan la gestión de Hernán Hernández Rodríguez.

• Denuncias apuntan a presuntas irregularidades en inspecciones, multas y autorizaciones de la dependencia encargada de proteger a la población.

• Los pescadores que no regresaron tras Milton y las suspensiones por Isaías mantienen bajo cuestionamiento la preparación del funcionario, señalado como ahijado y protegido del gobernador.

• La falta de capacidad técnica de Hernán Hernández, arrastra al gobernador Joaquín Díaz Mena al ridículo.

Redacción/Sol Yucatán

Hernán Hernández Rodríguez, titular de Protección Civil de Yucatán, es señalado por presuntamente exigir dinero a empresas bajo la amenaza de clausura y la imposición de asesores favorecidos desde la dependencia. La información recabada por Sol Yucatán describe un negocio montado sobre la necesidad de los empresarios de mantener abiertas sus puertas.

El mecanismo denunciado es directo: advertir al establecimiento sobre supuestas irregularidades y exigir pagos para destrabar sus trámites. El testimonio refiere cobros de entre 40 mil y 50 mil pesos ligados a esas presiones y programas internos de protección civil que alcanzarían los 60 mil o 70 mil pesos, porque presuntamente incluirían una parte para personal de Procivy.

Así, la oficina que debe proteger a trabajadores, estudiantes y clientes estaría utilizando sus facultades para sacar dinero a quienes necesitan una autorización. El empresario pagaría para seguir operando y los funcionarios involucrados recibirían su parte, según la denuncia.

Al frente está Hernández Rodríguez, cuestionado también por su preparación y señalado en el testimonio como ahijado de bodas del gobernador Joaquín Díaz Mena. Sobre su gestión pesan acusaciones de desplazar especialistas y favorecer a otros prestadores de servicios. El respaldo del mandatario lo mantiene en un puesto donde una autorización mal concedida o una decisión tardía pueden poner vidas en peligro.

La información recabada señala que la administración de Hernández Rodríguez apartó a consultores de larga trayectoria mientras favorecía la incorporación de otros prestadores de servicios.

De un padrón de alrededor de 42 asesores, hoy sobreviven unos cuantos, y es que la denuncia describe exclusiones dirigidas contra especialistas que cuestionaban a la dirección y una presunta canalización de clientes hacia personas favorecidas desde Procivy, por lo que muchos de ellos, quedaron fuera al no prestarse y no convenirle a Hernán Hernández para sus “negocios”.

“Te recomiendo, autorizo el plan de él aunque no cumpla con los requisitos y me das mi pago”, resume el testimonio al explicar la operación que atribuye a funcionarios.

La acusación golpea el propósito de la dependencia: quienes deberían revisar riesgos estarían utilizando esa facultad para repartir trabajo y cobrar por facilitar autorizaciones.

La seguridad puesta en venta

Según el testimonio recabado por Sol Yucatán, a los negocios se les presionaría para pagar entre 40 mil y 50 mil pesos. Además, poniendo a su gente para elaborar su programa interno de protección civil, el documento que establece cómo prevenir riesgos y actuar ante una emergencia.

Ahí estaría otra parte del negocio: el documento, según la estimación del testimonio, podría costar entre 15 mil y 16 mil pesos, pero con “la mano negra” de Porcivy, se estaría cobrando en 60 mil o 70 mil. La explicación que ofrece la denuncia es que ese precio llevaría incluida una parte para personal de Procivy. A eso se sumarían cobros relacionados con la revisión del documento.

El empresario quedaría contra la pared: necesita la autorización para seguir trabajando, pero desde la dependencia le señalarían con quién hacer el trámite y cuánto pagar. Así, los consultores favorecidos conseguirían clientes y los funcionarios involucrados presuntamente recibirían su parte, mientras el dueño del negocio tendría que sacar más dinero para mantener abiertas sus puertas.

Sol Yucatán ha dado cuenta de presuntas amenazas de clausura utilizadas para presionar a empresarios a contratar terceros acreditados favorecidos desde Procivy. El testimonio recabado ahora vuelve sobre esa práctica y sobre los pagos asociados con la revisión de programas.

En los señalamientos aparece Ángel Alberto Guerra Ramírez, identificado en las investigaciones de este periódico como jefe del Departamento de Prevención, área que interviene en programas internos y dictámenes de riesgo. Las acusaciones lo vinculan con presuntas solicitudes de dinero para facilitar autorizaciones y gestiones.

También se describe un supuesto reparto de recursos provenientes de sanciones: de una multa de 45 mil pesos, únicamente diez mil ingresarían oficialmente; los otros 35 mil quedarían entre los involucrados.

La diferencia obliga a revisar los controles de una institución dirigida por Hernández Rodríguez. Cada sanción debe tener un expediente, una resolución y un comprobante que permita seguir el dinero hasta las arcas públicas.

El titular debe responder por el funcionamiento de esos controles y por las actuaciones del personal bajo su mando. Una inspección no puede convertirse en una negociación donde el empresario paga para librarse de la presión y el riesgo queda sin corregir.

Las autorizaciones, los cobros y las intervenciones de cada funcionario deben ser revisados. La seguridad de un establecimiento no puede depender de contratar al recomendado ni de entregar dinero fuera de los cauces oficiales.

Milton: los que no volvieron

El cuestionamiento sobre la capacidad de Hernández tiene un recuerdo doloroso para Yucatán: los pescadores que no regresaron después del huracán Milton, en octubre de 2024.

Sol Yucatán ha dado cuenta de ocho pescadores desaparecidos vinculados con las embarcaciones Halcón I y Peyucsa 12. Entre ellos estaba Lázaro Ezequiel Castellanos, de 20 años, quien fue localizado con vida, aferrado a una embarcación volcada, sin embargo, su cuerpo fue encontrado posteriormente en aguas de El Cuyo.

Tenía 20 años y estaba vivo cuando fue localizado. Esa circunstancia exige reconstruir con rigor lo que ocurrió antes de que su familia recibiera la noticia de su muerte.

Las advertencias, las llamadas de auxilio, las decisiones y los intentos de rescate deben conocerse. La investigación atribuye las fallas a falta de preparación y respuestas tardías. Determinar responsabilidades exige precisar la intervención de cada autoridad, incluida Procivy.

Hernández debe explicar qué información recibió la institución, cómo actuó y qué hizo para corregir las deficiencias señaladas. Los comunicados generales no responden a una familia que perdió a uno de los suyos.

Dos años después, esa tragedia sigue siendo una exigencia de cuentas para quienes tenían responsabilidades de prevención y respuesta.