Omisiones abren la puerta a la expansión de red de trata digital

Omisiones de Layda Sansores y Mara Lezama, red de trata digital “Packs de México”

• Pese a que Campeche y Quintana Roo acumulan el segundo y tercer lugar en víctimas dentro de la red «Packs de México», la inacción de sus fiscalías generales y la falta de carpetas judicializadas han permitido que este grupo delictivo se expanda con total impunidad hacia Veracruz, Tabasco y Chiapas. Yucatán no es la excepción.

Por Claudia V. Arriaga Durán.

3 mil 539 es el número de mujeres que son víctimas de trata de personas en la modalidad de pornografía en el sitio web Packs de México. Son comercializadas y exhibidas en internet ante la mirada de miles de personas que pueden disponer de sus cuerpos e intimidad pagando membresías de 150 a 1 mil 500 pesos por mes. Un delito que no está oculto, pero sí invisibilizado por las fiscalías de Campeche y Quintana Roo.

Hasta hace cuatro años, 2022, esta red de trata de personas solo tenía alcance en los estados de la Península de Yucatán: Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Hoy, la falta de acciones para desarticular la red de trata tiene como consecuencia la expansión del grupo delictivo a otros estados del sur de México como Veracruz, Tabasco y Chiapas. Las víctimas de las violaciones a sus cuerpos en internet son mujeres de seis estados del país.

Quintana Roo: Opacidad constitucional y 717 víctimas

Preocupa el no reconocimiento de las fiscalías para, en casos como el de Quintana Roo, negarse a proporcionar el número de denuncias contra este sitio web y por los delitos relacionados con la violencia digital. La excusa para no entregar los datos fue que la Unidad de Transparencia, de la FGE, solo procesa la información de acuerdo a sus obligaciones con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En pocas palabras, no trabajan en cumplimiento del artículo 6 de la Constitución de México, que garantiza el acceso a la información, ni de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), que reglamenta dicho artículo.

El gobierno de Quintana Roo encabezado por la morenista María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, conocida como Mara Lezama, no garantiza ni transparencia, ni protección a las víctimas de la red de trata Packs de México.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo se rehusó a indagar, clasificar y entregar el número de denuncias contra la web, pese a que esa entidad ocupa el tercer sitio de explotación sexual con los contenidos íntimos de 717 mujeres.

Campeche: 744 víctimas y cero carpetas judicializadas

En Campeche, cuyo gobierno estatal es encabezado por la morenista Layda Sansores San Román, la respuesta en específico al número de denuncias contra el mismo portal web fue la misma que Quintana Roo. Sin embargo, sí proporcionaron las cifras de las denuncias por el delito de violación a la intimidad sexual.

Esta falta se legisló y agregó al Código Penal del Estado de Campeche en el 2020. De 2021 a enero de 2026, según lo que refirió la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), se han iniciado 270 carpetas de investigación. Entre 2022 y 2024 se concentró el mayor número de denuncias y en 2021, el menor número de casos con 10.

Campeche es el segundo estado de la Península de Yucatán que acumula el mayor número de mujeres víctimas de trata en la modalidad de pornografía, con 744. Además, sobresale que, aunque la FGECAM dijo no poder proporcionar el número de denuncias contra Packs de México, sí respondió que ninguna carpeta ha sido judicializada. En contraparte, el Tribunal Superior de Justicia de Campeche evitó responder si existían sentencias contra el portal.

Yucatán: El epicentro de la explotación y la simulación institucional

Yucatán es el estado de la Península de Yucatán con el mayor número de mujeres comercializadas por este portal de internet. Aquí 1 mil 823 mujeres son comercializadas a diario en la página web. En ese sentido, este fue el único estado de la región que sí entregó el número de carpetas de investigación en contra de la presunta red de trata digital.

Montse se dedica a la defensa contra la violencia digital, ya que ella misma fue víctima de dicho delito, pero en otras circunstancias. Reprochó la inacción de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que en más de cinco años nada ha hecho por proteger a las mujeres que son explotadas sexualmente vía digital.

“¿Cuál es su prioridad? No puede ser que continúen con la mentalidad de que, como no hay un golpe físico, no es prioridad. ¿Cuántos casos hay sin resolver de esta violencia? Me queda claro que no tienen los medios necesarios, aunque digan que invierten en el área digital. La realidad es que las personas que están en la fiscalía no están capacitadas. No pueden bajar la información y es alarmante que no tengan claras las cifras”, expuso.

En respuesta a una solicitud de información, la FGE de Yucatán dio a conocer que de 2024 a lo que va de 2026 no se han recibido denuncias en contra de Packs de México. Lo que llama la atención, ya que de 2018 a 2024 se recibieron 151 denuncias de mujeres, entre estas de menores de edad, cuyos cuerpos continúan siendo puestos a la venta con impunidad.

“Es una realidad que existe una protección, eso lleva a los agresores a articular, por lo que será difícil de detener, aun cuando la fiscalía presume de seguridad para las víctimas”, sentenció.

Consecuencias de la impunidad: expansión del delito

El sitio web no solo promociona la comercialización de los contenidos íntimos de miles de mujeres de los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Veracruz, sino que también presume que acepta pagos con criptomonedas. Aunque en México el pago con este medio no ha sido prohibido, sí existe una regulación del Banco de México y también una obligación de registrar su valor ante el SAT. En consecuencia, las autoridades federales y locales podrían seguir el rastro del dinero para desarticular la red de trata.

En su sitio web, las personas operadoras del portal de internet presumen que actualmente publican 40 contenidos íntimos (fotografías y videos) al mes: 10 mujeres nuevas son agregadas al catálogo de víctimas de trata de personas de manera mensual.

La falta de una estrategia interestatal y la desconexión entre las fiscalías del sur-sureste mexicano permiten que un delito tipificado opere con la estructura y la certidumbre de una empresa legítima.

Mientras el catálogo de víctimas crece a un ritmo de dos dígitos cada mes, las respuestas institucionales se limitan a evasivas burocráticas o carpetas archivadas. Esta parálisis no solo normaliza la explotación digital en estados como Quintana Roo y Campeche, sino que envía un mensaje de total permisividad para los agresores, quienes encuentran en la omisión gubernamental de Layda Sansores y Mara Lezama el escenario ideal para mudar y expandir sus operaciones sin temor a repercusiones legales.

El panorama para las más de 3 mil 500 mujeres expuestas en «Packs de México» evidencia que la violencia digital no se detiene con reformas legislativas de aparador si no existen fiscalías dispuestas a operarlas. La resistencia de las autoridades a investigar los flujos financieros de las membresías y la opacidad constitucional para reconocer las denuncias consolidan un estado de desprotección sistémica.

Sin una ruta de judicialización efectiva y un verdadero trabajo de inteligencia cibernética, el sur del país se encamina a convertirse en un territorio donde la intimidad de las mujeres se compra y se vende bajo el amparo de la simulación institucional.