Nuevos funcionarios terratenientes

• Con un rancho de más de 16 hectáreas adquirido a un precio atípico y propiedades en zonas de alta plusvalía, Lila Frías Castillo, titular de la SEPASY, encarna el perfil de los nuevos funcionarios terratenientes.

• El dato más llamativo no es únicamente la extensión del terreno, sino el valor declarado en la operación: apenas 13 mil pesos.

• Su portafolio inmobiliario incluye al menos otras tres propiedades en zonas urbanas y costeras del estado.

Redacción/Sol Yucatán

La titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables del Gobierno de Yucatán acumula propiedades en zonas estratégicas del estado, incluyendo un rancho de más de 16 hectáreas, mientras su cercanía con el poder político abre interrogantes sobre la relación entre función pública y patrimonio.

En el mapa del poder en Yucatán, cada vez es más evidente la presencia de funcionarios que no solo administran sectores productivos, sino que también participan, directa o indirectamente, en ellos. Ese es el caso de Lila Rosa Frías Castillo, actual titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables (SEPASY), quien no solo encabeza la política pública del sector pesquero, sino que también figura como propietaria de un rancho de más de 16 hectáreas en una zona rural del estado.

Los documentos del Registro Público de la Propiedad permiten reconstruir parte de su trayectoria patrimonial. En 2015, Frías Castillo adquirió un predio rústico ubicado en el municipio de Hocabá, con una extensión de 16 hectáreas. Se trata de un terreno con características propias de uso productivo rural, cuya ubicación y dimensiones lo colocan dentro de la lógica de unidades de producción agrícola o ganadera de mediana escala.

El dato más llamativo no es únicamente la extensión del terreno, sino el valor declarado en la operación: apenas 13 mil pesos. Una cifra que, en términos de mercado, resulta atípica incluso para terrenos de baja productividad. Este diferencial abre una línea de análisis sobre posibles subvaluaciones en la operación o condiciones preferenciales de compra, prácticas que, si bien no son ilegales por sí mismas, sí generan cuestionamientos cuando se trata de servidores públicos.

El rancho, por su naturaleza, no es un activo pasivo. Se trata de tierra con vocación productiva en una región donde la actividad agrícola y ganadera forma parte del tejido económico local. Esto coloca a la funcionaria en una posición dual: por un lado, como autoridad encargada de diseñar e implementar políticas para el sector primario; por otro, como propietaria de un activo que podría beneficiarse, directa o indirectamente, de esas mismas políticas.

Pero el patrimonio de Frías Castillo no se limita al ámbito rural. Su portafolio inmobiliario incluye al menos otras tres propiedades en zonas urbanas y costeras del estado. Una de ellas se encuentra en la colonia Nueva Yucalpetén, en Progreso, adquirida en 2013 por 800 mil pesos, la cual posteriormente fue objeto de un financiamiento que terminó siendo liquidado en su totalidad en 2021.

A este inmueble se suma una propiedad de carácter familiar, también en el puerto de Progreso, que ha sido objeto de distintos movimientos legales a lo largo del tiempo, incluyendo adjudicaciones por herencia, donaciones y cancelaciones de usufructo entre miembros de la familia Frías Castillo. Este tipo de operaciones, comunes en procesos sucesorios, ha permitido la consolidación progresiva de la propiedad en manos de los herederos.

El crecimiento patrimonial se extiende hacia Mérida, donde en 2021 adquirió un predio en la colonia Real Montejo, una zona de creciente plusvalía en el norte de la ciudad. El inmueble fue adquirido por 1 millón 950 mil pesos y financiado mediante un crédito hipotecario a largo plazo con una institución bancaria. Este tipo de operaciones refleja acceso a financiamiento formal y una inserción en el mercado inmobiliario urbano de nivel medio-alto.

En conjunto, estos activos configuran un patrimonio diversificado que abarca tanto bienes urbanos como rurales, con presencia en zonas costeras, residenciales y productivas. Estimaciones conservadoras ubican el valor total de estas propiedades en un rango que puede oscilar entre los 6 y 11 millones de pesos, dependiendo de la plusvalía actual de cada zona.

Este crecimiento patrimonial coincide con la evolución de su carrera política. Proveniente del ámbito legislativo, donde se desempeñó como diputada local, Frías Castillo forma parte de una generación de cuadros políticos que han logrado transitar entre distintas fuerzas y posiciones de poder. En la actualidad, su cercanía con Joaquín Díaz Mena la coloca dentro del núcleo de confianza del gobierno estatal.

Es precisamente esa cercanía la que añade un elemento adicional al análisis. La integración de perfiles políticos en áreas estratégicas del gobierno, combinada con la posesión de activos en sectores productivos, plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés o, al menos, sobre la necesidad de mecanismos más robustos de transparencia.

En el caso de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, la titular tiene bajo su responsabilidad la administración de programas de apoyo, subsidios y políticas públicas dirigidas a sectores productivos. Aunque su rancho se ubica en el ámbito agrícola y ganadero, y no directamente en el pesquero, la pertenencia al mismo ecosistema rural plantea preguntas sobre la interacción entre su función pública y sus intereses patrimoniales.

La situación no implica, por sí misma, una irregularidad comprobada. Sin embargo, en contextos donde la confianza pública en las instituciones depende cada vez más de la transparencia, la acumulación de patrimonio en sectores vinculados a la actividad gubernamental se convierte en un tema de interés legítimo.

Así, el caso de Lila Frías no es aislado. Forma parte de una tendencia más amplia en la política local, donde la línea entre lo público y lo privado se vuelve cada vez más difusa. Funcionarios que diseñan políticas para el campo mientras poseen tierras productivas; operadores políticos que acceden a propiedades en zonas de alta plusvalía; estructuras de poder que se reflejan no solo en cargos, sino también en activos.

En ese escenario, el rancho de 16 hectáreas en Hocabá deja de ser solo un dato patrimonial para convertirse en un símbolo. Un punto de partida para cuestionar cómo se construyen las fortunas dentro del poder y qué mecanismos existen, o deberían existir, para garantizar que el ejercicio del servicio público no se traduzca en beneficios privados.

Porque en Yucatán, como en muchas otras regiones del país, la tierra sigue siendo poder. Y quienes la poseen, desde el gobierno, tienen la responsabilidad de explicar no solo cómo la administran, sino también cómo la adquirieron.