Podredumbre en juzgados de Kanasín

Denuncian irregularidades del juez Luis Dorantes Canché

A las denuncias por insalubridad, falta de mantenimiento y condiciones indignas para la atención al público, se suman señalamientos por presuntas omisiones y decisiones que habrían afectado a mujeres y menores involucrados en procesos familiares.
Redacción/Sol Yucatán

KANASÍN, Yucatán.- Lo que debería ser un espacio para garantizar el acceso a la justicia se ha convertido, según denuncian usuarios, en un sitio marcado por la insalubridad, el abandono y una serie de cuestionamientos sobre el desempeño de las autoridades judiciales.

Ciudadanos que acuden al Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, aseguran que las condiciones en las que opera el inmueble son indignas para quienes diariamente acuden a resolver asuntos familiares, muchos de ellos relacionados con mujeres, menores de edad y conflictos de alta sensibilidad social.

De acuerdo con los testimonios recabados, la sala de espera presenta una situación que consideran inadmisible: perros permanecen de manera constante dentro de las instalaciones, dejando pelos sobre las bancas y generando malos olores que afectan a quienes pasan horas aguardando una audiencia o la atención de algún trámite.

A ello se suma, aseguran, la falta de limpieza en distintas áreas del edificio. Usuarios reportan basura acumulada, pisos sin barrer y espacios deteriorados, situación que contrasta con la imagen de una institución encargada de impartir justicia.

Uno de los reclamos más recurrentes tiene que ver con los sanitarios. Según los denunciantes, la mayoría se encuentran fuera de servicio y el único habilitado opera en condiciones precarias, con malos olores, falta de agua y ausencia de jabón, obligando a los ciudadanos a soportar condiciones que consideran humillantes.

Sin embargo, las críticas no se limitan al estado físico del inmueble.

Diversos usuarios han manifestado preocupación por presuntas irregularidades en la atención de procedimientos familiares, particularmente aquellos relacionados con mujeres e infancias. De acuerdo con las versiones expuestas, existirían obstáculos y retrasos que, afirman, afectan el acceso efectivo a la justicia en casos donde están involucrados derechos de menores y víctimas de violencia.

El órgano jurisdiccional se encuentra bajo la responsabilidad del juez Luis Fernando Dorantes Canché, quien también ha sido señalado públicamente en distintos casos por presuntas omisiones dentro de procesos familiares.

Uno de los casos que recientemente cobró relevancia fue el denunciado por Andrea Lizama, quien acusó públicamente presuntas omisiones judiciales durante un procedimiento familiar relacionado con su ex pareja, Celso “N”, persona vinculada a proceso por presuntos delitos sexuales contra una menor.

La denunciante afirmó que durante el desarrollo del caso existieron actuaciones que favorecieron a su agresor y aseguró que el juzgador no habría solicitado información relevante relacionada con los procesos penales abiertos contra el acusado.

Según su testimonio, el señalado enfrenta medidas cautelares, entre ellas el uso de un brazalete electrónico, además de antecedentes relacionados con presuntas amenazas y hechos de violencia familiar.

Andrea Lizama sostuvo que durante años ha buscado justicia para proteger a sus hijas y denunció lo que calificó como violencia institucional, al considerar que diversas instancias encargadas de proteger a mujeres y menores han sido omisas ante su situación.

A estos señalamientos se suman versiones de usuarios y personas vinculadas a procedimientos familiares que aseguran haber escuchado denuncias relacionadas con presunto acoso sexual y otras conductas atribuidas al titular del juzgado. No obstante, hasta el momento no se ha informado públicamente sobre resoluciones definitivas o investigaciones concluidas respecto a dichas acusaciones.

La situación ha generado inquietud entre usuarios y colectivos, quienes exigen la intervención del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán para revisar tanto las condiciones físicas del inmueble como la actuación de quienes tienen a su cargo la impartición de justicia.

Mientras las denuncias continúan acumulándose, ciudadanos cuestionan cómo una institución encargada de resolver conflictos familiares y proteger a los sectores más vulnerables puede operar entre instalaciones deterioradas, quejas constantes y señalamientos que aún esperan una respuesta oficial.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades del Poder Judicial de Yucatán no habían emitido un posicionamiento público sobre las denuncias relacionadas con el funcionamiento del juzgado ni respecto a los señalamientos dirigidos contra su titular.