Nadie da la cara

Escándalo por medicinas falsas

• La falta de postura del gobierno estatal agrava la incertidumbre mientras crecen las dudas sobre la seguridad de los tratamientos médicos.

Redacción/Sol Yucatán

A varios días de que estallara el caso por la presunta aplicación de medicamentos falsificados en hospitales públicos, el Gobierno de Yucatán mantiene una postura que, lejos de tranquilizar, incrementa la incertidumbre. Mientras crecen las dudas entre la población sobre la seguridad de los tratamientos médicos, el gobernador Joaquín Díaz Mena no ha fijado una posición clara frente a un tema que toca directamente la vida de los pacientes.

El caso no es menor. Yucatán se convirtió en punto central de una investigación tras detectarse que un paciente oncológico habría recibido un medicamento apócrifo en el hospital “Elvia Carrillo Puerto” del ISSSTE. La denuncia, impulsada por el propio afectado, Francisco Chávez Valle, destapó una posible red de distribución irregular que no solo involucra a la entidad, sino que apunta a instituciones federales como el IMSS, Sedena y la Secretaría de Salud.

En medio de este escenario, la falta de información oficial ha dejado a los usuarios del sistema de salud en una posición de incertidumbre. La pregunta es directa: si ya se confirmó la circulación de medicamentos falsificados, ¿qué garantías existen de que los tratamientos actuales son seguros? Hasta ahora, no hay una respuesta contundente desde el ámbito estatal.

El problema, además, no surgió de la nada. Desde 2022 existían alertas por parte de Cofepris sobre la falsificación de medicamentos, sin que se lograra frenar su distribución. En Yucatán, incluso hay versiones de otros posibles casos similares, lo que refuerza la sospecha de que no se trata de un hecho aislado, sino de una falla estructural en los controles de adquisición y suministro.

Ante la presión pública, se anunció un operativo de revisión en hospitales públicos y privados, así como en farmacias especializadas, con el objetivo de detectar medicamentos falsos. Sin embargo, estas acciones llegan después de que el problema ya alcanzó a pacientes, evidenciando una reacción tardía frente a un riesgo que llevaba tiempo latente.

El impacto del caso ya escaló al ámbito nacional. En el Congreso, el diputado Álvaro Cetina presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, con el fin de crear un sistema de trazabilidad que permita rastrear cada medicamento desde su origen hasta su aplicación. La propuesta también contempla sanciones contra proveedores y funcionarios que permitan la entrada de insumos falsificados al sistema público.

Mientras tanto, en Yucatán la discusión política avanza sin que exista una postura firme desde el Ejecutivo estatal. En el Congreso local, el tema ha sido utilizado en confrontaciones discursivas, pero sin acciones concretas que obliguen a esclarecer lo ocurrido.

El resultado es un vacío que golpea directamente a los pacientes. Porque cuando la duda no es si hay medicamentos, sino si estos son auténticos, el problema deja de ser administrativo y se convierte en una amenaza real para la vida. En ese contexto, cada día sin respuestas amplía la desconfianza en un sistema de salud que hoy está bajo cuestionamiento.